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    Uruguay criticó las sanciones impuestas a los integrantes de la Corte Penal Internacional y expresó su apoyo “inequívoco” al organismo

    La delegación uruguaya en Naciones Unidas expresó su “preocupación” por las amenazas que enfrentan sus integrantes y sostuvo que los países deben ejecutar “las órdenes de detención” pendientes

    La Asamblea General de Naciones Unidas tenía en su agenda este lunes 2 analizar y aprobar el último informe de la Corte Penal Internacional (CPI), en el que describe sus actividades en el último año y propone cambios a su trabajo. Dado el contexto, con Estados Unidos aplicando sanciones a sus integrantes, no era un trámite burocrático más.

    La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de Japón, tuvo que presentar el informe anual de manera virtual, dado que es una de las sancionadas por el gobierno de Donald Trump. A comienzos de octubre, Estados Unidos prohibió a la corte y sus integrantes el acceso a servicios financieros con sede en su país, a empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares. El objetivo declarado por las autoridades norteamericanas es “desmantelar” la organización.

    Durante su intervención en la asamblea, la delegación de Uruguay dejó plasmado su respaldo “inequívoco” a la CPI y su “lucha contra la impunidad por el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión”.

    “Uruguay expresa su profunda preocupación por el incremento de las amenazas, los actos de intimidación y las medidas coercitivas dirigidas contra la corte, sus jueces, fiscales, funcionarios, abogados y quienes cooperan con ella”, dijo la representante ante la ONU, Laura Dupuy. “Estas acciones constituyen una amenaza a la independencia de la corte y al funcionamiento del sistema de justicia penal internacional”.

    La diplomática sostuvo que el país considera fundamental “asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados” con la CPI, en particular “la ejecución de las órdenes de detención y entrega pendientes”.

    La orden de detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue objeto de controversia a nivel internacional y también local. Durante una entrevista con Al Weso, la vicecanciller Valeria Csukasi dijo que Uruguay “está obligado por sus compromisos ante la Corte Penal Internacional a ejercer y actuar sobre esa orden de captura internacional” contra el primer ministro israelí. Esa declaración le valió críticas de la oposición y del oficialismo, incluido el presidente Yamandú Orsi, pero también señales de respaldo.

    Dupuy dijo en la ONU que al gobierno le preocupa que varios Estados han notificado su retirada del Estatuto de Roma, el tratado internacional firmado en 1998 que fundó la CPI. “Uruguay reitera su compromiso con la preservación de una corte penal internacional independiente, imparcial y eficaz, capaz de cumplir plenamente su mandato, especialmente frente a los crecientes desafíos y amenazas que enfrenta”, cerró la embajadora.

    Después de más dos horas de debate, la Asamblea General aprobó el informe de la CPI con 93 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones. Uruguay, Canadá, Francia, Reino Unido y Japón estuvieron entre los votos positivos, mientras que Estados Unidos, Argentina, Paraguay e Israel estuvieron entre los países que votaron negativo.

    Minutos antes de votar, el representante de Estados Unidos recordó la posición crítica de su país sobre la CPI. Esa organización “ha adoptado acciones politizadas contra el personal de Estados Unidos y sus aliados que no han consentido en aceptar su jurisdicción”, aseguró. “Las acciones de la Corte son un precedente que amenaza la soberanía de los Estados y nuestra seguridad nacional, así como nuestra política exterior”.