Suprema Corte de Justicia falla a favor de la Intendencia de Canelones en juicio millonario por reclamos salariales

El acuerdo, que había sido observado por el Tribunal de Cuentas de la República pero igual aprobado por la Junta Departamental de Canelones, establecía que el cumplimiento de los incrementos estaría sujeto a la disponibilidad que tuviera el área de Tesorería de la intendencia para pagar. Debido a eso, cuando una vez superada la crisis asumió la administración el frenteamplista Marcos Carámbula (2005-2010), se retomaron los aumentos.

Recientemente uno de los juicios llegó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que falló a favor de la intendencia. En la comuna entienden que ese resultado es un anticipo de lo que sucederá en los otros litigios que están en marcha. “La sentencia es muy importante porque marca un criterio jurisprudencial del máximo órgano de Justicia. En 10 años nunca habíamos tenido una sentencia de la SCJ. La jurisprudencia es fuente de derecho, por lo que si a la Corte, con su actual integración, le siguen llegando procesos idénticos, va a continuar fallando a favor de la intendencia”, evaluó una fuente de la oficina Jurídica de la comuna.

Marcela Burastero, una de las abogadas que representaron a los 18 funcionarios involucrados en ese expediente y que patrocina otros juicios similares, dijo a Búsqueda que la mayoría de los restantes casos que están en trámite son de la misma naturaleza. “Todos los juicios son iguales, la pretensión es la misma, por lo que es esperable que se dé el mismo desenlace. Esto marca una línea...”, sostuvo.

El fallo de la SCJ, al que accedió Búsqueda, hizo lugar al argumento planteado por la intendencia respecto a que no tenía la obligación de pagar los adeudos en aquel entonces debido a que estaban sujetos a una disponibilidad económica.

“Básicamente, el órgano consideró que el proceder de la IDC fue correcto y acorde a derecho, habiendo dispuesto los aumentos salariales dentro del período del reclamo 2002 a 2005 conforme a las disponibilidades financieras del caso”, dice la sentencia. De esta forma, la Corte desestimó el recurso de casación interpuesto por los trabajadores.

El fallo, no obstante, fue dividido. Dos de los cinco ministros no estuvieron de acuerdo con la sentencia. “La norma presupuestal no refiere ni a liquidez ni a déficit, tan solo refiere a una exigencia objetiva de la disponibilidad de Tesorería que en el caso quedó acreditado que existía en las fechas en las que debieron otorgar los aumentos”, se afirma en una de las discordias.

Para Burastero, el único argumento en el que se basa la intedencia es en el hecho de que en su momento no había disponibilidad financiera para pagar los sueldos, y alega que hoy tampoco le corresponde abonarlos debido a esa cláusula. “La SCJ, como órgano político que es, se agarra de eso, del único argumento que tenía la intendencia para defenderse. Pero bueno, nuestra Justicia es así”, lamentó la abogada.

Según pudo saber Búsqueda, hay otras sentencias firmes en varios tribunales de apelaciones civiles, que también fallaron a favor de la comuna canaria. Según explicó una de las fuentes, hay otros dos juicios que aguardan sentencias de la Corte, aunque de mantenerse la integración lo esperable es que el criterio sea el mismo.

Con la posición de la Corte y de los tribunales, la comuna confía en que los juicios que están en marcha tendrán desenlaces favorables. “Pero cada uno tiene su criterio y puede darse una sentencia en otro sentido, obviamente”, acotó.

No está claro el monto que la IDC debería abonar a los funcionarios en caso de perder los juicios restantes, pero según las cifras que han manejado públicamente los abogados y las propias autoridades de la comuna, el reclamo global ascendería a unos US$ 20 millones. “Se reclaman montos importantes, pero siempre tuvimos la convicción de que la intendencia estaba en lo correcto y cumplía con lo establecido en la ley presupuestal”, afirmó la fuente.