Sintonía entre el gobierno electo y los organismos multilaterales de crédito; diseñan fondo de infraestructura con aportes de las AFAP

El diálogo, a puertas cerradas, se efectuó el jueves 12 en los salones del complejo Punta Cala, al lado del Parque Roosevelt. Es una instancia habitual con los cambios de gobierno, como preámbulo a las negociaciones de los programas de crédito, pero esta vez, a pedido de las autoridades uruguayas, en lugar de hacer encuentros por separado con cada organismo, se realizó uno conjunto.

El gobierno electo estuvo en pleno. Tabaré Vázquez, el futuro presidente, participó al principio del encuentro y se sentó entre su vice, Raúl Sendic, y el designado ministro de Economía, Danilo Astori. Asistió todo el gabinete ministerial y la mayoría de los subsecretarios.

Los lineamientos

Vázquez repasó los lineamientos generales del programa del Frente Amplio para el período que comenzará el domingo 1º de marzo y mencionó las áreas prioritarias, un discurso que los representantes de los organismos ya conocen desde la campaña electoral. Habló de reforzar la educación, de mejorar la infraestructura, de poner el país en un nivel de crecimiento mayor, y de manejar las finanzas públicas con “austeridad” y “transparencia”.

El presidente electo también puso énfasis en su intención de establecer una mesa de diálogo con amplios sectores para llegar a un contrato social en torno a políticas de largo plazo. Y convocó a los organismos a colaborar con su administración en todos los temas, no solo con plata, relataron a Búsqueda asistentes a la reunión.

Astori también tuvo una intervención introductoria.

Luego, según la dinámica propuesta por el gobierno, a través de un vocero designado, el BID, el BM y la CAF presentaron en conjunto diagnósticos y propuestas —en áreas como la educación, la competitividad, la infraestructura y la inclusión social— que sus equipos venían preparando desde diciembre. Sin embargo, los organismos ven las cosas con matices.

Después de cada presentación intervinieron los ministros u otros jerarcas designados de los sectores aludidos. Sin entrar en debate, hicieron comentarios Astori, Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas), Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería), Liliám Kechichián (Turismo), Marina Arismendi (Desarrollo Social), Jorge Basso (Salud Pública) y Álvaro García (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), entre otros.

Almorzaron lomo con papas y un crumble de manzanas de postre. Durante la reunión se sirvió café y masas, y varios de los futuros gobernantes tomaron mate.

El “éxito” y los desafíos

En la presentación más global, sobre los “desafíos del desarrollo”, el BM, el BID y la CAF hicieron un repaso de la evolución reciente de algunos indicadores económicos y sociales del país. Y destacaron lo que a su entender es una “historia de éxito” en varias dimensiones.

El Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento “récord” en el período 2004-2014, de 5,1% en promedio, frente a un 2,5% si se mide desde 1960. Además, la tasa de inversión pasó de representar 16% a 24% del PBI.

Hubo un aumento “significativo” en la productividad derivado de una diversificación que incorporó actividades de mayor valor agregado.

La proporción de la población en situación de pobreza bajó a 10,6% en 2014, un nivel “aún menor que los niveles pre-crisis del 2002-2003”. La desigualdad disminuyó a cifras similares a las de comienzos de los años noventa. Y la clase media pasó a representar 68% de la sociedad uruguaya, lo que la hace la más amplia de América Latina.

En base al cálculo del llamado índice de “vientos globales” elaborado por el BID, los organismos afirmaron que el contexto internacional explicó parte del crecimiento económico de Uruguay en los últimos años. ¿Son sostenibles estos resultados en un escenario menos favorable?, plantearon luego.

Por un lado señalaron que la debilidad en Argentina, Brasil y otros socios comerciales, sumado a tasas de interés más altas en el mundo, desalentará la entrada de capitales al país, y provocará además, un incremento en el costo de financiamiento y un retroceso de la inversión.

Por otro, la caída del precio de los commodities desestimularía la inversión en sectores intensivos en recursos naturales, reduciría la inversión pública y afectaría el financiamiento de programas de transferencias sociales. También impactaría sobre el sector de los servicios, así como en la productividad y en el empleo rural.

Después los organismos plantearon su visión de cómo hacer para que, aun sin viento a favor desde afuera, la economía uruguaya siga creciendo y, al mismo tiempo, que mejoren los niveles de inclusión social. Y aconsejaron mejorar el acceso y la calidad de la educación, hacer reformas que alienten la competencia, de modo de seguir incrementando la productividad de los factores, e invertir en infraestructura de transporte para favorecer la competitividad (ver nota en primera página).

Desde algunos organismos se entiende que abrir el capital de las empresas estatales es un camino a seguir. Cosse, la actual titular de Antel y futura ministra de Industria, intervino para sugerir a las delegaciones de los organismos que “conozcan la historia” de Uruguay, de acuerdo al relato de otra fuente.

Paralelamente, los tres organismos financieros advirtieron que el país se enfrenta al reto de mantener el “modelo de bienestar social”. En ese plano indicaron que se debe reducir aún más la desigualdad, continuar ampliando la clase media y mejorar las oportunidades de empleo para los grupos vulnerables. Estiman que si Uruguay consigue altos niveles de crecimiento económico y de inclusión, la población pobre podría reducirse a aproximadamente 2,5% en 2023.

“Fue una reunión muy franca, honesta y abierta. Tienen una visión muy clara de lo que quieren hacer con el país” y hay “bastantes puntos de coincidencia en los pasos a seguir”, declaró a Búsqueda el director del BM para Argentina, Uruguay y Paraguay. “Valoramos tener la posibilidad de opinar y discutir abiertamente”, insistió.

Fondo para obras

Se trabajó en un clima distendido. Para todos estaba claro que no era el propósito de la reunión alcanzar acuerdos ni definir programas concretos. Eso se resolverá en diálogos bilaterales con cada organismo, que el nuevo Ministerio de Economía empezará a programar en algunas semanas con la intención de tener claro cuánto dinero podrían recibir para preparar el próximo proyecto de Presupuesto quinquenal.

Las cifras que manejaron los representantes de los organismos sobre posible financiamiento para el quinquenio son los máximos que puede recibir el país como socio. Por ejemplo, del BID son unos U$S 1.600 millones y llegan a U$S 2.000 millones en el caso de la CAF, incluyendo el apoyo de proyectos del sector privado. Pero el gobierno puede pedir menos.

Complementariamente, se prevé buscar mecanismos de financiamiento que no presionen sobre los niveles de endeudamiento, ya que se entiende que a Uruguay le queda “poco margen para hacer crecer su deuda”, dijo una fuente de los organismos. En esa línea, se discute conformar un fondo de infraestructura —por U$S 500 millones, según los primeros números manejados— con aportes de la CAF y de las AFAP para financiar planes en esa área. Tomaría la figura de un fideicomiso gestionado por una administradora ligada a dicho banco regional.

Desde el BM se ofreció “no solamente apoyo financiero sino también analítico”, explicó Hentschel. En materia de fondeo para el país, destacó que se trabaja en “algunos instrumentos innovadores” para el organismo que operan como “seguros contra riesgos a nivel micro y macro”, frente a fenómenos como una sequía.

De los U$S 33.465 millones a que ascendía la deuda pública de Uruguay al cierre de setiembre pasado, unos U$S 3.200 millones eran préstamos otorgados por multilaterales.