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Constituye un grave menoscabo a la libertad de enseñanza y a la autonomía universitaria, la iniciativa de la bancada del Frente Amplio que proyecta derogar las exoneraciones tributarias a empresas por las donaciones a las universidades privadas. El proyecto en sí mismo lo es, en cuanto discriminatorio al privilegiar una universidad frente a las otras, pero mucho más lo es la motivación dada a la iniciativa: “Razones políticas e ideológicas”. Aprobado el proyecto en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes con el voto de los diputados de la bancada mayoritaria, requeridos estos a que fundaran la propuesta, el diputado socialista Gonzalo Civila se limitó al expresado fundamento, sin más, y que vale la pena repetir porque no tiene desperdicio: “Razones políticas e ideológicas”.
¿Qué se quiere? Perseguir a la enseñanza privada a nivel terciario, desalentarla, y así, menoscabar su autonomía y menoscabar la libertad de enseñanza. Frente a esta frescura de palabra cabe preguntarse si lo que se pretende es propender al monopolio estatal de enseñanza, como en la Unión Soviética y en la Cuba de Fidel Castro, y por esta vía a la Verdad Oficial. Quién duda que las universidades privadas están prestando un servicio inmenso a la cultura del país. El Estado debería subsidiarlas directamente y no limitarse a las exoneraciones impositivas vigentes. Magro aporte que no está de acuerdo con el servicio que prestan. Servicio que está expresamente reconocido por la Constitución, cuyo artículo 69 establece que “las instituciones de enseñanza privada y culturales de la misma naturaleza, estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención a sus servicios”. Norma que además de instituir la exoneración, reconoce “sus servicios”, y que debe leerse en relación con el artículo precedente (68 de la Carta), que consagra la libertad de enseñanza.
El diputado Gonzalo Civila debería saber que las universidades son instituciones anteriores al Estado. Cuando este, hace casi un milenio, se estaba empezando a organizar, surgen las universidades en Europa, con estatutos autonómicos que las preservaban del poder de monarcas y señores. Así se trasplantaron a América. Hace dos años que se cumplieron quinientos años de la fundación de primera, en el año 1514, la de Santo Domingo, en la actual República Dominicana. Se fundaron veinticinco durante el tiempo en que duró el Reino de Indias, y había trece de ellas funcionando cuando estalló la Revolución, y dos en Filipinas. En Uruguay, la Universidad de la República es una institución estatal; el decreto fundacional del presidente Oribe queda sin ejecución a causa de la guerra civil, y en la segunda mitad del siglo, ya en funcionamiento, se va abriendo camino la idea de la libertad de cátedra, que es el fundamento de la autonomía universitaria, cuya plena consagración tiene lugar en 1958. Y más recientemente, después de la dictadura, surgieron las universidades privadas que, de suyo, son libres y autónomas, y contribuyeron, en mucho, a revitalizar la vida académica.
Pero no solo el origen histórico de las universidades funda su autonomía, también encuentra su razón de ser a nivel de los derechos humanos. La autonomía universitaria, como la libertad de enseñanza, tiene su fundamento último en la libertad de pensamiento, anterior a la libertad de expresarlo e inherente a la persona humana, una de cuyas manifestaciones es el derecho a buscar libremente la verdad. Esta no es solo una actividad individual, requiere empresas sociales, instituciones, y de ahí las universidades. Si decaen, la espontaneidad social se ve comprometida; si mueren, “ninguna nueva simiente podrá fructificar”, como dijo Ortega y Gasset hablando de ellas.
Los rectores han dicho que, de aprobarse la iniciativa, se verán obligados a recortar las becas a estudiantes de bajos recursos. Algo que no es menor si se tiene en cuenta la grave crisis de la enseñanza uruguaya. Precisamente, el mismo día que en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes se votaba la ponencia de los diputados del Frente Amplio, los diarios informaban que, en una evaluación hecha en todo el país a seis mil estudiantes de sexto año de primaria, el 81 % no habían resuelto el siguiente problema: “La sangre tiene el 80% de agua, ¿Cuántos litros de agua hay en cinco de sangre?”.
Pero lo más grave de la iniciativa —y de su motivación— es el estatismo que la inspira, en un país enfermo de estatismo. Sobre esto el mismo Ortega decía premonitoriamente hace casi cien años: “La masa dice `el Estado soy yo’, lo cual es un perfecto error. Estado contemporáneo y masa solo coinciden en ser anónimos. Pero es el caso que el hombre-masa cree, en efecto, que él es el Estado, y tenderá cada vez más a hacerlo funcionar con cualquier pretexto, a aplastar con él toda minoría creadora que lo perturbe —que lo perturbe en cualquier orden: en política, en ideas, en industria”.
Pierda cuidado, señor diputado Civila, que con sus “razones políticas e ideológicas” no se va a llevar por delante a las universidades.
