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“Desde su origen, Uruguay nunca tuvo un sistema tributario más justo, equilibrado y progresivo, que en la actualidad. Con el menor % de impuestos indirectos (bienes y consumo) y el mayor % de impuestos directos (rentas y patrimonio) de toda su historia tributaria”. Eso tuiteó el último fin de semana Gustavo Viñales, un especialista en temas tributarios que, entre otras cosas, se desempeña como secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales (CEF).
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Lo hizo comentando un tuit de Telemundo en el que se recogen declaraciones de Azucena Arbeleche, la referente en temas económicos del precandidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou: “La política tributaria se ha centrado en las necesidades del Estado y no de la gente”.
El informativo de canal 12 consignó que Arbeleche presentó un análisis económico de su sector político, Todos, durante el congreso nacional efectuado en Trinidad el sábado 13. “La propuesta es un cambio, un giro en la política económica. Pasar de una política económica que ha estado centrada en el Estado a una política económica en la que el foco sea la gente”, señaló. Y añadió: “Hasta ahora hemos tenido un Estado que ha gastado sin medir cómo lo hace, sin analizarlo. Y el peso de ese gasto se lo pasa a la gente a través de más impuestos. La política tributaria y tarifaria se ha centrado en las necesidades del Estado y no de la gente”.
El viernes 12 Viñales había hecho otra valoración de corte político en su cuenta de Twitter. “Es buena cosa para la institucionalidad del país, que los partidos políticos uruguayos, en general, rechacen a los candidatos oportunistas y desconocidos. Sería bueno que también lo hicieran con los ‘recursos financieros desconocidos’ que solventan las campañas electorales”. Un día antes Búsqueda había informado que el millonario Juan Sartori, fundador de la empresa Union Agriculture Group y con participación en negocios en Europa y Norteamérica, tiene decidido lanzarse como precandidato presidencial por el Partido Nacional en las elecciones de 2019.
En Twitter Viñales se presenta como “contador público. Máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública. Docente FCEA-Udelar. Centro de Estudios Fiscales”.
El CEF es una persona de derecho público no estatal con autonomía técnica, ligada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Comenzó a funcionar en 2012 con la misión de prestar “servicios de capacitación e investigación en materia de ingresos y gastos públicos, a efectos de ampliar el conocimiento de su incidencia sobre el sistema económico y social del país y contribuir a un mejor diseño y gestión de la política fiscal”, señala en su sitio web.
En febrero Viñales había defendido aspectos del actual sistema tributario ante cuestionamientos y reclamos surgidos desde organizaciones del sector agropecuario. “Que no se crean los más gravados del barrio, porque seguro no son los más gravados del barrio”, dijo al hablar en su calidad de especialista en el programa No Toquen Nada de la emisora Del Sol, donde participa habitualmente como columnista (Búsqueda Nº 1.958).
“Hay un discurso… hay gente que no tiene idea y habla desde su lugar, y está bien. Pero después hay dirigentes de primera línea de la oposición que hacen de esto un discurso”, agregó el contador. Hay un “uso político” de la temática, dijo, y mencionó a los senadores Lacalle Pou y Pedro Bordaberry.
Viñales interpretó en esa intervención en la radio que la “irritación” en el agro no obedece al aumento de la presión fiscal sino al hecho de que antes de la reforma tributaria de 2007 la elusión era relativamente fácil.
Al día siguiente de la publicación en Búsqueda de esas declaraciones, el Consejo Directivo Honorario del CEF —que preside David Eibe, exdirector de la Asesoría Tributaria del MEF— cuestionó a Viñales en una carta. La “alusión” de Viñales a los legisladores “no debió haberse realizado, al menos sin establecerse expresamente que las mismas constituían manifestaciones a título estrictamente personal y que en nada comprometían al Centro”, consignó El País en su momento. Fruto de esta situación, agregó el diario, el Consejo “realizó la correspondiente advertencia al secretario ejecutivo, existiendo fundadas expectativas de que tal situación no se reiterará”.
