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Desde octubre, cuando integrantes de la directiva de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap) se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou para analizar el problema de la falta de funcionarios en esa secretaría de Estado, sumada al retiro por causal jubilatoria y la no renovación de contratos, es “poco y nada” lo que se concretó en respuesta a esa situación.
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Esa es la “preocupación” que mantiene el sindicato, que advierte del “riesgo” que supone seguir sin resolver este asunto debido a la necesidad de asegurar los controles sanitarios y otros trámites para las exportaciones de productos del agro y también para su comercialización en el mercado local.
Así lo señaló a Búsqueda el presidente de Afgap, Luis Pedrini, quien valoró la decisión del mandatario en cuanto a exceptuar al MGAP de lo estipulado en el decreto 90/2020, que fijó un límite en la ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento.
Esa decisión fue determinada en una resolución en enero de este año, pero hasta el momento no se incorporó ningún funcionario, según Afgap.
Pedrini reclamó el cumplimiento del compromiso del Poder Ejecutivo y planteó que solamente se registra la contratación de “asesores o adscriptos”, que son cargos de confianza, en algunos casos hasta “tres contratados” para un jerarca.
Pero para reponer a los funcionarios que se jubilan o reforzar ciertas áreas “no se realizaron incorporaciones ni llamados públicos”, y “este año hay 80 funcionarios que se van a jubilar”, advirtió, y consideró que la situación es “cada vez más crítica”.
La secretaría de Estado cuenta con unos 545 funcionarios con causal jubilatoria y hay unos 1.045 empleados para abarcar todas las áreas de cobertura en el territorio, según datos del sindicato basados en información oficial.
En el caso de los controles correspondientes a la Dirección de Servicios Agrícolas respecto a la cadena granelera, como puede ser la de soja, solamente hay de seis a siete inspectores para un área de casi 1 millón de hectáreas plantadas, indicó el titular de Afgap.
El cultivo de soja es el principal producto agrícola de Uruguay debido a la extensión que ocupa y al monto de exportaciones que genera cada año. En la presente zafra hay expectativas respecto a que la producción sojera registre un récord en ingresos, considerando la valorización del grano en el mercado, algo más de US$ 600 la tonelada.
Pedrini recordó que Lacalle Pou se mostró preocupado por los casos de suspensiones de frigoríficos para exportar carne a China debido a errores en los etiquetados, entre otras situaciones.
Por eso es que, con el objetivo de reforzar las inspecciones sanitarias en el proceso de producción de alimentos, el gobierno resolvió flexibilizar las restricciones al ingreso de nuevos funcionarios. Pero lo concreto es que “hoy no ha cambiado nada” y el ministerio “sigue igual que hace seis meses” en ese tema, se lamentó.
Inestabilidad laboral
Actualmente, hay unos 160 funcionarios contratados que desempeñan funciones en diferentes áreas de Ganadería, como la Unidad de Gestión de Proyectos, el Sistema Nacional de Información Ganadera, la Dirección de Desarrollo Rural, la Unidad de Comunicación, entre otras.
Las contrataciones se realizaron en años anteriores en la implementación de programas con financiamiento externo, específicamente del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Uno de los proyectos que produjo las contrataciones fue el denominado Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático.
“Hay una redefinición” del MGAP en cuanto a “de dónde obtener rubros”, y “lo hizo mediante el BM, lo que le llevó a rearmar todo el proyecto nuevamente”, comentó Pedrini.
A fines de noviembre de 2021 ese organismo internacional de financiamiento aprobó un préstamo de US$ 35,5 al gobierno uruguayo. El objetivo es el desarrollo de un proyecto de sistemas de información que permitan a productores y ejecutores de las políticas públicas anticipar medidas de resiliencia frente al cambio climático y acompañar el impulso de los sistemas agroecológicos, según un comunicado del BM.
El dirigente sindical reconoció que en un encuentro realizado el viernes 4 con la Dirección General del MGAP hubo un compromiso de realizar los pagos de “sueldos correspondientes a enero y febrero” a los funcionarios contratados “a fines de la próxima semana”.
Esas dificultades no son nuevas, ya que el año pasado se registraron otras demoras en el pago de los sueldos, como por ejemplo los correspondientes a octubre, que se pagaron cerca de las fiestas de fin de año, recordó.
A modo de ejemplo, Pedrini dijo que cerca del “50% de los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Rural son contratados”, por lo que la demora en el pago de sueldos y la no renovación de contratos provocan “inestabilidad”.
Otra situación que es cuestionada por Afgap es la menor participación de los funcionarios de Desarrollo Rural en las tareas correspondientes al MGAP en el territorio debido a que la actual administración priorizó la canalización de los apoyos a productores y otras acciones mediante las intendencias departamentales, según el presidente del sindicato.
Afirmó a su vez que si hay alguna tarea de esa área “ni siquiera se envía al director regional” de esa unidad ejecutora, sino que “va el director de Desarrollo Rural (Carlos Rydström) o la subdirectora (Mercedes Antía)”.
