Un saludo y gracias,
Ramiro Gutiérrez
Montevideo, 2 de diciembre de 2016
Sr. Director,
Hoy 2 de diciembre a las 8:15 am era la fiesta de fin de cursos de 5º año de Primaria de la menor de mis cuatro hijos.
Ayer, a las 6 de la mañana, conversaba sobre ello con mi señora, pronto para salir a trabajar, cuando sonó el teléfono. Miré la pantalla y decía “Guardia de seguridad de CL”. Esas llamadas no presagian nada bueno. Atendí y, nervioso, el guardia me dice: “Entró acá una gente del sindicato con banderas y carteles y dicen que ocuparon la empresa”. Mientras hablaba con él, tenía en espera la llamada de un supervisor, a quien atendí, a la vez que esperaba en línea otro de los supervisores.
A todos les dije lo mismo: “No provoquen, ni reaccionen ante ninguna provocación si es que la hay. Estoy en camino”
A los 10’ estaba ahí, violando todas las normas de tránsito. Una locura.
El portón de acceso estaba cerrado, cubierto con banderas del PIT-CNT que decían “empresa ocupada”, “no a la rebaja salarial”, “trabajadores en conflicto” y, ya dentro del predio, se veía un gran movimiento de gente alegre y entusiasta, muchos de los cuales —imagino— se sentirían en Sierra Maestra.
Pido para hablar con el líder de la intrusión y se acerca un señor con una boina con imágenes del guerrillero-patricio argentino Ernesto “Che” Guevara de la Serna quien me dice: “esta planta está ocupada en el marco del Consejo de Salarios”.
Imaginé que esta situación, que por lo angustiante no se la deseo a nadie, se solucionaba rápido. Pensé: presentamos denuncia penal en la seccional —si tuviera el talento de Kid Gragea o de Darwin podría deleitar a los lectores narrando lo que fue esa experiencia—, el comisario informa al juez y este dispone la desocupación. En definitiva, el señor presidente de la República viaja por el mundo diciendo que somos serios y respetamos el derecho como arma fundamental para seducir inversores; por tanto, el Estado va a garantizar que ejerzamos los derechos fundamentales que viola flagrantemente una ocupación y máxime si esta se produce como herramienta de negociación en consejo de salarios.
¡Iluso yo!
La jueza actuante dictaminó que las autoridades legítimas de la empresa solo podríamos entrar a sacar medicamentos. Al ampliar hoy am la denuncia, la resolución fue aún más restrictiva. El dictamen no decía nada de la ocupación, ni de los ocupantes.
Sí, Sr. Director, mientras el Sr. Presidente de la República está invitando al capital extranjero a radicarse e invertir en el país, el PIT-CNT, el sector más poderoso e influyente del partido de gobierno y del país entero, utiliza la ocupación como mecanismo de presión en una negociación y el Estado mira para el costado.
Los dirigentes sindicales que lideraron la ilegal e ilegítima ocupación, con los que interactué en las 37 horas que la misma duró, saben perfectamente su rol. Son inteligentes, bien formados, tienen una gran capacidad para despersonalizar —con mucha soltura te dicen que no es contra vos, mientras te destruyen y lo saben—, elaboran un discurso de clase muy efectista y una oratoria encendida que despierta el aplauso fácil, saben cuándo jugar de “pesados” y cuándo resultar encantadores.
Son verdaderos profesionales en lo suyo y se saben los dueños del país.
Si bien viví estos días con mucho dolor, incertidumbre, desesperanza y frustración, no me enojé con los dirigentes sindicales, a la vez que quiero reconocer, Sr. Director, que los ocupantes, además de ilegítimos e ilegales, fueron en todo momento respetuosos tanto de las personas como de las instalaciones.
Siento, sí, que hacen un abuso extremo de su posición dominante y que más temprano que tarde se les volverá en contra ya que cada vez más personas, aun muchos que ven sus reivindicaciones con simpatía, entienden que el fin no justifica los medios.
Hacen lo que hacen, convencidos de que es bueno para quienes dicen defender, porque el Estado uruguayo renunció a aplicar la ley. Y si no hay ley, se sabe desde el principio de los tiempos, gana el más fuerte. El PIT-CNT es hoy la organización más poderosa del país y hace ostentación de esa fuerza sin límites cada vez que lo cree pertinente.
Ante el “garrafazo” del Estadio Centenario el Sr. Presidente entendió que se llegó a un límite y que algunas palabras que su fuerza política estigmatizó son imprescindibles para una convivencia civilizada en sociedad. Se animó a hablar de represión ante la delincuencia.
Creo, Sr. Director, que la ocupación —máxime en el Uruguay de hoy que cuenta con la complicidad del Estado, en algún caso por acción y en otros por omisión— como arma de negociación es un “garrafazo” a la inversión, al deseo de emprender, al crecimiento, al desarrollo, al empleo, a la integración de la sociedad… y que el Sr. Presidente debería tomar la decisión de ir a una reglamentación ampliamente garantista para todos los actores del derecho de huelga, o, como hipótesis de mínima, hacer cumplir sin más la normativa vigente.
No me siento un ciudadano muy ambicioso por pedirle al Sr. Presidente de la República que haga cumplir la ley. De verdad que no.
Nadie va a poder esbozar, ni remotamente, que el Dr. Vázquez es un “facho” o un “oligarca” o un “insensible con las causas populares”. No le calza ninguna de esas palabras/frases mágicas con las que se estigmatiza a todo aquel que va contra la cultura dominante.
El Uruguay debe dejar de ser una tierra en la que el PIT-CNT tiene el monopolio de los derechos y todos los demás tenemos solo obligaciones.
Escribo estas líneas cuatro horas después de finalizada la ocupación.
Mientras, mi señora me cuenta sobre la fiesta de fin de cursos de nuestra hija.
Me la perdí, Sr. Director, y eso es irrecuperable; no así el Estado de derecho cuya recuperación es impostergable y para lo cual solo se necesita la decidida voluntad de las autoridades legítimas de nuestro país encabezadas por el Sr. Presidente de la República.
Saludo al Sr. Director muy atentamente,
Ramiro Gutiérrez
CI 3.500-163-3
P.D.: leo en Búsqueda on-line una nota en la que se describe el status de la negociación que el gobierno lleva adelante con UPM para instalar su segunda planta en el Uruguay:
“….Uno de los puntos en los que hizo hincapié la empresa fue que el gobierno le asegure relaciones laborales sin conflictos. Quiere evitar que problemas sindicales atrasen la construcción de la planta industrial, y según dijeron dos fuentes del gobierno y una vinculada a UPM, solicitó un decreto “o proyecto de ley” que “garantice y evite” posibles ocupaciones. Vázquez transmitió que su gobierno se encargará de mantener las “reglas de juego claras”, pero que el proyecto se tiene que “ajustar a las normas laborales del país”…”
Se me ocurren cuatro posibilidades —seguro habrá muchas más:
1. El gobierno sigue sin cumplir la Constitución y la ley y es tolerante con las ocupaciones y desbordes de sus socios del PIT-CNT (la planta no se instala, el país pierde la mayor inversión de su historia, se confirma la deserción del Estado y los inversores del mundo, incluidos los uruguayos, buscarán certezas en otro lado).
2. El gobierno resuelve cumplir la Constitución y la ley. Desestimula las ocupaciones y desbordes sindicales y, si se producen, procede a desocupar —o poner límite al desborde que sea— de manera inmediata. Si esto pasa, la contribución de UPM al país será muchísimo más grande que los U$S 4.000 millones que planea invertir. Habrá logrado restituir el Estado de derecho en el Uruguay y será la plataforma de nuevas inversiones nacionales y extranjeras de calidad que generen trabajo y riqueza para los uruguayos.
3. El gobierno promete a UPM que cumplirá con la Constitución y la ley y una vez comenzada la obra cede nuevamente el poder al PIT-CNT y le permite todo para que siga con su acumulación de fuerza.
4. El gobierno garantiza el cumplimiento de la Constitución y la ley solo a UPM y hace que el Estado de derecho rija solo para la pastera…
Naturalmente, deseo fervientemente que el gobierno elija la opción dos, nadie nunca más en el Uruguay sufra una ocupación como arma de presión en una negociación y nunca más un empresario nacional y/o extranjero dude si invertir en el país porque no tiene la seguridad de que se cumpla con la Constitución y la ley.
Ramiro Gutiérrez
