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Como parte del “shock de austeridad” y de cortar con el “despilfarro” de los gobiernos frenteamplistas, Luis Lacalle Pou y su equipo plantearon en la última campaña electoral dejar sin cubrir el 21% de las vacantes en áreas no esenciales que se producen cada año en el Estado. Sin cubrir 5.600 puestos se lograría un ahorro de US$ 100 millones anuales en salarios y cargas sociales. “No es un número caprichoso” sino que surge de hacer cálculos “mirando los números” que releva la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), decía en abril de 2019 la hoy ministra de Economía, Azucena Arbeleche, entrevistada en el programa En perspectiva.
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La administración del Frente Amplio de entonces había implementado un régimen de ese estilo para cubrir solo dos de cada tres vacantes. Pero, según Arbeleche, los datos de 2017 de la ONSC mostraban que “no se había cumplido esta regla”, salvo en algunas empresas públicas como Ancap y Antel.
“Justamente, más de una vez se ha hablado de no proveer vacantes. La experiencia indica que es una tarea compleja”, repreguntó el periodista Emiliano Cotelo. La asesora de Lacalle Pou defendió su plan: “Perdón que vuelva pero, si no cambiamos el chip de hacer las cosas diferente, no vamos a lograr resultados diferentes. Y aquí lo que tenemos es una historia de mucho tiempo en donde lo que ha pasado es que, cuando se necesita más plata (…), el gobierno ha recurrido a más tarifas y más impuestos, y no hay una revisión de cómo hacer las cosas. Estas no son cosas sofisticadas, son de sentido común, y hay que tener coraje para llevarlas adelante”.
Los datos más recientes sobre los vínculos laborales con el Estado, al cierre de 2022, fueron informados por el Poder Ejecutivo junto con los documentos que acompañaron el proyecto de Rendición de Cuentas presentado al Parlamento el último día de junio. Las cifras muestran un crecimiento tanto de los funcionarios públicos como de aquellos que trabajan en diferentes áreas estatales con otro tipo de relación como becario, pasante, arrendamiento de obra y de servicios y contrato laboral, por ejemplo.
En 2022 hubo un total de 308.557 vínculos laborales, de los cuales 296.925 tenían calidad de funcionarios y 11.632 eran no funcionarios.
La ONSC revisó la cifra de los funcionarios de 2021; teniendo en cuenta eso, el aumento del total de vínculos fue de 1.882 (0,7%). Fue el primer incremento en lo que va del actual período de gobierno.
El informe interpretó la cifra de los funcionarios públicos con ambigüedad: “Se mantienen estables con un leve aumento de 270 vínculos”. En la mayoría de los organismos hubo disminución o estabilidad, en tanto que se incrementaron en 15 incisos, en particular la ANEP (1.557 más que en 2021), debido a la incorporación a la plantilla de los docentes del CLE (Centros de Lenguas Extranjeras) y de “facilitadores”.
En 2022 los vínculos sin calidad de funcionarios “aumentan nuevamente en un 19,4% respecto a 2021”, sobre todo por el incremento en puestos para “tareas puntuales en ANEP para tribunales examinadores y aplicadores de las distintas pruebas (PISA, Terce, etc.)”, así como de docentes no “escalafonados” en el Ministerio de Defensa y en el INAU.
En lo que va de este siglo, el total de vínculos laborales con el Estado al cierre del último año calendario de cada período de gobierno era de 241.725 bajo la presidencia de Jorge Batlle (2004), 264.957 con Tabaré Vázquez (2009), 308.091 con José Mujica (2014) y 312.878 en la segunda administración de Vázquez.
Según surge de la Rendición de Cuentas, en 2022 el gasto en retribuciones personales, cargas legales y prestaciones sociales de los organismos incluido en el Presupuesto fue de $ 217.462 millones, equivalentes a US$ 5.282 millones. Eso representó el 28% de los egresos totales del ejercicio.
Para Estado
Desde hace algunos años la ONSC también releva los vínculos laborales en las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica, la naturaleza de su vínculo y su financiación, la mayoría de los organismos remitieron la información solicitada.
A diciembre de 2022 se informó un total de 6.415 vínculos en las personas jurídicas de derecho público no estatal, un aumento frente a los 6.126 del año anterior.
En las 29 entidades con participación estatal mayoritaria de entidades como el BROU, Ancap, UTE, AFE, Antel o la Corporación Nacional para el Desarrollo hubo el año pasado 2.483 vínculos laborales (frente a 2.433 en 2021) y 72 miembros de directorios.
