Sin respiro a la vista

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un aumento global del gasto de unos U$S 172 millones para el año que viene. Ese aumento global del gasto contempla un incremento “real” de unos U$S 62 millones adicionales que se destinarían a la educación (U$S 50 millones para la ANEP y U$S 12 millones para la Universidad de la República), a los que se sumarán otros U$S 25 millones de gastos que fueron diferidos el año pasado. El gobierno asume que habrá gasto endógeno: unos U$S 100 millones de mayores transferencias a la seguridad social, U$S 90 millones para compensar la pérdida de ingresos por utilidades del BROU que ya no se podrán recibir, U$S 50 millones de mayores transferencias a la “Caja Militar”.

Parece claro que una reducción del gasto en términos absolutos, o tan siquiera su congelamiento en términos reales, no forma parte de la estrategia del gobierno, a pesar de las innumerables muestras de ineficiencia e ineficacia en su ejecución, tanto a nivel del gobierno central (donde basta ver el deterioro en la educación, la salud y la seguridad públicas a pesar de los aumentos presupuestarios aplicados en esas áreas desde el 2005 a la fecha), como de las empresas públicas (donde el caso paradigmático es el de Ancap, pero no el único).

Y sin control del gasto, el gobierno no tiene más remedio que seguir aumentando la presión impositiva formal e informal por la vía de las tarifas públicas, ya que la época dorada de alto crecimiento económico y por ende fuerte expansión “endógena” de la recaudación ha quedado definitivamente atrás. Esa ha sido la historia que hemos vivido del 2015 a la fecha, y la que continuaremos viviendo al menos hasta que eventualmente cambie el gobierno en marzo de 2020, por más de que cada vez resulta más difícil exprimir al sector privado, que enfrenta el nivel de presión impositiva más alto de la historia, a pesar de lo cual el déficit fiscal sigue entre 3% y 4% del Producto Bruto Interno (PBI).

La situación es harto complicada, porque muchas de las decisiones tomadas en el pasado generan un aumento casi que automático del gasto, independientemente de que se decida o quiera aplicar recursos a determinados sectores para intentar cumplir con los “compromisos programáticos”. Así, los sueldos de los casi 70.000 empleados que pasaron a engrosar la plantilla del Estado desde el 2005 a la fecha hay que continuarlos pagando, el déficit del Fonasa y las políticas “sociales” del Mides también. A su vez, la indexación de las pasividades hace que el gasto en seguridad social crezca endógenamente, el aumento del endeudamiento por el mayor déficit fiscal de los últimos años lleva a que los pagos de intereses también crezcan, etc.

A corto plazo, solo queda apelar a la suerte para intentar evitar que el problema fiscal se torne inmanejable. Y por fortuna seguimos “ligando”. El petróleo continúa bajando y ello ayuda a las finanzas de Ancap, las condiciones financieras internacionales siguen siendo extremadamente favorables como lo demostró la exitosa colocación esta semana de un bono en pesos nominales a cinco años de plazo por un equivalente de U$S 1.250 millones, y el “atraso cambiario” de Argentina nos ayuda en materia de nivel de actividad y mejora de la recaudación, así como de baja en la inflación.

Lo preocupante es que aunque nuevamente estamos recibiendo viento a favor, el déficit fiscal se mantiene por encima del 3% del PBI, a pesar de todos los miniajustes fiscales aplicados desde el 2015 a la fecha. Ello es un reflejo de lo problemático de la situación a mediano y largo plazo. Es que más allá del resultado de la actual Rendición de Cuentas, estructuralmente el problema fiscal subsiste, tanto en lo que tiene que ver con el tamaño que ha adquirido el gasto público, así como especialmente en relación a la eficiencia y eficacia en su ejecución, temas que son cruciales para mejorar la competitividad y productividad de la economía uruguaya. Menudo problema espera al próximo gobierno.