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Toman medidas para garantizar el derecho a voto de discapacitados
Rampas provisorias y videollamadas con intérpretes de lenguaje de señas son algunas de las soluciones que impulsan trabajadores, organizaciones sociales y entidades estatales
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Con las elecciones internas del domingo 30, Uruguay iniciará un período electoral que culminará en mayo de 2020 cuando cada departamento elija sus intendentes, ediles, alcaldes y concejales. Frente a esa sucesión de votaciones, la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, organizaciones sociales y algunos organismos estatales iniciaron un trabajo de coordinación para adoptar medidas concretas que tiendan a garantizar el derecho a sufragio de la población con discapacidad.
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Según contó a Búsqueda Martín Nieves, responsable de organización de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, la iniciativa surgió a partir de la inquietud que manifestaron organizaciones sociales de personas con discapacidad. Con base en la experiencia de elecciones anteriores, sugirieron la posibilidad de hacer adaptaciones que permitan sortear las dificultades que han experimentado en el pasado. El Ministerio del Interior, el de Desarrollo Social y la empresa de telecomunicaciones Antel fueron los organismos públicos que manifestaron su interés en sumarse a la coordinación.
Nieves explicó que el trabajo se concentrará en cuatro aspectos. El primero es la adaptación del medio físico. En ese sentido, trabajarán con “rampas provisorias” que permitan “superar las barreras de uno y dos escalones”. El Ministerio del Interior pondrá a disposición unas 50 rampas.
En segundo lugar, intentarán salvar “las barreras de comunicación” para los votantes que necesiten lenguaje de señas. En ese caso, implementarán un servicio de intérpretes mediante videoconferencia. Dos intérpretes del Programa Nacional de Discapacidad estarán a disposición de los trabajadores de las mesas a lo largo de la jornada.
Según datos relevados en el censo de 2011, en Uruguay hay unas 517.771 personas con discapacidad. En 365.462 (70,5%) casos se trata de discapacidades leves, en 128.876 (24,8%) moderadas y en 23.433 severas (4,5%).
En una tercera línea de trabajo, la Asociación de Funcionarios Electorales redactará un instructivo para que el personal de las mesas sepa cómo atender a las personas con distintas discapacidades. También estará a disposición de los trabajadores una línea telefónica para evacuar dudas.
Por último, se apoyarán en la aplicación para celulares RampitaUy para generar una base de datos sobre la accesibilidad de los circuitos de votación. RampitaUy es una plataforma colaborativa que releva en un mapa las características de accesibilidad de los edificios de la ciudad para discapacidades visuales, motrices y auditivas. Para las elecciones, se agregarán a la base de datos de la aplicación las condiciones de los circuitos de votación.
Según un relevamiento estimado, de los 2.703 circuitos de votación de Montevideo hay unos 590 (20%) que no son accesibles. Eso no implica que en el restante 80% esté garantizada la accesibilidad. Puede ocurrir que sea accesible el ingreso al edificio pero haya dificultades para el ingreso a los cuartos de votación.
Al margen de esas cuatro líneas de trabajo, las organizaciones aspiran a alcanzar una solución definitiva: permitir que la población con discapacidad pueda ejercer el voto observado en un circuito que les quede cerca o en el que sepan que no se van a encontrar con dificultades. Esa modificación requiere la aprobación de una ley y por eso ya iniciaron un intercambio con las bancadas de los distintos partidos políticos.
Para Nieves, lo que está en juego es el cumplimiento de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, que Uruguay ratificó en 2008. Allí se establece que los estados parte deben garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos políticos en igualdad de condiciones y detalla, por ejemplo, que los procedimientos, las instalaciones y los materiales electorales deben ser accesibles y fáciles de entender y utilizar.
“Tenemos la intención de instalar la cultura de la accesibilidad en el voto, que es algo que hasta ahora se hacía de forma desperdigada o no sistematizada”, resume Nieves.
Discapacidades moderadas
Según datos relevados en el censo de 2011, en Uruguay hay unas 517.771 personas con discapacidad. En 365.462 (70,5%) casos se trata de discapacidades leves, en 128.876 (24,8%) moderadas y en 23.433 severas (4,5%).
El trabajo que el PIT-CNT lleva adelante junto con organizaciones sociales y organismos estatales apunta a la población con dificultades moderadas. Eso obedece, según explicó Nieves, a que quienes sufren discapacidades leves tienen más posibilidades de adaptarse al medio. Los casos severos, por el contrario, en general tienen muy baja participación e inserción social por las grandes dificultades que padecen. En ambos grupos, aclara, hay excepciones que podrían requerir adaptación de los centros de votación. Como ejemplo, señala que conocen personas que pese a sufrir dificultades severas, tienen inserción social y hasta cursan estudios terciarios.
Tomando en cuenta las dificultades moderadas, el censo de 2011 registró unas 119.839 personas mayores de 15 años, que podrían estar en este período habilitadas a votar. Como referencia del nivel de incidencia electoral de esa población, lograr una banca en el Senado implica unos 70.000 votos.
