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Cuando una situación de conflicto laboral no encuentra salida, es común que los sindicatos busquen en el Parlamento un camino alternativo. Los funcionarios del Poder Legislativo, a diferencia de otros trabajadores, tienen a diario un contacto directo con los diputados y los senadores. Sin embargo, eso que a priori podría verse como un privilegio, no les hizo las cosas más sencillas a quienes tiempo atrás comenzaron a intentar formar allí un sindicato. Según cuentan sus referentes, el joven Sindicato del Poder Legislativo (Sipole) demoró casi dos años en conseguir que el Parlamento cumpliera con “lo básico”: una cartelera y el descuento sindical. O debieron ir al Ministerio de Trabajo para plantear que se inspeccionaran algunas dependencias del Poder Legislativo porque había problemas de seguridad y salubridad.
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“En el Parlamento, donde se votan las leyes, tuvimos estas dificultades”, remarcó Manuel Origoni, uno de los dirigentes del Sipole, que además, dijo que en el Poder Legislativo costó entender el alcance de la ley de negociación colectiva aprobada por senadores y diputados.
En una conversación con Búsqueda, tres integrantes del Sipole dijeron que apelan a “romper con el paradigma” de que los funcionarios del Parlamento no son trabajadores como los demás y no tienen ningún reclamo para hacer. “Está esa sensación de que los trabajadores del Parlamento están todos acomodados, están en la joda, que no trabajan nada y que somos privilegiados”, afirmó Humberto Rodríguez.
“No tenemos que estar fuera de las luchas de los trabajadores del país”, agregó Origoni.
El Poder Legislativo tiene unos 1.200 funcionarios, a los que se suman los legisladores y sus secretarios. Además del sindicato, existen desde hace años y están muy arraigadas tres asociaciones: la de los funcionarios de la Cámara de Representantes, la del Senado y la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.
Esas asociaciones son las que tradicionalmente negociaron con las autoridades mejoras en el trabajo. Sin embargo, para el Sipole no llenan el espacio que debe cubrir un sindicato. “Las asociaciones llegan hasta cierto punto. Y el sindicato unifica a todo el Palacio”, explicó Fernando Talento.
Los tres referentes del Sipole están afiliados a su correspondiente asociación de funcionarios. Según entienden, “una cosa no quita la otra” y el sindicato pretende cumplir otro papel. El Sipole envió cartas para iniciar un vínculo formal con las tres asociaciones y ya tuvo una primera reunión con la de la Comisión Administrativa.
Una de las limitaciones de las asociaciones, sostuvieron, son los vínculos políticos de sus integrantes. Rodríguez dijo que el sindicato quiere “quebrar” también con esa lógica. “Acá todavía tenemos gente que entró por cuota política. Así era como se ingresaba hasta hace unos años. Eran acuerdos políticos: a un sector le correspondían tantos funcionarios, y así entraba gente. Se llenaban con familiares y militantes de los sectores, salvo el Frente Amplio, que ya en el 85 hacía llamados públicos abiertos”, explicó.
Esta forma de ingreso, continuó Rodríguez, ya genera una “deuda” de las personas “con quienes le proveyeron el trabajo”. “Las asociaciones que se crearon a la salida de la dictadura tienen esa impronta. Cada uno tiene esa cosa de cuidarse, de que si el presidente de la Cámara es de tal partido no se lo puede atacar, hay que esperar. Siempre hubo una dependencia política muy fuerte. Tratamos de quebrar con esa idea. Los partidos políticos son parte esencial de la democracia y está todo bien, pero nosotros somos trabajadores que no tenemos que tener una opinión en función de una visón partidaria, sino en función de los intereses de los trabajadores. Eso, que es muy sencillo de decir, es muy difícil de aplicar”, sostuvo.
El Sipole está integrado al PIT-CNT, aunque aún tiene una magra afiliación entre los 1.200 funcionarios. Talento dijo que al comienzo, la presencia del sindicato provocó “un poco de rispideces” en la interna. “Cuando alguien te saca de tu medio y trae un tercero, incomoda. Pero de un tiempo a esta parte se entendió que era para colaborar y no para poner el palo en la rueda”, reflexionó.
Agenda de problemas.
Una de las preocupaciones del sindicato son las condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo. Las inspecciones que pidieron al Ministerio de Trabajo terminaron con la clausura del taller de carpintería, ubicado a pocos metros del Palacio Legislativo, y de los talleres que estaban en el subsuelo del Edificio Anexo.
El ministerio, junto a la técnica prevencionista del Parlamento, está trabajando en la seguridad para evitar incendios y realizar un plan de evacuación.
Otro problema sobre el que buscan trabajar es la sobrepoblación de funcionarios en pocos metros cuadrados. “No se respetan los espacios básicos, y hay lugares poco iluminados”, dijo Origoni. Un ejemplo son las imprentas, ubicadas en el subsuelo, que están en lugares “no muy aptos”.
El principal problema y el más notorio son las iniquidades salariales existentes entre las tres unidades ejecutoras. En algunos casos los trabajadores tienen distintos sueldos para las mismas tareas. Incluso los ujieres (porteros) cobran distinto según la unidad en la que estén por cumplir idéntica tarea. Hay tres estatutos diferentes y —comentan en tono de broma— hasta tres días del funcionario distintos.
Un tema que ganó peso en su agenda en los últimos meses son las situaciones de acoso laboral. Rodríguez dijo que han recibido denuncias de compañeros y que llevaron el tema a jerarcas. Según señalaron, es frecuente que se den situaciones arbitrarias: “Un día estás en este piso y luego te mando al subsuelo a una oficina oscura”, dijo Rodríguez. “Acá, cuanto te ponen en penitencia, te mandan al subsuelo”, acotó Origoni.
