Tribunal de Cuentas denunció los préstamos otorgados por la CND a Metzen y Sena para que la Justicia indague presuntos delitos

El caso Metzen y Sena, por el que ya existe un pedido de procesamiento del accionista mayoritario de esa firma, Alejandro Barreto, es instruido por la jueza Adriana de los Santos y la fiscal Mónica Ferrero.

“A tal efecto se adjunta al presente oficio la resolución adoptada por la comisión general de este tribunal, de fecha 20 de diciembre de 2012, de la que surgen conclusiones vinculadas a los procedimientos realizados en el otorgamiento de los préstamos y asistencia financiera de la CND a la empresa Metzen y Sena SA, a fin de que esa sede indague las eventuales responsabilidades penales que pudieran desprenderse de los hechos y actos constatados”, agrega el documento firmado por el presidente del TCR, el catedrático de Derecho Comercial Siegbert Rippe.

Por último, el tribunal se pone “a disposición” de la sede judicial para brindar “toda la colaboración necesaria” para aclarar los hechos.

En el pasado, el TCR ya había puesto en conocimiento de la fiscalía hechos de apariencia delictiva. Por cuatro votos contra tres el 19 de diciembre el TCR respaldó el informe de una auditoría que constató “hechos y actos irregulares” en el préstamo millonario que la CND concedió en 2009 a Metzen y Sena. A favor de esa decisión votaron Rippe (independiente) y los ministros Álvaro Ezcurra (Partido Colorado) Ruperto Long y Beatriz Martínez (Partido Nacional). En contra votaron los ministros León Lev, Oscar Grecco y Diana Marcos (Frente Amplio).

En TCR basó su decisión en el “poder-deber” del organismo en cuanto a observar y denunciar todas las irregularidades que advierta en el manejo de fondos públicos no estatales, situación amparada en los artículos 211 y 228 de la Constitución (Búsqueda Nº 1.693).

En octubre de 2011, Búsqueda publicó un resumen del informe interno de la CND, según el cual en 2009 el anterior Directorio de ese organismo había asignado créditos arbitrarios y contra los propios reglamentos a los anteriores accionistas de la fábrica.

Puntualmente, ese informe auditó la concesión y el seguimiento de créditos por U$S 4,5 millones adjudicados a Metzen y Sena entre el 24 de julio y el 2 de diciembre de 2009, fecha en la que el Estado solicitó el concurso de la empresa (Nº 1.634).

La fábrica cerró a fines de diciembre de 2009 dejando a unos 700 trabajadores sin empleo, a quienes se les otorgó el seguro de desempleo, que fue prorrogado por decisión del Poder Ejecutivo en varias ocasiones. En junio de 2010 la Justicia decretó el concurso de la empresa.

Los auditores concluyeron que no se cumplió con los procedimientos establecidos por la CND para el otorgamiento de créditos. De seguirlos se hubieran evaluado mejor los riesgos porque se habría advertido que la empresa y sus representantes estaban embargados, los libros comerciales no estaban al día, y el balance al 30 de junio de 2007 presentaba balance negativo.

Según las reglas internas de la CND, para contratar con un particular el organismo está obligado a pedir a los potenciales clientes información sobre el proyecto de inversión, los estados contables, el estado de responsabilidad de los representantes legales, referencias comerciales y bancarias, un detalle de las garantías, libros contables, la posición financiera del interesado y certificados de estar al día con los organismos fiscales.

Sin embargo, según constató la auditoría, esos elementos “no se encuentran en la institución” por lo que —concluye— los controles directamente “no se llevaron a cabo”.