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    Todo lo que cambió en Brasil con la “Copa de las Manifestaciones”

    Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Es probable que la Copa de las Confederaciones que terminó el domingo en Brasil permanezca durante un buen tiempo en la memoria de los anfitriones, no tanto por el título que obtuvo con categoría su selección de fútbol sino más bien por lo que ocurrió fuera de los flamantes estadios. La serie de protestas callejeras que sacudió al país durante el torneo adquirió tal dimensión que obligó a gobernantes y políticos a comenzar a procesar diversas medidas para calmar la revuelta social que parecían inviables poco antes. Pero una pregunta quedó flotando después de todo: ¿cuánto habrá cambiado realmente Brasil durante lo que aquí han apodado como la “Copa de las manifestaciones”?

    A simple vista, el país inició verdaderas transformaciones en las últimas tres semanas. La presidenta Dilma Rousseff propuso al Congreso una reforma política que incluya temas como el financiamiento de las campañas electorales o el fin del voto secreto de los legisladores, y sugirió someterla a plebiscito. El Congreso dio rápida media sanción a proyectos de ley que estaban dormidos, por ejemplo para tipificar la corrupción como un crimen hediondo o para destinar la totalidad de las regalías del petróleo a la educación y salud. Y varios estados y alcaldías decidieron bajar las tarifas de transporte público, cuyo aumento disparó las protestas en São Paulo, que se propagaron por todo Brasil con reclamos contra los políticos o por la baja calidad de los servicios mientras se gastan fortunas en los estadios del Mundial 2014. 

    Quizá los cambios más profundos de los últimos días ni siquiera hayan sido estas iniciativas surgidas en los despachos del poder. Las manifestaciones promovidas por una clase media que era orgullo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) expusieron diversas contradicciones y problemas sin resolver en Brasil, y contribuyeron a derrumbar la popularidad de políticos de todo pelo, comenzando por Rousseff. El mapa brasileño para los comicios del año que viene cambió tanto, que la posibilidad de reelección de la presidenta, considerada segura hace tres semanas, pasó a estar comprometida actualmente, según encuestas.

    Sin embargo, hasta qué punto los políticos aceptarán que llegue el bisturí para responder a las exigencias de las calles sigue siendo una duda tan vigente como la que existe sobre qué pasará con el movimiento de protestas en los próximos meses. Algunos analistas observan que, al menos por ahora, las reformas aprobadas han sido más simbólicas que de fondo.

    “Las manifestaciones callejeras provocaron una conmoción en el sistema político: todos los políticos quedaron con miedo”, dijo Aldo Fornazieri, director académico de la Fundación Escuela de Sociología y Política en São Paulo. “Ahora, si usted pregunta si hubo un cambio estratégico o estructural en el país, yo diría que no: los cambios que ocurrieron en poco tiempo aún se están procesando, muchos no se consolidaron todavía y en sí mismos son insuficientes”, agregó en diálogo con Búsqueda

    Una por hora

    Brasil vivió durante la segunda mitad de junio sus mayores protestas callejeras en dos décadas. El movimiento que surgió sin partidos políticos ni liderazgos claros alcanzó su clímax el jueves 20, cuando más de un millón de personas salieron a las calles en todo el país con una larga lista de demandas. El diario O Estado de São Paulo, calculó que las manifestaciones han afectado a 353 ciudades, a un ritmo promedio de una por hora. Las encuestas coinciden en que, de cada cinco brasileños, cerca de cuatro apoyan las protestas. 

    Todas las manifestaciones fueron convocadas con consignas pacíficas. Pero varias acabaron en enfrentamientos con la policía, que a menudo utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar grupos minoritarios y violentos de manifestantes, que les arrojaban piedras o cócteles molotov, sobre todo cerca de los estadios donde se jugaban partidos de las Confederaciones. En la final del torneo en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro, el gas lanzado en las calles laterales llegó a alcanzar sectores de las tribunas remodeladas, mientras los futbolistas de Brasil iniciaban su goleada de 3 a 0 sobre la España campeona mundial. El saldo de todos los incidentes relacionados a las protestas a lo largo y ancho del país hasta ahora ha sido de seis muertos, decenas de heridos y destrozos multimillonarios en varias ciudades. 

    La intensidad de las manifestaciones bajó notoriamente en los últimos días, pero el clima de efervescencia social está lejos de desaparecer. Las protestas continúan en ciudades grandes y pequeñas de Brasil, solo que en vez de concentrar decenas de miles de personas en un mismo acto con diversos reclamos, ahora son más reducidas y con demandas específicas. Algunas pasaron a reflejar intereses corporativos, como los cortes de rutas que esta semana realizaron camioneros en al menos seis estados para exigir reducciones de peajes o del precio del diesel. Rousseff advirtió ayer miércoles, que su gobierno no se quedará quieto ante estos bloqueos que afectan el “orden” del país.

    Es difícil saber si las concesiones del gobierno, el Congreso y los estados contribuyeron a descomprimir la presión de las calles. Esa fue claramente la intención de Rousseff cuando el lunes 24 se reunió con los gobernadores estatales de todo el país y los alcaldes de las principales ciudades para anunciar “pactos nacionales” que mejoren el sistema político y los servicios públicos. Entre otras cosas anunció que su administración destinará cerca de U$S 23.000 millones a obras de movilidad urbana, defendió un plan para contratar miles de médicos extranjeros que trabajarían en zonas remotas del país (lo que a su vez desató protestas de las gremiales del sector), propuso endurecer las leyes contra la corrupción y anunció su intención de promover una reforma política. 

    Pero la mandataria también se ha movido de forma confusa ante la ola de reclamos, inesperados para ella y su partido de izquierda, que antes sabía auscultar las calles con habilidad. Cuando las protestas comenzaron a crecer, Rousseff guardó un silencio cuestionado por sus críticos, pero luego pasó a defender la legitimidad de las manifestaciones e intentó endosar sus reclamos. Al presentar su idea de reforma política planteó que esta se hiciera mediante una asamblea constituyente, lo que le habría quitado poder de decisión en el tema al Congreso (léase a la clase política). Pero la jefa de Estado declinó de esa idea al día siguiente, cuando sus propios aliados comenzaban a expresar dudas sobre su conveniencia y juristas cuestionaban su legalidad. 

    De hecho, las encuestas muestran que los brasileños también están pasando factura a Rousseff por esta crisis. El índice de aprobación de su gobierno cayó 27 puntos porcentuales en las últimas tres semanas, según un sondeo de Datafolha divulgado el domingo. El estudio indicó por primera vez que, si la presidenta buscase su reelección en octubre del año que viene, no conseguiría asegurarla en una primera votación y debería ir a una segunda vuelta, aunque todavía lidera las preferencias de votos. 

    Los políticos y las calles

    Rousseff envió el martes 2 al Congreso sus propuestas de reforma política y sugirió convocar a un plebiscito para tener en cuenta la opinión de la ciudadanía en cinco puntos. Además del financiamiento de las campañas y el fin del voto secreto en decisiones parlamentarias, planteó definir si el sistema electoral para escoger diputados sigue siendo por representación proporcional o debe pasar a ser por distrito, y sugirió acabar con las suplencias en el Senado y con las coaliciones electorales entre partidos, que suelen usarse para obtener ventajas en espacios publicitarios de televisión sin fundamentos programáticos o ideológicos detrás.

    Sin embargo, tampoco está claro que se vaya a realizar un plebiscito sobre estos temas. Para que la reforma tenga vigencia en las elecciones del año que viene, debería aprobarse antes del 5 de octubre. Pero el Tribunal Superior Electoral advirtió que necesitaría al menos 70 días para organizar la consulta popular después que el Congreso decida qué preguntas se realizarían finalmente. Ni siquiera los aliados de Rousseff parecen convencidos de que este sea el camino más conveniente y buscan otras opciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, habló de crear un grupo de trabajo para proponer cambios en 90 días, lo cual acabaría de hecho con la posibilidad de que la reforma valga para los próximos comicios. 

    Cuando los manifestantes colmaban las calles de las principales ciudades de Brasil y saltaban literalmente sobre el techo del Congreso, los legisladores se apresuraron a desempolvar varios proyectos de ley olvidados. Los senadores aprobaron uno que tipifica la corrupción como un crimen hediondo. Los diputados aprobaron otro para que el 75% de las regalías provenientes de la explotación de nuevos yacimientos de petróleo se destinen a educación y 25% a la salud. Pero estas y otras iniciativas de la “agenda positiva” aún deben terminar de votarse y ser promulgadas para tener efecto. Una duda es si esto ocurrirá antes del receso previsto para el jueves 18. 

    Para muchos brasileños, el Congreso es más parte del problema que de la solución a las protestas callejeras. El propio Alves, que como titular de la Cámara Baja tiene una voz importante en la discusión de la reforma política, quedó envuelto en un escándalo ayer miércoles, cuando se supo que utilizó un avión de la Fuerza Aérea para que su novia y familiares pudieran llegar a Río a ver la final de la Copa Confederaciones el domingo. Los legisladores brasileños parecen tener una propensión peculiar a entrar en problemas con la Justicia: casi 200 de ellos o un tercio del total del Congreso enfrentan cargos diversos (desde desvíos de fondos hasta secuestros) en juicios supervisados por el Supremo Tribunal Federal (STF), informó el diario estadounidense “The New York Times” en base a datos recogidos por la organización Congreso en Foco. 

    La semana pasada, el diputado Natan Donadon se entregó a la Policía dos días después que el STF pidiera su prisión inmediata por una condena por peculado que recibió en 2010. Es la primera vez que ocurre algo así con un legislador brasileño en funciones desde que rige la Constitución de 1988, pero por ahora esta parece haber sido sólo la excepción a la regla. Después de todo, ninguno de los condenados a prisión por el STF el año pasado debido al esquema ilegal de compra de votos en el Congreso durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha comenzado a cumplir la pena. Cuatro diputados hallados culpables en ese caso emblemático de corrupción, denominado “mensalao” o gran mensualidad, siguen ejerciendo sus cargos parlamentarios.

    Todo esto deja latente la posibilidad de que las protestas masivas en Brasil regresen con otros eventos que pondrán la atención internacional sobre el país, como la visita del papa Francisco este mismo mes o el Mundial del año que viene. Aun si se aprobase la reforma política, los analistas dudan que eso consiga acabar con el creciente descontento de la gente. Carlos Pereira, un especialista en políticas públicas de la Fundación Getulio Vargas, indicó que “es muy temprano todavía para hacer una evaluación definitiva sobre el grado de los cambios” que provocarán las protestas. Pero advirtió que “el gobierno tomó decisiones equivocadas, una tras otra” al interpretar los reclamos de las calles. “La población no está demandando una reforma del sistema político (sino) más inclusión, más calidad de los servicios públicos, del transporte y la salud”, advirtió Pereira en diálogo con Búsqueda

    Fornazieri sostuvo que “la reforma política es importante, sin duda, pero no va a solucionar los problemas del país”. A su juicio, para que Brasil cambie realmente necesita una reforma tributaria que reduzca su enorme desigualdad social, un pacto federativo que mejore la capacidad de respuesta municipal a los reclamos ciudadanos, y una reforma del Estado postergada por el partido que ejerció el gobierno en la última década. “El límite del programa del PT fue precisamente que no hizo una reforma del Estado”, concluyó. “El viejo Estado ineficiente, corrupto y herrumbrado continúa como estaba antes”.