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    Sin espacio para la demora

    N° 1937 - 28 de Setiembre al 04 de Octubre de 2017

    Esta semana se conocieron los resultados del Reporte Global de Competitividad (RCG) para el período 2017-2018 que elabora el Foro Económico Mundial (FEM), que mostraron que Uruguay retrocedió tres lugares, hasta ubicarse en el puesto 76 entre 137 países.

    Con un puntaje de 4,15 (en una escala que va de 1 a 7), nuestro país se encuentra octavo en la región de América Latina y el Caribe, y por encima de nuestros socios del Mercosur, ya que Brasil, Argentina y Paraguay se ubicaron respectivamente en los puestos 80, 92 y 112. Vale la pena señalar que desde 2006 Uruguay está básicamente estancado en el puntaje absoluto que obtiene en el RCG, obteniendo un promedio de 4,10 puntos, lo que lo ha hecho oscilar entre las posiciones 60 y 80 del ranking.

    Según un informe de la consultora CPA-Ferrere a propósito del RCG, Uruguay se encuentra mejor que América Latina en la mayoría de los pilares (son 12 en total) definidos por el FEM, destacándose en Instituciones (puesto 34) y Preparación Tecnológica (puesto 36). En contrapartida, aquellas áreas en las que nos encontramos más rezagados incluyen Tamaño de Mercado (89 en el mundo), Ambiente Macroeconómico (puesto 95 en el mundo) y Eficiencia del Mercado Laboral (lugar 121 entre los 137 países relevados).

    Para CPA-Ferrere, de acuerdo al empresariado que responde a la encuesta, los aspectos más problemáticos que se destacaron fueron la elevada carga fiscal, una burocracia estatal ineficiente, una normativa laboral restrictiva, una fuerza laboral inadecuadamente educada y un suministro inadecuado de infraestructura.

    Es interesante destacar que todos estos problemas de competitividad, así como el hecho de que prácticamente el país no haya podido avanzar en términos absolutos y relativos en los rankings globales de competitividad desde el 2006 a la fecha, se dan luego de un período de 15 años ininterrumpidos de crecimiento donde además hemos tenido en promedio el mejor contexto externo desde la década de los años 50, y donde además estamos en medio de una recuperación cíclica de actividad desde mediados del año pasado.

    El tema es que las causas profundas de los problemas de competitividad lamentablemente son estructurales, y van más allá de los ocasionales desfasajes entre la evolución del tipo de cambio y los precios y costos internos. La falta de encare de estos problemas estructurales (y la profundización de varios de ellos) es quizás de las peores herencias que dejarán las administraciones “progresistas” que han gobernado desde el 2005 a la fecha.

    En efecto, seguimos teniendo un problema de “tamaño de mercado” porque hemos seguido una equivocada política de inserción internacional, priorizando las “afinidades ideológicas” en lugar de la conveniencia económica de integrarnos firmemente al mundo. Así, seguimos atados a la región, sin ni siquiera tener acceso libre a los mercados de los países vecinos, que sistemáticamente han frenado los flujos comerciales con medidas administrativas.

    La irrefrenable compulsión a gastar que han mostrado los gobiernos desde el 2005 a la fecha es la responsable última del incesante aumento de la presión tributaria directa e indirecta que está soportando el sector privado, a pesar del aumento endógeno de la recaudación tributaria que generó el excepcional período de crecimiento económico que tuvimos durante los últimos 15 años. No solo se pulverizó un superávit primario de más de 4% del PBI que había a comienzos de 2005, sino que se gastó el aumento de la presión tributaria de la reforma del 2007, todos los sucesivos ajustes de impuestos y tarifas públicas, y el aumento de recursos generado por el crecimiento económico.

    Para peor, los resultados obtenidos por ese irrefrenable impulso a gastar han sido bastante pobres, y ello explica el debilitamiento que ha mostrado el pilar de Salud y Educación (en la última medición se pasó del puesto 56 al 70 en el mundo), la pobre capacitación que tiene la fuerza laboral y el déficit en infraestructura (ya que el gasto público se aplicó a aumentar la plantilla de funcionarios, sus remuneraciones, las jubilaciones y a transferencias pero no a inversión pública). No solo se gastó como si no hubiera un mañana, sino que se gastó sin pensar en obtener un retorno adecuado de ese gasto.

    El fuerte cambio en las “reglas de juego” en materia laboral impulsado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue bastante inocuo en la etapa de bonanza, donde el aumento del ingreso daba para repartir, pero ahora con otro contexto externo se ha transformado en un problema importante cuyos efectos se están observando con toda claridad en una economía que crece pero que no crea empleos.

    En última instancia, los problemas de competitividad que se reflejan en el último RGC no constituyen ninguna novedad. De hecho, si se analizan los temas que se han estado negociando con UPM para que se concrete eventualmente su inversión en una nueva planta de celulosa, están todos vinculados al deseo de la empresa de evitar dichos problemas (exoneraciones impositivas, “paz laboral”, inversión previa en infraestructura, etc.).

    Lo que pide UPM es lo que desesperadamente necesita el país para todas las empresas. Lamentablemente, es difícil que el actual gobierno, que no tomó medidas para potenciar la competitividad a largo plazo en la época de bonanza, vaya a hacerlo en lo que resta de su mandato, más allá de que el comienzo de solución de este problema no admite la menor demora.