En apenas unas horas, Peña se convirtió en el segundo presidente destituido en la historia de la democracia paraguaya, después del izquierdista Fernando Lugo, en 2012. La Fiscalía también ordenó su detención, que la Policía Nacional ejecutó casi de inmediato. El exmandatario quedó bajo arresto domiciliario y ahora está citado a declarar, a la espera de que se formulen cargos en su contra.
Peña había terminado el 5 de noviembre todavía como presidente en funciones. La falta de quórum en la Cámara de Diputados impidió tratar su renuncia, presentada poco antes.
El alivio duró poco. El Senado se constituyó en tribunal para tratar el juicio político en su contra, mientras un grupo de diputados encabezado por Rocío Vallejo asumió el papel de fiscal. El debate comenzó en la mañana del 6 de noviembre.
Peña no asistió a la sesión. En su lugar, designó al abogado Ricardo Preda para que asumiera su defensa ante el Senado. La acusación sostenía que el mandatario tenía conflictos de interés, manipulaba la supervisión regulatoria, desviaba fondos de pensiones y participaba en un encubrimiento institucional que involucraba al Banco Central.
Preda calificó de “estrepitoso fracaso” el escrito de acusación. También insistió en que se aceptara la renuncia de Peña y pidió una prórroga de 72 horas para preparar la defensa, debido a la extensión del documento, que tenía unas 300 páginas.
Ante la negativa del Senado, el abogado amenazó con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argumentó que Peña estaba siendo sometido a un proceso de destitución sin garantías de debido proceso ni de legítima defensa.
El Senado aprobó por unanimidad las pruebas presentadas contra Peña en el marco del juicio político, que continuó sin la presencia del acusado.
A continuación, la Cámara Alta pasó a votar su destitución por «mal desempeño de funciones». Los 44 senadores presentes respaldaron la medida, sin votos en contra ni abstenciones. Afuera del Congreso, una multitud celebraba cada vez que los parlamentarios anunciaban su voto favorable.
Poco después, el ahora expresidente publicó un mensaje en X en el que confirmó que había presentado su renuncia «para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay». También dijo que no quería que su “presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”.
De esta forma, Peña siguió el camino de Fernando Lugo, un exobispo católico socialista que rompió brevemente el dominio de 60 años del Partido Colorado, hasta su desalojo del poder en 2012, luego de un controvertido juicio político que muchos gobiernos latinoamericanos y algunos europeos calificaron como una ruptura del orden democrático.
Pedro Alliana, de la supervivencia al poder
Inmediatamente después de la destitución de Peña, el presidente del Senado, Basilio Núñez, tomó juramento al vicepresidente Pedro Alliana, a quien el Congreso había decidido no someter a juicio político.
Según la legislación paraguaya, Alliana deberá completar el mandato de Peña, que se extiende hasta 2028, y enfrentar la crisis política provocada por el cierre de Ueno Bank.
En sus primeras declaraciones tras asumir la presidencia, Alliana, dirigente del Partido Colorado que logró mantenerse al margen de la destitución, prometió compensar a los afectados por el “descalabro financiero”.
No es la primera vez que el nuevo mandatario logra salir de una situación difícil. En 2019 tuvo que pedir una licencia de 90 días en la Cámara de Diputados debido a una agresiva leucemia.
Su recuperación reforzó su fe católica y también marcó su acercamiento al expresidente y líder del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien pagó su tratamiento en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo.
Así, “Mangui”, como lo llaman sus allegados, ratificó su pertenencia al coloradismo, a diferencia de Peña, quien llegó a las filas del partido gobernante después de militar en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Su incorporación al movimiento colorado estuvo marcada por su carisma.
Detenido, citado y casi seguramente imputado
Al quedar sometido a un juicio político en lugar de aceptarse su renuncia, Peña perdió la protección del fuero parlamentario y quedó expuesto a un proceso penal. Esa fue la siguiente medida que enfrentó durante el viernes más difícil de su carrera política.
Una vez despojado de sus fueros, la Fiscalía ordenó su detención por el presunto delito de lesión de confianza. La solicitud fue presentada por los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con Ruth Karina Benítez, agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.
La Policía Nacional informó poco después que había ejecutado la orden, tras presentarse en la residencia de Peña.
“Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio”, informó a los periodistas un oficial que acudió a la vivienda del expresidente para comunicarle la medida.
Peña fue citado a declarar este 7 de noviembre. Tras esa diligencia, la Fiscalía prevé formular cargos en su contra. Entre los posibles delitos figuran lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La Fiscalía también solicitó la captura de Carlos Carvallo, quien dirigió Ueno Bank hasta 2023, cuando Peña lo designó al frente del Banco Central. Hasta el momento no estaba claro si la orden de detención había sido ejecutada.
Pero el mayor cuestionamiento contra el expresidente se hizo sentir en las calles de Paraguay. Durante las protestas de ayer, los manifestantes corearon “Santi Peña a Tacumbú”, en alusión a la principal penitenciaría del país.
“Esto fue una enorme traición a la confianza”, dijo a la agencia AP Yinal López, trabajadora de la empresa estatal de electricidad, cuyo fondo de pensiones tenía depósitos en Ueno Bank. “El presidente se burló del pueblo. Usaba su dinero, el dinero del pueblo, para hacer lo que quería”.
Con AP, EFE, Reuters y medios locales
FUENTE:FRANCE24
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