Hace un año el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) estaba en un momento clave para terminar con los hacinamientos. Con el compromiso de todos los partidos —logrado varios meses antes—, el organismo concretaba la construcción y refacción de algunos centros para contener a los adolescentes, para lo que había destinado una inversión de $ 300 millones (unos U$S 15 millones). Pero con la discusión presupuestal en el Parlamento, el organismo pidió más dinero para nuevas obras y reparar algunos centros recién construidos. Y para ello se necesitarán unos U$S 20 millones, algo que a la oposición no le cierra del todo.
Más personal (340 empleados en dos años) y un nuevo centro de reclusión son algunos de los planteos que el Sirpa realizó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados el jueves 10.
Desde el organismo advirtieron que, si no se reformula el sistema, los “chicos que están en conflicto con la ley que hoy están transitando por las instalaciones del Sirpa, después van a ser usuarios del sistema de privación de libertad de adultos”, según afirmó el director Eduardo Katz a los legisladores.
Mientras en Diputados están discutiendo los recursos, el Senado avanza en crear el Sirpa como organismo descentralizado. Por eso propone crear el Instituto de Construcción Ciudadana Adolescente —que vendría a sustituir al Sirpa—, un nombre que no le gusta al oficialismo, que ya modificó el proyecto original del gobierno.
“Buscamos que este órgano descentralizado se oriente en la búsqueda de medidas socioeducativas, que la privación de libertad sea el último recurso —tal como lo establecen las normas internacionales y el propio Código de la Niñez y la Adolescencia— y que se haga cargo de los adolescentes que, estando en conflicto con la ley, no sean objeto de la aplicación de medidas privativas de libertad”, dijo la senadora Daniela Payssé (Frente Amplio) en comisión a fines de agosto.
Centro modelo.
La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, informó en Diputados que el organismo quiere crear un nuevo “centro modelo” que esté acorde con la “normativa nacional e internacional” y en el que se utilicen los “parámetros de buena práctica”.
“Este centro modelo nos permitirá barrer con algunas instalaciones que hoy no nos dejan trabajar en profundidad sobre distintos aspectos que componen la rehabilitación como tal; por el contrario, determinan la existencia de actividades inconexas y que no necesariamente responden a las necesidades particulares de cada uno de los adolescentes”, explicó Fulco.
La presidenta del organismo sostuvo que hay que “reforzar” las medidas no privativas de libertad. Informó que a nivel internacional está “suficientemente demostrado” que una mejor rehabilitación “está dada por el contacto con la sociedad, por la colaboración del núcleo familiar y por el despliegue de distintas actividades de inserción, de seguimiento y de control de esas actividades”.
Fulco dijo que el Sirpa tiene, además de un problema de “hacinamiento”, situaciones que “lindan con la falta de respeto de los individuos que están privados de libertad en tanto el sistema no puede brindarles cuestiones básicas, como la vestimenta y otros artículos que hacen a la necesidad del desarrollo de algunos de los tratamientos”.
Katz planteó que el organismo quiere contratar 340 nuevos funcionarios en dos años y reclamó más dinero para el pago de sueldos.
“Queremos ser muy cuidadosos con la definición de los perfiles, porque estamos teniendo una mirada crítica con respecto a los actuales”, agregó.
“Gastar de vuelta”.
Durante la reunión, el diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) consultó respecto al pedido de recursos para infraestructura. Según surge del artículo 528 del proyecto, se solicitan $ 200 millones para los ejercicios 2016 y 2017 y $ 100 millones para 2018 y 2019. Tomando en cuenta la cotización del dólar a $ 28,8, el monto total solicitado para inmuebles —nuevas obras y reparaciones— es de U$S 20.800.000. “Hay que gastar de vuelta en lo que ya se gastó”, dijo Gandini a Búsqueda.
El legislador recordó que formó parte de la comisión que recibió el planteó del anterior directorio del INAU, que solicitó dinero para nuevas obras en el sistema penal adolescente.
“Sin embargo, pasado el tiempo, tenemos problemas que están vinculados a la gestión, al respeto de los derechos humanos, a la calidad de la construcción, a la calidad y capacitación de los funcionarios que ingresaron y ni qué hablar de la calidad de los resultados. No obstante, se nos viene a pedir más plata. No digo que esté mal, pero quiero que se entienda que cada vez que le decimos ‘sí’ a alguien, le estamos diciendo ‘no’ a otros”, dijo Gandini.
El planteo de Gandini surge en momentos que la Justicia investiga una denuncia —presentada por un ex funcionario del Sirpa— por posibles problemas de construcción en dos centros nuevos del organismo. Las autoridades han señalado que algunos de estos centros nuevos no están en condiciones de ser habitados.
En la misma comisión, el director del INAU Dardo Rodríguez se refirió al tema: “Hace pocas semanas escuché por primera vez a las autoridades actuales del Sirpa hacer una crítica muy fuerte a la calidad de la construcción, pero no salí a la prensa a contestar sino que fui al Directorio del INAU a plantear la necesidad de hacer una auditoría seria que nos permitiera saber si lo que se pidió a las empresas que hicieran, se hizo o no de esa manera”.
Recordó que en su momento el INAU habló con representantes de todos los partidos para plantear los problemas de hacinamiento y la necesidad de contar con recursos para obras. Afirmó que todo el sistema político estuvo de acuerdo en hacer una compra directa. Para ello, el criterio utilizado fue acudir a empresas que tenían experiencia en construcciones de cárceles para adultos.
Katz dijo que las construcciones “no resultaron” y que hoy deben volver a pedir dinero porque la infraestructura actual no da las “garantías suficientes para la rehabilitación, para la integridad física de los adolescentes privados de libertad, para evitar las fugas de adolescentes ni para el trabajo de los funcionarios”.
El Sirpa solicitó recursos a Economía, pero el Ministerio resolvió dar una cifra menor, admitió Katz. Estimó que el 15% de lo destinado a infraestructura se utilizará para reacondicionar los centros ya existentes.
Adelantó que quieren ser auditados desde que se coloque “el primer ladrillo”. “No es que no queremos asumir la responsabilidad sino que no somos arquitectos, no queremos que nuestro departamento de arquitectura sea el que pueda decir si le parece adecuado o no. Desde el vamos, queremos que nos acompañen y estar auditados, no solamente en la forma de elección de la empresa constructora sino en cómo la empresa va a ir manejando cada instancia y que, cuando podamos decir que recibimos la obra, esta esté de conformidad al pliego, se ajuste a lo que solicitamos”.
En el articulado el Poder Ejecutivo pide otros U$S 9 millones para gasto de inversión y cuidados.
Katz explicó que parte de los recursos son requeridos para la compra de una flota vehicular. Debido al “paso del tiempo” y a que los caminos en la Colonia Berro —el principal centro, ubicado en Canelones— son “precarios”, la flota de autos tiene un “desgaste muy importante”.
También plantean la compra de computadoras y chalecos anticortes. “Nosotros tenemos que cuidar a los adolescentes privados de libertad, pero también tenemos responsabilidad sobre el cuidado de nuestros funcionarios, que hoy por hoy están trabajando como pueden”.
