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    Sin acuerdo para aprobar norma que prohíba el cambio de partido a senadores y diputados; hay dudas sobre su constitucionalidad

    En casi 100 años de historia parlamentaria, pasaron miles de personas por el Senado y Diputados. Y solo en 40 casos los legisladores que fueron electos por un partido se cambiaron de bando, según una investigación del politólogo Oscar Bottinelli. Fueron famosos los casos de los cinco colorados que se fueron para fundar el Frente Amplio en 1971 o los doce que rompieron con la coalición de izquierda en 1989 para conformar el Partido por el Gobierno del Pueblo.

    Si bien no es un fenómeno común, desde el Frente Amplio se busca poner un freno al “transfuguismo”, estableciendo que las bancas son de los partidos y no de las personas. El tema está a estudio en una comisión especial del Senado y lejos está de que genere unanimidades.

    El Partido Independiente fue el más categórico hasta ahora: está en contra de esa tesis y entiende que las bancas son de las personas. Además advierte que la iniciativa presenta problemas de constitucionalidad.

    La propuesta también genera dudas en el Partido Colorado. “Puede tener sentido estudiar esto, pero hay que ver que la norma no sea inconstitucional y se pueda aplicar”, dijo el secretario general Adrián Peña, que ayer miércoles fue a la comisión especial del Senado a dar su visión, al igual que las autoridades del Partido Independiente. Peña señaló además que el tema aún no fue analizado por los organismos de conducción colorados.

    En el Partido Nacional hay una visión a favor de que las bancas sean de los partidos y no de las personas, pero hay dudas respecto a cómo se aplicaría la iniciativa. “¿Cómo se obligaría a la persona a que devuelva la banca?”, se preguntó el senador Luis Alberto Heber. Su par, Carlos Camy, dijo que viene trabajando para una solución en este tema pero no se mostró convencido con la propuesta del Frente Amplio.

    El proyecto oficialista establece que los senadores y diputados electos “no podrán abandonar el lema partidario” por el que ingresen al Poder Legislativo. Además, se propone que las autoridades de los partidos puedan “denunciar” ante las Cámaras respectivas a los legisladores que incurran en las conductas previstas en el artículo 115 de la Constitución o que violen la prohibición dispuesta en el proyecto de ley. El artículo 115 establece la posibilidad de remover de sus cargos a los legisladores por imposibilidad física o incapacidad mental o por actos de conducta que le “hicieran indigno de su cargo”.

    A fines de mayo, el integrante de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, Ruben Correa Freitas, expresó reparos al proyecto al concurrir a la comisión.

    “Una primera interpretación que podríamos hacer es que la titularidad de la banca le pertenece al lema o partido político. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, al establecer el sistema de representación proporcional, les adjudica a los partidos políticos, a los lemas partidarios, la cantidad de bancas de senadores y de representaciones nacionales en función estrictamente de los votos obtenidos por cada partido político”, dijo. “Sin embargo, como en todos los temas jurídicos, también podemos entender que la titularidad le puede pertenecer al legislador, sobre todo en el caso de los representantes nacionales. (...) Como todos sabemos, los diputados representan a los departamentos e indudablemente allí hay una vinculación mucho más estrecha entre el legislador electo y la ciudadanía que lo elige”, aclaró.

    En cuanto a la prohibición de abandonar un partido, Correa Freitas opinó que esta medida “viola el principio de libertad”.

    Agregó que el tema de la titularidad de la banca es un asunto que debería estar definido por la Constitución.

    “Entonces, con el mayor respeto, creo que, más allá del enojo político que pueda generar el hecho de que un legislador, senador o representante, abandone un partido político para incorporarse a otro o para declararse independiente, no podemos considerar que su conducta sea indigna de ocupar el cargo porque, realmente, es un problema político, un problema ético-partidario. Se juzgará políticamente, pero no creo —lo digo con el mayor respeto— que se trate de un tema de indignidad”, afirmó el experto.