Nuestra administración pública no es un modelo de agilidad, de eficiencia, ni de buen uso de los recursos humanos y materiales disponibles. Nadie podría sorprenderse de la prevalencia de intereses políticos, corporativos, amiguismo, retribución de favores.
Eso es así porque desde hace mucho tiempo buena parte de la sociedad optó por llevar una vida conservadora, mediocre, poco competitiva. Y lo peor, hemos hecho un culto de esos valores, de esas características y los hemos consagrado en la urna.
Nos contentamos con que la violencia criminal y la corrupción son menores que en otros países. En seguir siendo en América la sociedad más igualitaria de la región (ya lo era hace 80 años). En tener, comparativamente, bajos índices de pobreza e indigencia. Nos conforma que no somos los peor evaluados en las pruebas PISA.
Pero no hay que engañarse, cada día nos retrasamos más de las naciones que están a la vanguardia en educación, en desarrollo, en empuje, en creatividad.
Y, como consecuencia de ello, vemos que muchos de nuestros hijos deciden emigrar para construir su futuro en naciones donde se reconozca y valore su esfuerzo, su capacitación, su voluntad de progresar.
Cada vez tenemos más funcionarios públicos, crece el presupuesto y la presión fiscal, pero seguimos con mediocres servicios públicos.
Hace más de una década el entonces presidente Vázquez prometió encarar “la madre de todas las reformas” para dinamizar el funcionamiento del Estado. No logró mucho. Años más tarde, Mujica cuestionó pública y reiteradamente la actitud y la disposición con que muchos funcionarios encaran su trabajo, denunciando el “atorrantismo”. Como suele decirse, la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo. Pocos jerarcas públicos se animan a enfrentar la parsimonia y las rutinas burocráticas.
Desde el gobierno se habla de fomentar la cultura del trabajo, pero los sindicatos, sobre todo los del sector público, solo reconocen derechos, defienden privilegios y aumentan sus demandas sin contrapartida alguna. Así vamos.
Enfrentamos paradojas mayores. Porque quienes por ideología se oponen a las privatizaciones y defienden que el Estado tenga una participación activa en la vida económica del país han creado un estadito paralelo —una veintena de sociedades públicas que se rigen por el derecho privado— que actúa al margen de los órganos de control político y administrativo establecidos en la Constitución y han tercerizado servicios (una forma de privatización) en organismos públicos, principalmente en el área de la salud, permitiendo que jerarcas de la administración que aparecen de uno y otro lado del mostrador aprovechen sus conexiones políticas para lograr rápidamente pingües ganancias. Nada nuevo, pero ahora bajo gobiernos de izquierda.
En los últimos años se ha sabido de costos inflados, de subsidios y de pérdidas que las autoridades cargan sobre los contribuyentes. De escasos o nulos controles.
No parece ser esta la mejor forma de defender el interés público, sino más bien una forma inmoral, que linda con lo delictivo, de apropiación de esos recursos.
El Tribunal de Cuentas ha observado gastos y contrataciones dispuestas por varias direcciones de centros hospitalarios de ASSE. El diputado nacionalista Martín Lema ha denunciado que en algunas de estas tercerizaciones de servicios de ambulancia, de limpieza, de retiro de residuos hospitalarios, como en la contratación a instituciones privadas de estudios médicos, y servicios de CTI, se habría incurrido en conjunción de interés público y privado.
La zaga de irregularidades constatadas en la órbita de ASSE se abrió en 2014 cuando fueron procesados un dirigente sindical y el representante de los trabajadores en el Directorio de ASSE, ambos denunciados por presionar por la concesión y renovación de servicios de limpieza en el Hospital Pasteur y en otros centros hospitalarios. Cuando esta investigación judicial tuvo su epílogo, otros contratos similares estaban en curso para beneficio de “médicos compañeros”.
El caso más burdo por sus características fue denunciado por Lema en la interpelación a Basso. Refiere a la contratación en 2013 de un servicio de ambulancia, efectuado por el Hospital de Bella Unión, a una empresa perteneciente a tres directores de centros hospitalarios de ASSE.
Cuando en 2011 se constituyó dicha empresa (Siemm), uno de sus socios había sido director del hospital y otro ejercía como pediatra, y pronto recibió el respaldo de la actual presidenta de ASSE, Susana Muñiz, por entonces directora de Centros de Segundo Nivel de Atención en el Interior, quien defendió su habilitación porque “beneficiará a la población”. Muñiz y la entonces directora de ASSE, Beatriz Silva, participaron en la inauguración del servicio.
Si bien la primera licitación fue por 2,4 millones de pesos, unos meses después ya se le habían adjudicado traslados por más del doble de dicha cifra. Luego de tres años de prestación de servicio Siemm facturó al centro hospitalario US$ 825.000, según reveló el diputado Lema. La empresa reemplazante aplica hoy una tarifa muy inferior.
El Tribunal de Cuentas puso las cosas en su lugar. Por unanimidad observó dicho contrato por contravenir normas legales. El art. 46 del Tocaf establece que es impedimento para contratar con el Estado “ser funcionario de la Administración contratante o mantener vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma”. Finalmente, ASSE se opuso a renovar el contrato con Siemm y dispuso un sumario administrativo.
Sobre esta y otras irregularidades difundidas por la prensa el senador blanco Javier García comentó con ironía: El gobierno del Frente Amplio “financió con las empresas públicas a los capitalistas de la salud”. Y agregó: “Mientras aumenta el presupuesto de Salud Pública los pacientes que se atienden en los centros de ASSE disminuyen (más de un tercio de quienes cambiaron de prestador de salud pasaron del sector público al privado)”.
Desde la administración, el ministro de Salud, Jorge Basso, ha insistido en una idea que anunció a poco de haber asumido. Procurar la profesionalización de la gestión de los hospitales, para lo cual propone establecer por ley que los directores de las unidades ejecutoras de ASSE sean designados por concurso, presentando proyectos de gestión y administración con metas, objetivos, presupuesto y cronograma de cumplimiento.
Salvo excepciones, la designación de los directores de las unidades ejecutoras de ASSE —cargos de confianza— ha sido discrecional e influida por simpatías o lealtades políticas.
Muchas veces se han designado médicos destacados en el ejercicio de la profesión, pero que carecen de condiciones ejecutivas.
Al igual que en el área de la educación, el Frente Amplio siempre transmitió la idea de que, dado que una gran mayoría de médicos se identifican con la izquierda, tenía el know how para resolver los problemas de la salud y gestionar mejor los recursos disponibles.
12 años después de haber llegado al poder el Frente Amplio, estas revelaciones, exhiben la pérdida de valores en sus filas y ponen de manifiesto conductas contrarias al interés general, que revelan inmoralidad y lindan con el delito.
Son simples datos de la realidad, no inventos de “la derecha” y de “los medios que le hacen el juego”, parapeto gastado por repetido, que solo puede engañar a tontos y a ciegos.
