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El presidente del Banco de Seguros (BSE), Mario Castro, asume que es un tema “controversial” y “políticamente complejo” y que requiere cambios —posiblemente— de carácter constitucional. Pero después de “tanto” tiempo en una empresa pública (lleva 48 años en la aseguradora estatal, incluidos 15 en el Directorio), y antes de jubilarse, plantea que se debería abrir el capital accionario de los entes, manteniendo un porcentaje mayoritario en manos del Estado.
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“Las empresas públicas tienen una alta consideración en la población y no debería cuestionarse su propiedad estatal. Sin embargo, podría arbitrarse la apertura de sus capitales accionarios”, escribió hace algunos meses en un “borrador” de “líneas generales”, porque le interesa aportar su experiencia al “debate” en torno al tema. En el texto, titulado Empresas públicas. Criterios para su adecuación, Castro propone, concretamente, mantener “entre un 60% o 70%” de las acciones en poder del Estado y “el resto enajenarlas o distribuirlas entre sus funcionarios y pequeños ahorristas”. De esa forma se podría incrementar el “sentido de pertenencia y las motivaciones para mejorar sus objetivos, además de colaborar en la formación y desarrollo del mercado de capitales”.
Consultado por Búsqueda, el titular del BSE declaró que si bien es una “idea borrador” y una medida que requeriría mucha “transparencia e información”, en el mundo “hay muchas empresas públicas abiertas, que funcionan bien”, y mantienen un porcentaje alto de propiedad estatal. A modo de ejemplo, mencionó que el estado alemán de Baja Sajonia tiene participación accionaria en la automotriz Volkswagen.
Dijo que habló de estos temas con “algunos de los firmantes” del documento que semanas atrás difundiera un grupo de técnicos y otros interesados en impulsar una agenda de reformas en las empresas públicas, para darles “autonomía del poder político” (Búsqueda Nº 2.051). Señaló que no compartió sus reflexiones con autoridades del gobierno ni con otros directores de entes, aunque opinó que “sería bueno” que existiera algún ámbito de discusión al respecto.
La esquizofrenia
“Hay una relación un poco esquizofrénica de los uruguayos con las empresas públicas, porque todos les exigimos y pedimos eficiencias, pero puedo decir que casi todo el Uruguay, cuando organiza algo, lo que sea, va a una empresa pública a pedir esponsoreo. Desde lo más loable hasta lo más divertido, cultural e institucional, lo que fuere”, señaló Castro. Eso, arguyó, no está en la actividad específica del ente y es algo que sucede “permanentemente”.
Y como también quedó planteado en el documento presentado por el grupo de académicos y otros particulares —y al que adhirió la presidenta de Ancap, Marta Jara—, en su borrador Castro habla de la necesidad de una “profesionalización estricta” de los cuadros de mando principales de los entes. “El asunto fundamental es que el foco de las actividades de un director que pretende continuar su carrera política en cargos elegibles no necesariamente coincide con los requerimientos de una empresa pública, pero empresa al fin. Tampoco es razonable que deba acceder a planteos ajenos a las buenas prácticas por provenir del ámbito político, para lo cual también existen ejemplos no del todo recomendables”.
En su escrito Castro defiende el rol de los entes y reconoce que en los últimos años fueron un “factor de transformación en áreas estratégicas” del país. Menciona los cambios alcanzados en la matriz energética, el “avance vanguardista” en las telecomunicaciones, la “transparencia en el desenvolvimiento del sistema financiero y de seguros”, y el “apoyo a las actividades productivas y de vivienda”. Agrega: “Su porte y escala, además del reconocido apego de los uruguayos a sus empresas estatales, hacen que solo poderosas multinacionales puedan ser sus competidores, lo que puede poner en riesgo las decisiones estratégicas y soberanas del país”. Por eso cree necesario analizar una “serie de cambios” en su forma de gestión para “maximizar sus resultados” y mejorar la calidad de los servicios que prestan.
También sugiere la creación de una “superintendencia de empresas públicas” que regule, supervise y dirija la planificación estratégica del “conglomerado” de entidades estatales.
“Inyección de veneno”
En otro orden, el presidente del BSE propone elaborar normas para “desmontar la verticalidad de las estructuras” de las empresas, “minimizando los escalones en las carreras funcionales y elaborando incentivos que premien los desarrollos de proyectos”.
Cuestiona el planteo que representantes del futuro gobierno hicieron en torno a limitar el ingreso a la función pública y alerta sobre lo “negativo” de llevarlo a la práctica: “En un tiempo de cambios, impedir la renovación generacional sería una inyección de veneno de largo plazo. Esta prohibición ya existió, y no brindó los resultados buscados”. Explicó que en el BSE la medida llevó al ingreso irregular de personas y al envejecimiento de la plantilla de funcionarios. En general, una medida así hace “muy difícil” implementar los cambios necesarios para adaptarse a las nuevas realidades que el mercado exige, en cuanto a la adopción de tecnologías y otras disciplinas. “No digo con esto que haya que tener una canilla libre para los ingresos, pero que no quede algo cerrado a cal y canto o como un paradigma inviolable”, declaró. En ese sentido, Castro está afín a condicionar el llenado de vacantes a un porcentaje, según la situación macroeconómica del país.