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Eduardo Bonomi fue franco con los habitantes de San Luis cuando a comienzos de mes visitó el balneario para inaugurar un sistema de videovigilancia. “Se incorporó lo necesario y no alcanza; a pesar de los esfuerzos los problemas siguen”, se sinceró ante los vecinos que un año antes reclamaron personalmente por seguridad a uno de los propios, el presidente Tabaré Vázquez, quien tiene ahí una casa de verano. Bonomi admitió que a lo largo de este período el Ministerio del Interior instaló cámaras en todo el país, mejoró su sistema de comunicaciones, desarrolló un sistema de gestión para conectar en línea a todas las comisarías del país, y compró armamento y vehículos, pero los delitos igual aumentaron en 2018.
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Así como el ministro no relacionó el aumento del año pasado a un retroceso en el trabajo policial, tampoco las autoridades vinculan la baja actual de los delitos a ninguna iniciativa concreta. Fuentes de la cartera dijeron a Búsqueda que de enero a abril los homicidios bajaron más de 30% con respecto a 2018, con una disminución “semana a semana”. Según las cifras que maneja el ministerio, los hurtos también están descendiendo y “son menos de forma consolidada”. Las rapiñas, por su parte, no disminuyeron pero desaceleraron su crecimiento y están por debajo de los guarismos del año pasado.
Consultado por la tendencia, el director nacional de Policía Mario Layera señaló que “el factor policial no incidió” ni en la suba del 2018 ni en la baja de 2019. “Los controles de armas y las operaciones no han variado entre el año pasado y este. Hay que analizar si en el aumento incidió la aplicación del Código del Proceso Penal, y también en el descenso, producto de los ajustes que se le hicieron a esa norma en los últimos tiempos”.
Los datos cerrados de 2018 elaborados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad indican que los homicidios fueron 414 (un incremento del 45,8% respecto a 2017), de los cuales el 60% fue a causa de un “conflicto criminal”.
El ministerio atribuyó el fuerte incremento en homicidios, rapiñas y delitos que hubo en 2018 al período enero-julio, cuando el Código del Proceso Penal (CPP) estaba en funcionamiento pero sin los ajustes que luego se acordaron con la Fiscalía General de la Nación y fueron votados en agosto en el Parlamento: entre ellos la procedencia y requisitos para la prisión preventiva de personas, la suspensión de medidas cautelares, los regímenes para el procedimiento abreviado y la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada por la comisión, reiteración o reincidencia de delitos.
Los datos cerrados de 2018 elaborados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad indican que los homicidios fueron 414 (un incremento del 45,8% respecto a 2017), de los cuales el 60% fue a causa de un “conflicto criminal”, el término elegido por las autoridades para no describirlos como un ajuste de cuentas, ya que consideran que la motivación para esos asesinatos va más allá de esa posibilidad. “El aumento de los delitos el año pasado tiene diversos motivos, pero hay dos elementos importantes. Primero, el incremento inusual en el interior del país. El otro es que se dio otro pico alto del conflicto entre criminales”, dijo Layera.
Una de las principales hipótesis que maneja la cartera es que la aplicación del CPP implicó que en 2018 más presos recuperaran su libertad, por lo que el enfrentamiento entre criminales en las calles se pudo haber intensificado.
El jueves 16, Ricardo Daniel Pérez Rodríguez, un narcotraficante apodado el Kane, fue baleado en San Carlos, Maldonado, días después de ser liberado de prisión. El hecho determinó que desde el sábado 18 un contingente de la Dirección Nacional Guardia Republicana se instale en la ciudad para tareas de control vehicular y de personas en busca de drogas y armas. “Ocupamos la parte que tiene más concentración de delito, para hacer prevención y represión, y brindarles seguridad a los vecinos de San Carlos”, explicó el comandante mayor Gastón Sosa, jefe del operativo.
Acción o inacción
En la presentación de los datos del observatorio, Bonomi y Layera explicaron las medidas para mejorar el combate a la inseguridad, luego de la suba de 45,8% en homicidios, de 53,8% en rapiñas y de 25,6% en hurtos en comparación con 2017. Mencionaron la modificación del sistema de ingreso a la Policía, el incremento de ingresos a la Guardia Republicana, la expansión del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y las operaciones contra el intento de dominio territorial de grupos criminales, denominadas Mirador y realizadas en conjunto con otras dependencias públicas. Otras medidas incluyeron más operaciones de control a motos y vehículos en rutas nacionales, y el apoyo aéreo y de inteligencia en procedimientos contra grupos con alto poder armamentista.
Bonomi destacó muchas de estas tareas en abril, cuando anunció que el ministerio ya monitoreaba una tendencia a la baja de los homicidios cercana al 25%. Entrevistado por Radio Uruguay, dijo que el cambio en la forma de ingreso a la Policía aceleró las incorporaciones y permitió que por ejemplo entraran en un mes 459 policías, y que el refuerzo de la Guardia Republicana perfeccionó su capacidad de despliegue nacional para atender zonas críticas.
Aunque además destacó la praxis que se añadió al programa de educación policial —que permite a los futuros oficiales tener experiencia en la calle e integrarse inmediatamente a ese trabajo cuando se gradúan—, fue nuevamente enfático al asegurar que los comportamientos criminales son independientes de las medidas policiales. “Hay que tener en cuenta que la delincuencia aumenta porque aumenta la cantidad de gente que se vuelca a la delincuencia. Y eso tiene otras causas, no las van a encontrar en la acción o la inacción policial”.
