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    Sin saltar alambrados

    N° 1657 - 12 al 18 de Abril de 2012

    La voluntad expresada a mediados del mes pasado por todos los partidos en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, los argumentos que allí dio Jorge Díaz —desde esta semana el nuevo fiscal de Corte— y la histórica coincidencia de académicos, jueces y fiscales sobre la necesidad de reformar el Código del Proceso Penal (CPP), seguramente provocarán este año los primeros pasos para varios cambios de fondo.

    Para el pleno funcionamiento de un nuevo Código se requiere que el Ministerio Público (MP), del cual dependen los fiscales, se independice del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El Parlamento analiza un lúcido proyecto del senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay) para eliminar la dependencia jerárquica y pasar a un régimen de control administrativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el fiscal de Corte ejecutará más rápidamente sus decisiones —sólo recurribles por razones de legalidad y no de mérito—, que todos los funcionarios, salvo los fiscales letrados que requieren venia, sean designados por el jerarca, que este pueda realizar trasladados horizontales sin consultar al MEC y que el MP elabore su presupuesto acorde con sus necesidades.

    Díaz advirtió a los senadores: “si se piensa en dar autonomía y aprobar un nuevo CPP, pero no se van a otorgar los recursos necesarios, diré muchas gracias, pero no puedo aceptar esto”. Y tiene razón. Con los actuales recursos se produciría “su muerte por inanición”, dijo.

    Se mostró optimista en cuanto a que si el Estado tiene dificultades económicas se puedan obtener recursos de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos (OEA).

    El Código podría además implementarse gradualmente —como en Chile y Perú— con lo cual el desembolso de dinero también sería gradual. Esto permitiría que los fiscales evolucionaran con las nuevas normas a medida que avanzan en su carrera. Esa gradualidad ya la planteó como sugerencia la comisión de reforma; los especialistas estiman que el nuevo sistema no podrá funcionar en todo el país antes de transcurridos cinco años de su aprobación.

    En una línea similar a la del Senado —de no avalar designaciones por antigüedad a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo—, Díaz es partidario “de una gestión transparente y eficiente” de los recursos materiales y humanos. Pretende concursos abiertos de oposición y méritos para todas las funciones, incluso la de fiscal.

    Con ese mismo rumbo aspira a un mecanismo legal de evaluación permanente para traslados y ascensos, en el cual “la antigüedad no sea lo único que se evalúa”. Y aclaró: se debe considerar la antigüedad “pero por sí sola la única garantía que nos da es que pasa el tiempo y somos más viejos. No nos da garantía de eficacia y eficiencia (y) el concurso es un elemento esencial para el ingreso y el ascenso”. Como debe ser.

    Desde antes de comparecer ante la comisión existía preocupación de que se pretendiera impartir a los fiscales directivas de política criminal que pudieran afectar su independencia.

    “He escuchado disparates de todo tipo”, replicó Díaz al explicar cómo funcionan esas instrucciones en otros países para evitar diversidades de fondo. Citó como un ejemplo contradictorias opiniones locales sobre la legítima defensa. Aclaró que aun con una política criminal —sólo aplicable mediante una ley—, si para un fiscal hay pruebas o no, si acusa o pide el archivo, es “intocable” para cada magistrado. Vale decir, una absoluta independencia técnica.

    El fantasma del autoritario y despótico (por haber gobernado sin sujeción a las normas) ex fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, sobrevoló a la oposición y a colegas suyos que observan a Díaz con recelo.

    Eso surgió en la comisión cuando el senador blanco Gustavo Penadés recordó que Peri Valdez, más allá de eventuales buenas intenciones, no actuó dentro del marco de la Constitución y la ley. El senador de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry advirtió que la venia del Senado es “un voto de confianza” que se otorga en representación de los ciudadanos.

    Las respuestas de Díaz conformaron a la oposición para votarlo: se comprometió a una gestión transparente, a que su actuación sea avalada solo por leyes, destacó que la independencia del MP no significa ausencia de controles, que será exigente en el trabajo, que la dependencia a su cargo tiene que responder a una política de Estado y no de los gobiernos y que defenderá “la más absoluta libertad de expresión”.

    Seguramente con Peri Valdez en un rincón de su memoria, Díaz precisó: “Yo no salto porteras ni alambrados; (…) llevo 18 años como magistrado judicial, tarea para la que juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, y de eso no me pienso apartar”.

    El humorista uruguayo Arthur N. García, “Wimpi”, comentaba que “la vida es como la bicicleta: cuando no camina, se cae”. Si la bicicleta del MP camina con apoyo económico y dentro de la legalidad se hará realidad un deseo de “Wimpi” al terminar sus artículos: “¡Y que todo sea para bien!”.

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