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    Socialistas promueven una ley para prohibir que Estados extranjeros adquieran campos

    “Durante mi primera visita a Uruguay me asombró darme cuenta de que formalmente no importaba mucho a los uruguayos la compra de tierra por parte de extranjeros. En Nueva Zelanda es muy diferente”, manifestó el embajador de ese país en el Río de la Plata, Darryl Dunn, durante un encuentro en la Cámara de Diputados en octubre 2010. Casi como una respuesta ante esa visión, la cita está aludida en la exposición de motivos por los redactores de un proyecto de ley que apunta a prohibir la adquisición de campos uruguayos por parte de Estados extranjeros.

    La iniciativa, elaborada por el denominado “grupo agro” del Partido Socialista y a cuyo texto accedió Búsqueda, fue presentada el martes 26 en la bancada de diputados del Frente Amplio.

    Dispone que “las empresas, con independencia de su tipo, en cuya propiedad participe directa o indirectamente un Estado extranjero, quedarán inhibidas de la posibilidad de ser titulares de inmuebles rurales con fines de explotación agraria y forestal en el territorio uruguayo, así como de la titularidad sobre emprendimientos productivos que involucren tales bienes a cualquier título”.

    Uno de los autores del proyecto, el diputado Hermes Toledo, dijo el miércoles 20 en radio Carve que el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, está de acuerdo con esa iniciativa. Hasta fines del año pasado el subsecretario de esa cartera de Estado, Enzo Benech, integró el “grupo agro” de los socialistas y está al tanto de ese proyecto, señaló ese legislador a Búsqueda.

    Respecto a los fundamentos de la iniciativa, Toledo destacó que “el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la soberanía y un impacto positivo de las actividades agropecuarias en el bienestar de los uruguayos, protegiendo para ello los intereses estratégicos y de seguridad del país”. En esa línea, el artículo 1º “declara de interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado en relación a los recursos naturales en general y del factor tierra en particular”.

    La “prohibición” abarca a “toda empresa local o filial en cuya propiedad participen en cualquier proporción, fondos soberanos o empresas propiedad de Estados extranjeros”. Alcanzará también “a los emprendimientos empresariales donde participe un Estado extranjero que abarcando la titularidad directa o no sobre las tierras, revistan la doble condición de desarrollarse sobre las mismas y la de realizar actividad agropecuaria sobre estos”, según el texto.

    Aclara que “quedarán excluidos de esa medida las inversiones privadas extranjeras actuales o futuras en tierra y negocios agropecuarios de firmas privadas que no sean propiedad parcial o total de un Estado extranjero”. También se exceptúa de la limitación a “las inversiones en tierras con destino turístico o inmobiliario, para obras de infraestructura y minería que se autoricen en cumplimiento de las normas específicas” vigentes. Y “las inversiones en actividades industriales, comerciales y de servicios, incluyendo las vinculadas con productos agropecuarios y forestales”.

    Establece que “todos los actos jurídicos que se celebren en violación de esa ley revestirán el carácter de nulidad absoluta e insubsanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno”.

    Toledo explicó que el proyecto fue el resultado de un trabajo que empezó en marzo de 2007 en el “grupo agro”. Son integrantes de esa agrupación el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, el ex director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Martín Buxedas, y el actual director Forestal de esa cartera, Pedro Soust.

    Control.

    El proyecto faculta a la comisión asesora del Poder Ejecutivo creada en 2007 para analizar los pedidos de excepcionalidad a la ley de sociedades anónimas propietarias de campos, al “control, examen y actuación en lo relativo a los actos jurídicos correspondiente” a la materia.

    A modo de antecedentes de compras de tierras por parte de Estados extranjeros en la región, los autores mencionan en la exposición de motivos que en Brasil se registraron ese tipo de operaciones por parte de gobiernos de Arabia Saudita, China y Corea del Sur. En Argentina se detectaron negociaciones entre los Estados de esos mismos países con autoridades provinciales para realizar acuerdos que no involucran la adquisición de predios sino compromisos de venta de alimentos.

    En Uruguay, la empresa del sector lechero New Zealand Farming System fue adquirida en 2011 por la multinacional Olam, que tiene entre sus accionistas (16% del capital) a la firma Temasek, creada por el gobierno de Singapur (ver Búsqueda N° 1.656).

    Consultado sobre ese caso, Toledo aclaró que el proyecto no tendrá carácter retroactivo.

    En la exposición de motivos se repasa el marco normativo de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos donde existen restricciones a las inversiones extranjeras en sectores considerados “sensibles”, como la aviación, las telecomunicaciones, los bancos, los seguros, la energía, las industrias militares y la minería.

    Complementariamente, otro proyecto de ley que elaboran legisladores del Frente Amplio encomendados por el presidente José Mujica, establecerá que el Senado deberá expedirse sobre los pedidos de las sociedades anónimas para que el gobierno las autorice a ser titulares de inmuebles rurales (ver Nº 1.614).