Sobre un fallo judicial

Sus columnas de los últimos meses, además de removedoras, han sido inspiradoras. Así que decidí remitir al semanario y entonces divulgar ciertas situaciones que me sucedieron hace poco tiempo, las que no hacen otra cosa que reafirmar y confirmar sus reflexiones.

Supongo que el profesor Gerardo Caetano pensará lo mismo y habrá puesto todo en la percha del olvido quedándose con el triste recuerdo de su paso por ese desgraciado país como es Brasil, que pudo ser potencia y no llega a nada. Recordemos que un país grande no es lo mismo que un gran país.

Disculpándome por la “desviación”, me place compartir con los lectores ciertas reflexiones respecto de lo que escribe el Sr. Ronzoni. Digo lo anterior pues ese tercero que antes contestó mis quejas sobre Tam y sus empleados, para luego defender los call centers, “rezongó” al Director por permitirlo. En fin, obviemos la absurdidad de esa “levedad del ser”.

Tuve que iniciar una acción legal contra el Estado uruguayo, en particular contra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El juez de la causa fue el Dr. Federico Tobía. Dio la casualidad que conozco a su padre; no obstante, el Dr. Tobía no se inmutó por ello, siguió adelante con el proceso y así fue durante varios meses. Todo pareció seguir sus carriles normales hasta que en cierto momento, cuando la balanza claramente se inclinaba hacia mi lado, el juez F. Tobía decidió auto recusarse argumentando la razón ante expuesta.

Es necesario aclarar que el padre de este juez, ahora ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es el Dr. Juan Tobía, a quien traté personal y muy estrechamente por algunos años. Hace tiempo que he dejado de verlo, si bien alguna noche me pareció que me evitó cuando estábamos por entrar al mismo restaurante y él, si era la misma persona que supongo, finalmente desistió de hacerlo.

Continuó después con el proceso la Dra. Isabel Vaccaro Martorell, una jueza que se comportaba algo extraño para mi forma de ver las cosas, aunque puedo por supuesto estar equivocado.

Esta señora hacía comunicar previamente al ingreso a todos los que debíamos participar en las audiencias que no debíamos darle la mano. Además, como si fuera poco, luego nos miraba con una sonrisa algo despectiva que colgaba de su boca. Realmente sentí que nos trataba con rayana soberbia de su parte.

En cierto momento, una vez, dirigiéndose al abogado del Ministerio, le dijo: “sea caballero, cierre la ventana”. En fin... sin palabras.

En la última oportunidad que estuve presente, mi abogada, distraídamente  fue a saludarla estrechándole la mano. La mirada fue incendiaria al punto que pude por suerte recordarle a los gritos que no lo hiciera. Afortunadamente se retiró a tiempo y el tema no pasó a mayores. ¡Vaya a saber uno, caso contrario que podría haber sucedido! Es bueno saber que preventivamente la jueza tenía sobre su escritorio una botella de un litro de alcohol en gel. Quizás hubo otros distraídos que le ensuciaron la palma y los deditos.

Estoy convencido de que su fallo fue fallido. Los dos testigos del MGAP no hicieron otra cosa que repetir las mismas explicaciones que antes había escrito el abogado de ese Ministerio en la contestación de la demanda. Sin embargo, la jueza Isabel Vaccaro Martorell, sin ir más lejos ni más profundo, no tuvo en consideración que el entonces director general de los Servicios Ganaderos, Dr. Recaredo Ugarte, había expresado por nota al mismo expediente que no había razón alguna para impedirme la importación de un producto de Estados Unidos.

Cabe agregar también que el MGAP ni siquiera presentó como prueba alguna información de la OIE (Organización Internacional de Epizootias) que avalara, afirmara, sustanciara, etc., sus posteriores acciones. ¿Por qué no lo hizo? Simplemente porque no existía tal prueba. Solamente tenía a su favor la palabra de dos veterinarios. Pero, bueno, al final fue simplísimo para la jueza: bajó el martillito previo “dibujito” en la sentencia sobre el texto escrito y firmado por el Dr. Ugarte.

Deberé trabajar mucho dentro de mí para intentar cambiar mi opinión pues en segunda instancia el texto expreso y repito, firmado por ese funcionario, el tercero en importancia luego del ministro, el subsecretario y quien me ocupa ahora, o sea el director general de los Servicios, nunca fue importante para los representantes del Poder Judicial. ¿Qué fue importante para ellos? No lo sé. Más aún: creo que nunca lo sabré.

Así que en lo que hace al pleito, me fui a “llorar al cuartito”, además de recibir al inicio y por escrito una sarta de agravios del leguleyo que defendía los intereses públicos, lo que parece que es normal y de uso habitual en estos casos.

“Dios te dé muchos pleitos, aunque los ganes” expresa con sabiduría la maldición gitana.

Jorge Edison Risso Ebbero

C.I. 1.119.449-6