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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron por mayoría en el acuerdo celebrado ayer miércoles solicitar a la jueza penal Mariana Mota el expediente en el que se investiga la participación del general retirado Pedro Barneix en el presunto homicidio del comerciante Aldo Perrini, ocurrido en una unidad militar en Colonia en 1974, dijeron a Búsqueda fuentes de la corporación.
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Según las fuentes, los ministros de la Suprema Corte quieren determinar si la magistrada incurrió o no en una “denegación de justicia” al no suspender el proceso frente a una excepción de inconstitucionalidad que presentó la defensa de Barneix por la norma que derogó la “ley de caducidad” y extendió los plazos de prescripción.
El artículo 264.3 del Código General del Proceso habilita a la Corte a solicitar los antecedentes del caso, agregaron los informantes.
Barneix fue agredido ayer miércoles a la salida de la sede judicial ubicada en la calle Misiones por el hijo de Perrini, informó el sitio web de “Subrayado”.
Según esa crónica “Barneix salió por la puerta lateral del juzgado, por la calle 25 de Mayo, para evitar encontrarse con las personas que allí estaban. Pero en ese lugar lo esperaba Nino Perrini que lo tomó del buzo y le dio varios golpes de puño. La situación fue disipada por personal policial”, informó la crónica.
“Tras ese incidente el general retirado comenzó a decir a gritos que él nunca había agredido a nadie del mismo modo que lo agredieron a él”, agrega el artículo.
Barneix fue uno de los dos generales que a pedido del ex presidente Tabaré Vázquez entregó en 2005 un informe con la situación de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
Según la investigación llevada adelante por la jueza Mota y por la fiscal Ana María Tellechea el general retirado aparece seriamente implicado en la muerte de Perrini. De hecho Tellechea solicitó el procesamiento de Barneix, el teniente retirado José Puigvert, el capitán retirado José Baudean y el coronel retirado Washington Perdomo por este caso.
Según el testimonio de personas que estaban recluidas en esa unidad militar en el mismo período, Perrini murió durante una sesión de torturas. De acuerdo con los testimonios, los militares se ensañaron con él porque salió en defensa de una presa que presuntamente estaba siendo abusada.
El comerciante era un conocido adherente al Frente Amplio de la zona, aunque no se le conocía militancia en ningún sector en particular.
La defensa de los militares presentó en el juicio una excepción de inconstitucionalidad contra la norma que derogó la “ley de caducidad” y declaró imprescriptibles los crímenes de la dictadura.
“Si la jueza se basa en leyes inconstitucionales, en estas condiciones no sigo”, declaró el ex juez Ruben Eguiluz, quien ejercía la defensa de Barneix y renunció a patrocinar al general retirado.
Por ese motivo Barneix pidió a la jueza 24 horas para designar un nuevo defensor, a lo que la magistrada accedió.
