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Algunos de quienes desde el Banco Central (BCU) tuvieron o tienen que aplicar la política monetaria dicen que la tarea muchas veces produce dolor de cabeza.
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Es que los uruguayos manejan tanto pesos como dólares para sus transacciones, y el mercado de crédito local está muy dolarizado (más del 40% se otorga en esa divisa) y es relativamente poco desarrollado. Además, los países vecinos, en general inestables, tienen una influencia significativa en la economía local. ¿Cómo incidir desde la política monetaria en esas condiciones? Difícil, señalan.
Ante esas restricciones, en el pasado las autoridades optaron usualmente por fijar como ancla el tipo de cambio, manejando su precio (prenunciando su valor, como en años de la “tablita”, o estableciendo una cotización mínima y otra máxima con la “banda de flotación” de los noventa y comienzos de los 2000). El propósito era lograr una estabilidad de precios en la economía, cuando la inflación en algunos años marcaba registros de dos o hasta tres dígitos.
Luego de la crisis que sufrió Uruguay en 2002, cuando controlar el tipo de cambio se hizo inviable porque no se disponían de reservas para ello, se desempolvó la política monetaria. Ello coexistió con un régimen de libre flotación para el dólar, con su precio sujeto a la oferta y la demanda.
Primero fue a través del manejo de los medios de pago, es decir la cantidad de dinero en la economía: inicialmente la base monetaria (definida como el efectivo en poder del público, más ciertos depósitos inmovilizados en el BCU) y luego con indicadores de variación de los agregados. Se tendía a restringir su expansión.
En setiembre de 2007 el BCU explicitó un cambio en el eje de la política monetaria, que en lugar del manejo de la cantidad de agregados pasó a ser la tasa de interés.
En un comunicado emitido el 4 de ese mes por su Comité de Política Monetaria explicó que el “régimen basado en el manejo de agregados (...) cumplió su misión de modo altamente eficiente. Este régimen condujo a Uruguay desde tasas de inflación altas luego de la crisis de 2002 a la actual situación, en la cual la inflación se mantiene por cuarto año consecutivo en guarismos de un dígito y con la economía creciendo a tasas muy altas. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia internacional, el instrumento de los agregados resulta inadecuado para estabilizar la inflación cuando ésta se encuentra en bajos niveles”. Ese mismo día el Instituto Nacional de Estadística había informado que los precios minoristas habían registrado un salto de 1,7% en agosto, lo que llevó la tasa inflacionaria de los últimos doce meses a 9,5%.
Originalmente la tasa de interés de referencia —para los préstamos entre instituciones financieras a un día de plazo o call money— se fijó en 5% anual, pero luego la misma fue cambiada en un contexto de creciente incertidumbre al explotar la más reciente crisis económica global con el incumplimiento de pagos de créditos inmobiliarios en Estados Unidos. Desde diciembre pasado dicha tasa se ubica en 9,25% anual.
El equipo económico de gobierno anunció el jueves 6 el abandono de la misma y la vuelta al manejo de los agregados monetarios como ancla del régimen de metas de inflación, a partir del próximo mes (ver nota aparte). Uruguay se convertirá así en el único país en haber dado marcha atrás y de los pocos en el mundo que emplean ese régimen que basa la política en el control de agregados.
