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El balance sobre Uruguay que realiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) describe un país que este año y también el próximo crecerá al menor ritmo desde su última crisis por el “estancamiento” del consumo y la caída de las exportaciones y de la inversión. La política fiscal “aún expansiva” es lo que impulsa la demanda, asegura.
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En ese contexto, las condiciones en el mercado de trabajo uruguayo se vienen deteriorando, al tiempo que la inflación se mantiene en niveles que, “de manera estructural”, superan los objetivos del gobierno.
Tal diagnóstico forma parte del “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe” que la Cepal difundió el jueves 17 desde su sede en Santiago de Chile.
Según las proyecciones de ese organismo de Naciones Unidas, el Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay crecerá 1,5% este año y también el próximo. Es un “bajo dinamismo” y la menor tasa desde la última crisis económica del país, ocurrida a inicios de este siglo, contextualiza en el documento. De todos modos, puede no ser un mal dato comparado con el promedio de la región (–0,4% en 2015 y 0,2% 2016), aunque sí frente a República Dominicana (6,6% y 5,2%), Panamá (5,9% y 6,2%), Bolivia (4,5% ambos años), Cuba (4% y 4,2%), Colombia (3,1% y 3%), por ejemplo. También Argentina registrará una expansión mayor que la de Uruguay en el año que termina, pero no en 2016 (2% y 0,8%).
“El reducido crecimiento del PBI de 2015 es el resultado de varios factores contrapuestos. Por el lado del gasto, el principal factor fueron las exportaciones netas, puesto que tanto el consumo privado como las inversiones tuvieron un desempeño modesto. Por el lado de la producción, los sectores que más se expandirán son el de la industria manufacturera y el de transporte y comunicaciones, mientras que la construcción y el suministro de electricidad, gas y agua se contraerán en el período, este último debido a las malas condiciones climáticas del primer semestre”, explica la Cepal en referencia a Uruguay. Añade que si bien en menor medida que en años anteriores, la política fiscal “es aún expansiva y el sector público sigue impulsando la demanda agregada”.
Además de un aumento de los beneficios fiscales a las inversiones —“que evidencia que hay preocupación por el descenso de la inversión privada”—, el gobierno “planea promover un fuerte programa de infraestructura” apoyado en el régimen de participación público-privada, señala el organismo.
Vaticina que la inversión extranjera directa en Uruguay caerá alrededor de 20% en 2015 respecto al año anterior como consecuencia de la “inestabilidad regional, la caída del precio de los productos básicos y la finalización de algunos grandes proyectos” en 2014.
Fiscal.
El resultado negativo anual en las finanzas públicas uruguayas se mantuvo —en torno a 3,6% del PBI en los meses recientes—, aunque su composición cambió ya que las empresas públicas contribuyeron a mejorar las cuentas, compensando los menores ingresos del gobierno central, señala la Cepal. También hubo una reducción de las inversiones, aunque aumentaron los intereses pagados.
“Dada la incertidumbre económica prevaleciente, el gobierno ha optado por realizar un presupuesto solamente para los dos primeros años, en lugar del quinquenal” habitual, remarca la Cepal. Asimismo, observa que las autoridades uruguayas elaboraron un plan de gasto “moderadamente expansivo pero que no dé señales negativas al ambiente de negocios del país”.
Y agrega: “Si bien el presupuesto está en línea con las proyecciones oficiales, dado que estas son más optimistas que las de los privados, es posible que se necesite realizar un esfuerzo fiscal adicional en los años venideros” para reducir el déficit.
La Cepal recuerda que “a los efectos de obtener efectivo”, Uruguay emitió en octubre un bono en dólares en los mercados internacionales a tasas de interés “relativamente bajas, que fue muy bien recibido por el mercado. Esto fue visto como una muestra de confianza hacia el país en un contexto regional de extrema cautela”. La operación fue por U$S 1.700 millones, y combinó el pago en efectivo (U$S 1.200 millones) y el canje de papeles que ya estaban en circulación (U$S 495 millones).
