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    Tras cinco años en vigor baja la venta del seguro obligatorio automotor, cuyo control es “casi inexistente”, según compañías

    A cinco años de la puesta en marcha del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), la venta de estas pólizas viene bajando y hay un “porcentaje relevante” de vehículos sin cobertura debido a la “casi inexistente” fiscalización en la calle, afirman los operadores del sector asegurador.

    El SOA se creó por la ley Nº 18.412 de noviembre de 2008 y tras su reglamentación entró en vigor el 19 de agosto de 2009. Es una póliza obligatoria para cubrir los daños de lesión o muerte que sufran terceras personas como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores y acoplados remolcados, más allá de la existencia de culpa o no.

    Después de un impulso al principio, la venta de SOA decayó a pesar de que el parque automotor se expandió en los últimos años.

    “El primer año llegamos a tener unas 350.000 pólizas”, informó a Búsqueda el director de la división comercial del Banco de Seguros del Estado (BSE), Nelson Montaldo. A fines de julio pasado esa entidad contaba con 224.000 SOA, 36% menos que al primer año de vigencia.

    Esa reducción se explica, según Montaldo, no solo por la falta de fiscalización en la calle, sino porque la entidad “migró” una cantidad de pólizas básicas a seguros con mayor cobertura como el producto SOA plus y SOA plus más vida que en total suman otros 52.000 contratos. Considerando todas estas pólizas, la caída en las ventas de SOA se ubica en torno al 20% frente a 2009.

    El BSE cuenta con más del 90% de las coberturas SOA, que contratan los titulares de motos, autos, camiones, camionetas, ómnibus, tractores, semirremolques, trailers, etc., aseguró el gerente.

    Mauricio Castellanos, director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras privadas, dijo a Búsqueda que esas compañías tienen una menor participación en la venta de SOA porque apuestan a que las personas, ya que están obligadas a comprarlo, opten por una póliza con “mayor valor agregado”.

    “El mercado bajó. Nos damos cuenta de que gente que contrató una póliza SOA en cuanto compró el vehículo, muchas veces no la renueva y pide la cancelación al año”, contó Montaldo.

    A su juicio, el mercado de estas coberturas obligatorias entró en cierta “estabilidad” en cuanto a la cantidad de contratos, aunque la “conciencia reclamante puede aumentar un poco todavía”.

    Mirando las cifras del BSE, opinó que el SOA “no está 100% maduro” aunque “no está lejos”.

    No hay datos oficiales sobre la siniestralidad total del SOA. En el caso de la cartera del BSE, fueron 4.715 entre el 19 de agosto de 2009 y el 30 de junio pasado. Las coberturas especiales, que son aquellas en que se indemniza al tercero por el daño que le produjo un vehículo no identificado, hurtado o carente de SOA y son distribuidas por el BCU para que las compañías las paguen— fueron casi un tercio de los siniestros SOA del BSE. Según las estadísticas, esos casos han ido en aumento: hubo 35 en 2010, 157 en 2011, 288 en 2012, 566 en 2013 y 282 en la primera mitad de este año.

    Montaldo analizó que la proporción de coberturas especiales dentro de la cartera SOA del BSE puede indicar la cantidad de vehículos que circulan sin la póliza obligatoria. Por eso, dijo, la ley no cumplió con el objetivo de que “ningún vehículo circule sin seguro”.

    Falta fiscalización.

    Castellanos consideró que la creación de esta póliza ha sido positiva para la sociedad y para el mercado asegurador, aunque pasados cinco años falta un “seguimiento” del sistema para mejorarlo.

    Agregó que existe “malestar” porque no se ha conformado un ámbito para analizar posibles soluciones a los problemas prácticos que se presentan y a la falta de fiscalización en la vía pública, que, afirmó, es “casi inexistente”.

    “El riesgo que vemos es que como no se fiscaliza queda un porcentaje relevante de vehículos sin seguro, que son los que terminan generando las coberturas especiales”, comentó.

    Desde el inicio del SOA el control que se hace es de tipo administrativo, al momento de empadronar vehículos, hacer transferencias, cesiones, etcétera, a través de las Intendencias, los registros públicos, el Ministerio del Interior (Policía Caminera y de Tránsito que brindan información de multas). Castellanos afirmó que esa fiscalización es la que funciona “mejor, sin funcionar bien”, puesto que se prevé que el control sea de los últimos tres años y ello no se está haciendo porque no hay una herramienta que brinde fácilmente información histórica.

    Se quejó porque las compañías “cumplen su rol” y “del otro lado” las autoridades no lo hacen. Y consideró que la información aportada por el BCU es insuficiente.

    Aseguró que la ley establece la prohibición de circular sin SOA y que en caso de constatar la infracción el Ministerio del Interior debe proceder al “secuestro y depósito” del vehículo y a la aplicación de una multa. “Hasta donde sabemos no hubo ni un solo vehículo” secuestrado por ese motivo, añadió.

    También sugirió perfeccionar el sistema excluyendo la indemnización cuando el accidentado o víctima tuvo una conducta “absolutamente imprudente” y fue el causante del siniestro.