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    Tras años subiendo peldaños, Uruguay quedó expuesto a un revés en su evaluación crediticia

    Standard & Poor’s ve una probabilidad mayor a 33% de rebajar la nota de la deuda pública, que puso con perspectiva “negativa”

    Luego del traspié que vino con la crisis de la deuda y la operación de canje de bonos de 2003, la calificación de riesgo soberano de Uruguay siempre había ido en progresión ascendente, subiendo escalones o mejorando su perspectiva. Así fue que en 2012 recuperó la categoría de inversión de bajo riesgo o investment grade.

    La evolución positiva se cortó el lunes 6 —casualmente, el mismo día que el oficialismo anunció un acuerdo político en torno al plan de ajuste fiscal que propondrá al Parlamento—: Standard & Poor’s (S&P) ratificó la nota “BBB” para la deuda pública a largo plazo tanto en pesos como en moneda extranjera, pero modificó el concepto que la acompaña y que marca su posible tendencia, pasando de “estable” a “negativa”. Otras agencias también tienen bajo análisis la perspectiva de la calificación de riesgo soberano de Uruguay, aunque no piensan en el corto plazo quitarle la categoría de investment grade.

    En el caso de S&P, la perspectiva negativa refleja que existe una probabilidad mayor a 33% de que las calificaciones del país sean rebajadas en los próximos seis meses a dos años.

    Ya el año pasado, S&P había advertido al gobierno de que entendían necesario hacer una corrección fiscal. “Cuanto antes se toman estas medidas es mejor. Pero tienen un costo político y son las autoridades” las que definen el momento de adoptarlas, comentó a Búsqueda Delfina Cavanagh, directora asociada del área de riesgo soberano para América Latina de esa calificadora.

    Ahora se decidió colocar en negativa la perspectiva pese a que se acaba de anunciar un plan de ajuste fiscal, dado que todavía debe sortear el trámite parlamentario y mostrar su resultado en los números. Es “una señal positiva”, pero “aún vemos riesgos de que las medidas no sean suficientes” para colocar el desequilibrio en las cuentas públicas en una senda de reducción, señaló la analista.

    Según Cavanagh, un punto fuerte que sigue mostrando Uruguay es su “resiliencia” frente a un contexto regional desfavorable. “Esto no significa que no vaya a haber un impacto, por ser una economía pequeña y abierta”, puntualizó.

    Riesgos.

    En su informe, S&P alegó que el deterioro de la perspectiva refleja “el riesgo de que un crecimiento más débil de lo esperado pueda llevar a que continúe disminuyendo el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita en dólares que debilite la calidad crediticia de Uruguay”. La agencia estima que la economía del país crecerá 0,7% este año y 1,5% el próximo, un guarismo “bajo” que podría comprometer el plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y contener el aumento de la deuda pública. Según sus cálculos, el nivel de actividad se iría acelerando en los años siguientes: la expansión sería de 2% en 2018 y 2,5% en 2019.

    Para S&P, el resultado fiscal negativo (hoy en 4% del PBI) seguirá aumentando en 2016. Hacia delante, estima que las medidas de ajuste que el gobierno espera implementar a través de la próxima Rendición de Cuentas permitirán reducir el déficit en los siguientes tres años.

    S&P proyecta que el gobierno central terminará el año con un déficit de 4,5% del PBI, y que habrá una gradual reducción del desequilibrio (a –3,8% en 2017, –3,2% en 2018 y –2,8% en 2019).

    “El amplio consenso político sobre la necesidad de una consolidación fiscal refleja las estables y bien establecidas instituciones de Uruguay que anclan la estabilidad económica. Esperamos que la administración del presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, siga implementando políticas que faciliten el crecimiento, aunque la velocidad de este progreso podría ser más lenta de lo que originalmente esperábamos”, señala.

    A su vez, S&P estima que la deuda neta del gobierno alcanzará un máximo equivalente a 53,8% del Producto en 2016, para después bajar a 49,4% hacia el final del período.

    También prevé una moderación de la inflación en los siguientes años, que volvería a registros de un solo dígito: 8,7% en 2017, 7,7% en 2018 y 6,7% en 2019. Allí hay otro punto de preocupación que comparten las principales calificadoras de riesgo soberano.

    Compromisos.

    Es usual que el Ministerio de Economía (MEF) divulgue en su portal de Internet los informes relativos a las calificaciones de riesgo del país que van emitiendo las principales agencias. Así lo hizo el lunes con el reporte de S&P, aunque en esta ocasión fue seguido por un comunicado donde resaltó que el país conserva la nota más alta de su historia (las primeras calificaciones fueron contratadas en los años noventa). Y que recientemente la evaluación crediticia de países vecinos ha sufrido degradaciones, por lo que lo ocurrido ahora con Uruguay se enmarca en un contexto más complejo para toda el área.

    Mantener el invest­ment grade ha sido señalado como una prioridad por el presidente Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori. Tener ese estatus le ha permitido a Uruguay obtener financiamiento en los mercados internacionales a un menor costo que los gobiernos peor calificados y atraer inversión extranjera.

    El cambio de perspectiva anunciado por S&P no tuvo efectos evidentes en los mercados, hizo notar una fuente gubernamental a Búsqueda. De hecho, el rendimiento de los bonos en dólares tendió a bajar (y a aumentar su cotización), acompañando la evolución de otros soberanos de la región.

    En su comunicado, el MEF subrayó también las “fortalezas productivas, financieras, sociales e institucionales construidas a lo largo de los últimos años, en el marco de la consistencia de sus políticas macroeconómicas”.

    Alegó que el aumento del déficit fiscal en los últimos tiempos “responde esencialmente a los efectos que el marcado deterioro del contexto internacional y regional ha tenido sobre la actividad económica local”. Frente a ese panorama, reafirmó el “compromiso con la responsabilidad fiscal” asumido por el gobierno y que se mantiene el propósito de llevar el desequilibrio a niveles de 2,5% del Producto hacia 2019, de forma de estabilizar la trayectoria de la deuda pública.

    En el comunicado también ratificó su determinación de bajar los niveles de inflación (11% en los 12 meses a mayo).

    En el gobierno se preparan para recibir a fin de mes o comienzos de julio la revisión de la calificación por parte de Moody’s con una probabilidad relativamente alta de que siga el mismo camino que S&P.

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