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La designación en cargos públicos de familiares de jerarcas sacudió a inicios de 2018 a diversos organismos estatales. ASSE, el BPS, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al menos seis intendencias fueron advertidas por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre situaciones que violaban las normas y otras que sin estar expresamente prohibidas al menos exteriorizaban “la apariencia” de infringirlas.
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La intendencia de Artigas, liderada por el nacionalista Pablo Caram, era una de ellas. Telemundo informó que su sobrina Valentina dos Santos era directora general de la intendencia y sus primos Manuel y Rodolfo Caram asesores en materia de Desarrollo Social y Desarrollo Productivo, respectivamente. Además, su pareja Karolina Gómez era directora del Departamento de Cultura, Turismo y Deporte, un puesto grado 9 al que según la escala de sueldos municipales de 2019 le corresponden $ 47.811 nominales.
“No son admisibles en estos casos las reiteradas menciones a que la selección de familiares es la única forma de asegurar confianza o capacidad en el ejercicio de la función, por lo que exhortamos a los jerarcas públicos a corregir de inmediato estas situaciones y asumimos el compromiso de realizar el seguimiento de los casos ya detectados y de los que puedan llegar a nuestro conocimiento en el futuro”, reclamó la Jutep, que tomó en cuenta para su posición que las irregularidades “más claras” se producen mediante el mecanismo de la designación directa.
“Exhortamos a las autoridades correspondientes a reducir esa forma de acceso a los cargos, privilegiando, siempre que ello sea posible, aquellos mecanismos que aseguren la transparencia y la selección a base de la capacidad”, agregó el organismo.
Sin embargo, no todas las autoridades cumplieron con la sugerencia, por lo que a inicios de diciembre la Jutep debió enviar una nota al BPS, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a las intendencias de Artigas y Lavalleja para comunicarles que sus casos sobre designaciones irregulares no estaban aún resueltos y se encontraban abarcados por la nueva redacción de la Ley Nº 19.823 de Código de Ética en la Función Pública, aprobada en setiembre. Uno de los artículos de la ley prohíbe “la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina”. La norma también sostiene que “si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno”.
En el escrito la Jutep mencionó el 9 de diciembre como plazo para regularizar las contrataciones. En esa fecha Gómez cumplió con lo estipulado, renunció al cargo de directora de Cultura, agradeció “la confianza dispensada” y solicitó que en su calidad de funcionaria municipal fuera “trasladada a otra dependencia”, según documentos a los que accedió Búsqueda. No hicieron lo mismo los otros familiares de Caram, ya que están relacionados por lazos de parentesco de tercer y cuarto grado de consanguinidad.
Un día después el intendente aceptó la renuncia de su pareja y estableció su pase en comisión a la Comisión Técnica Mixta Uruguayo Brasilera para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim. De acuerdo a los documentos, en enero de este año Caram aprobó otras dos resoluciones para otorgar a Gómez compensaciones económicas: la primera ordena un aumento salarial que alcance el sueldo de un funcionario grado 7 y la segunda lo incrementa para llegar al de un grado 9. Consultado al respecto por Búsqueda, el jerarca indicó que renunció a su cargo en febrero para descansar y abocarse próximamente a la reeleción, por lo que considera la situación un tema superado. “Que actúe el que tenga que actuar”, dijo Caram, quien prefirió no argumentar las decisiones.
