La generación de residuos ocupa un lugar cada vez más preponderante en la agenda gubernamental. Es que los bajos índices de recuperación y reciclaje, así como la escasa clasificación por parte de empresas y ciudadanos, hacen que el problema no tenga una salida sencilla.
En ese marco, la labor de los clasificadores de residuos juega un rol fundamental. Sin embargo, los trabajadores de las distintas plantas de clasificación se encuentran en “una inestabilidad absoluta” respecto a su situación laboral, al no existir un convenio entre el Estado y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) que regule su actividad.
Así lo denunció Manuel Chabalgoiti, exdirector nacional de Ordenamiento Territorial e integrante del grupo de trabajo que estudia la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos (integrado por la Universidad de la República, el PIT-CN y Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), durante una comparecencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social del Parlamento a fines de abril.
El ingeniero, en representación del sector académico, dijo que desde 2020 “las ya precarias y bastante poco claras relaciones laborales” que contextualizaban el trabajo de los clasificadores de las plantas “comienzan a dejar de existir”. Desde entonces “no existen relaciones de trabajo claras entre ellos y aquellos a quienes prestan sus servicios o para quienes realizan su trabajo”, añadió.
“Esto genera una gran incertidumbre en un sector que ya de por sí es vulnerable y con precarias condiciones de vida y de trabajo”, señaló.
Según Chabalgoiti, la “situación indefinida” en la que quedaron los trabajadores al pasar de ser asalariados a conformar cooperativas, se debe a que desde hace dos años no se firma un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo (IM) y la Cámara, que regularía el funcionamiento de las plantas. “Por lo tanto, ¿qué es lo que los ampara hoy en día?”, cuestionó.
Paralelamente, el especialista sostuvo que se encuentra vigente la Ley de Gestión Integral de Residuos, la cual contiene las herramientas, los instrumentos y las competencias asignadas a distintos sectores del Estado para que esta situación pueda ser resuelta. “O sea que, por un lado, esto no se resuelve y, por otro, hay una disposición legal vigente y aplicable que no ha sido implementada por parte de los competentes en esto, principalmente el Ministerio de Ambiente”, indicó. Según dijo, no conocen al día de hoy ningún decreto reglamentario de esta ley, muchos de los cuales ya deberían haber sido adoptados según los plazos estipulados en el texto.
“Nos preguntamos por qué no se ha reglamentado la ley, que da el marco para que las relaciones laborales y los trabajadores se encaucen por los caminos regulares y naturales que tienen”, afirmó. “Hoy no hay ninguna formalización. Si nos preguntamos a quiénes prestan sus servicios o dónde está el contrato, el convenio o el documento que dice que tal cooperativa le presta servicios a cuál sector público o privado, la respuesta es que no existe”, agregó.
Cecilia Bargas, presidenta de la Cooperativa Burgues e integrante de la mesa de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), dijo ante la Comisión que aspiran a “seguir creciendo mucho más” y que la falta de un convenio es una limitante. “Hoy no tenemos autonomía”, afirmó, lo que, por ejemplo, les impide incorporar nuevos procesos que le den mayor valor al material reciclado. Por su parte, el vicepresidente de Ucrus, Luis Catalano, reclamó que se les “reconozca” el trabajo que hacen: “Me siento orgulloso de ser clasificador y me gustaría que se me reconociera el trabajo que estoy haciendo, que no es menor”.
Actualmente ingresan a los sitios de disposición final de todo el país más de 200.000 toneladas de residuos plásticos cada año. De ellas, unas 80.000 son envases, de los cuales las plantas de clasificación logran recuperar menos del 4%. Con el objetivo de mejorar esos magros resultados, la cartera de Ambiente ha impulsado una serie de iniciativas, como por ejemplo, establecer objetivos mínimos de recuperación para los próximos años (30% a fines de 2023 y 50% a 2025) y potenciar el trabajo que se realiza en las plantas de clasificación.
Acuerdo extraviado
Luego de que tanto Chabalgoiti como representantes de Ucrus denunciaran esta situación, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Guillermo Moncecchi, y la directora de Desarrollo Social de la comuna, Mercedes Clara, también plantearon su inquietud por el tema en el Parlamento.
Moncecchi manifestó su preocupación por la falta de renovación de un acuerdo para los trabajadores y afirmó que es “importante fijar las reglas de juego para el funcionamiento de las plantas de clasificación, porque es lo que permitiría hacerlas crecer”.
El jerarca explicó que si bien desde la IM trabajaron para lograr un nuevo convenio que fue acordado por todas las partes, la CIU fue el único actor que decidió no firmarlo, argumentando que estaban por presentar el plan VALE (su nueva iniciativa para potenciar la recuperación de envases). “La Cámara sostenía y sostiene que no había que innovar hasta que ese plan estuviera establecido, si bien las plantas de clasificación siguen funcionando”, afirmó el jerarca.
Por su parte, Clara señaló que “en este tiempo de incertidumbre y vacío” en relación con el convenio, los trabajadores denunciaron en varias ocasiones su dificultad para crecer. “Ellos sienten que tienen un techo, que la CIU no ha apostado”, explicó.
Consultado al respecto, el director de Sostenibilidad de la gremial, Julio Sosa, aseguró que “se trata de un mal entendido” y que la CIU sí firmó el convenio. El problema es, argumentó, que cuando comenzó la ronda de firmas el documento “se extravió” en la mudanza del Ministerio de Ambiente hacia la Torre Ejecutiva.
“Y cuando se planteó volver a firmarlo, se quisieron introducir innovaciones respecto al convenio que ya estaba acordado y sobre el que ya había empezado la ronda de firmas. Lo que pedimos fue volver al texto acordado, que con todo gusto firmaríamos; pero eso no pasó”, indicó. Sin embargo, dijo no recordar qué organismo había introducido los cambios en cuestión.
Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente del PIT-CNT, dijo a Búsqueda que la pérdida del documento “parece ser algo muy raro”. Según explicó, cuando el convenio firmado se perdió, la IM volvió a redactar uno nuevo en el que agregaba solamente una cláusula para que las empresas presentaran una declaración jurada, algo que la CIU se rehusó a firmar.
“¿Cuál era el fundamento para no aceptar ese punto o al menos negociar que se sacara? Nada. Simplemente la Cámara se retiró de las reuniones de seguimiento y dejó de participar”, indicó. A partir de ese entonces, afirmó Ramada, las cooperativas “están trabajando en el aire, lo que deja a los clasificadores en una situación muy vulnerable” y limita su autonomía.
