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“Un Estado moderno requiere un control creíble y ágil, que contribuya a mejorar la implementación de las políticas públicas y la integridad del gasto público. La función del control externo e independiente es particularmente importante para restablecer la confianza en el Estado en un contexto de deslegitimación de las instituciones debido a los escándalos de corrupción que azotan la región”, sostiene Carlos Santiso, jefe de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el prólogo de un estudio sobre “auditorías de desempeño” en América Latina fechado este mes. Y explica que, en este contexto, las “entidades fiscalizadoras superiores” juegan un papel fundamental en la recuperación de la confianza. Su principal tarea es el control gubernamental, a través de acciones de auditoría del gobierno según lo definido en la Constitución y legislación de cada país.
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Se trata, dicen los autores, de una tendencia que se va expandiendo en varios países desarrollados y también en la región, lo que intentaron evaluar a partir de un cuestionario. A Uruguay lo cuentan entre los tres (de 26 miembros del BID encuestados) que no contestaron, ya que su respuesta fue que no implementa auditorías de desempeño “sin brindar información adicional”.