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Los problemas de recursos humanos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no son nuevos, pero se han ido agravando. Envejecimiento del personal que deriva en muchas jubilaciones en el futuro cercano, vacantes de ingreso y ascenso, además de un “atraso significativo de las evaluaciones de desempeño”, lo cual “dificulta mucho tener hoy la dotación necesaria”.
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Esa situación la están abordando las autoridades ministeriales. La Ley 19.996 del 2020 exigió al Poder Ejecutivo presentar un informe detallado de las vacantes que fueron efectivamente ocupadas y un análisis de la situación funcional de todos sus servicios en el MGAP. Esa evaluación fue entregada como un anexo con el proyecto de Rendición de Cuentas presentado al Parlamento a fin del mes pasado.
Dicha evaluación señala que el MGAP cuenta con recursos humanos de distintos vínculos, en su gran mayoría son funcionarios presupuestados y provisoriatos (los que tienen calidad de funcionarios públicos). También tiene consultores que se contratan a través de arrendamientos de obra y de servicios, que carecen de relación de dependencia con la secretaría de Estado. Otro grupo minoritario son de pasantes, becarios, voluntarios, cargos de confianza.
En el 2020, al asumir la actual administración, el MGAP contaba con 2.410 cargos, de los cuales “solamente estaban ocupados 1.610”, consigna el documento oficial. Existían 800 vacantes, sumando las de ascenso y de ingreso, por lo que solo estaban ocupados el 67% de los cargos y queda el tercio restante sin ocupar. Eso “deja en evidencia el proceso de reducción de la dotación de recursos humanos que viene transitando el MGAP”, subraya.
Otra problemática analizada surge de las certificaciones médicas de la plantilla de la cartera del agro. La cantidad de días por los cuales se pidieron certificaciones por asuntos de salud equivalió, durante 2020, a tener 60 funcionarios ausentes; en lo que va del 2021 el impacto fue equivalente a 18. “En definitiva —enfatiza el Poder Ejecutivo en el informe—, el número de certificaciones medicas también contribuye a reducir aún más los recursos humanos con que cuenta el MGAP”.
El número de jubilaciones en el 2020 fueron 69 y en el 2021 (hasta el 4 de mayo) sumaron otras 12, aunque la proyección para todo ese año es que serían 70. Por otro lado, la proyección incluida en el informe es que hasta el 2024 generarán causal de retiro 824 funcionarios, lo que representa más de la mitad (52%) del total. Y entre 2025 y 2029 configurarán causal jubilatoria otros 140 funcionarios, un 18% más de la plantilla total del MGAP.
A su vez, por cumplir 70 años de edad, hasta el 2024 tendrán cese obligatorio 152 funcionarios (10% del total). Y entre 2025 y 2029, deberán dejar el cargo 361 más, un 25%.
Escenarios
Dado este panorama, para el MGAP existen “dos escenarios posibles” para dotarse del personal necesario.
Uno es el que establece el decreto 90/2020, según el cual no se podrán ocupar las vacantes de ascenso y de ingreso generadas hasta diciembre de 2019, y de aquellas ocurridas a partir de 2020 solo podrán cubrirse una de cada tres. Otro —dice el informe oficial— es obtener la excepción a esa norma y poder utilizar el total de vacantes existente, que “se justifica en virtud del largo proceso de reducción de recursos humanos que atraviesa el MGAP desde hace varios años, lo que hoy pone en riesgo el cumplimiento de sus cometidos”. En el “escenario óptimo” para el ministerio, las vacantes de ingreso y ascenso serían 800, cuando las necesidades son de 665; pero por el decreto 90 solo podrían entrar 54.
La reestructura, además de ser uno de los objetivos de esta administración, está contemplada en la Ley de Presupuesto vigente: el MGAP debe presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de reformulación de su estructura organizativa y puestos de trabajo. En ese sentido, las próximas etapas previstas incluyen el relevamiento del perfil del 100% de los funcionarios de la cartera. Para ello se realizará el cálculo de dotación de personal requerido según la estructura organizativa y los procesos de trabajo que sean definidos. Como “acciones sugeridas”, el informe menciona la “solicitud de excepción al decreto 90/2020”, además de la “planificación de concursos/calificaciones y llamados”.
