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Tribunal de Cuentas detectó decenas de incumplimientos en la rendición de cuentas de la Intendencia de Cerro Largo
La resolución menciona desde irregularidades en el pago de los sueldos hasta falta de transparencia institucional; Botana calificó de “bolazo” el diagnóstico y opinó que el organismo de contralor debería ocuparse de asuntos “más trascendentes”
imagen de Tribunal de Cuentas detectó decenas de incumplimientos en la rendición de cuentas de la Intendencia de Cerro Largo
Desde la contratación de funcionarios no presupuestados hasta la aplicación de bonificaciones irregulares a la contribución inmobiliaria rural. Son más de 20 los incumplimientos que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) detectó en el ejercicio 2018 de la Intendencia de Cerro Largo, según una resolución publicada en diciembre.
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Al auditar la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal del gobierno departamental, el organismo halló distintas irregularidades en la gestión, principalmente referidas a aspectos financieros.
Sin embargo, el exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana —quien renunció en julio para dedicarse a la campaña electoral y hoy es senador electo por el Partido Nacional—, dijo a Búsqueda que los cuestionamientos señalados por el TCR son “un absoluto bolazo” y opinó que el organismo “observa tantos detalles que a veces las cosas importantes o los desvíos quedan sin visualizar debidamente”.
Entre los incumplimientos detectados por el TCR está la contratación de personal por encima de la previsión presupuestal, algo que según Botana se explica porque la comuna absorvió a trabajadores que desempeñaban tareas municipales de forma tercerizada en ONG. Incluso, aseguró que se trató en su mayoría de personas con discapacidad, algo que difiere con las conclusiones de la auditoría. Es que según el TCR, el gobierno municipal no cumplió con lo que establece la ley que exige que un mínimo de 4% de las vacantes que se generen deben ser ocupadas por personas con discapacidad.
“En el ejercicio 2018 se cubrieron 91 vacantes y ninguna de ellas correspondió a personal con discapacidad”, indica el documento. Pese a eso, Botana sostuvo que su intendencia es el único organismo nacional y departamental que cumple con todas las cuotas existentes. “Es el único que tiene los negros, las personas con discapacidades, los LGBT y las mujeres”, afirmó. A su juicio, el problema radica en que el TCR no pidió la información adecuada para llegar a ese diagnóstico.
El informe sostiene además que la intendencia realizó el pago de sueldos “sin contar con la intervención preventiva del TCR o del contador delegado”. Al respecto, el exintendente —hoy sustituido por Pablo Duarte— dijo con molestia que “todos los años tiene que enfrentarse a la misma acusación”, pero aseguró que no hay nada irregular en ese proceso. “El auditor del TCR interviene luego de que se pagan los sueldos, controlando uno por uno, porque si no demoraríamos mucho y terminaríamos pagando con 15 días de retraso”, explicó.
La auditoría del TCR también indica que la intendencia no efectuó sus pagos a proveedores mediante la acreditación en instituciones de intermediación financiera, no depositó íntegramente la recaudación “efectuando pagos con ingresos provenientes de la misma”, y adelantó fondos que no fueron rendidos. Además, la comuna no cuenta con cobertura por accidentes laborales, no tiene seguros de caución de fidelidad para funcionarios que manejan valores, y tampoco utiliza un sistema de contabilidad patrimonial que permita llevar un registro adecuado.
Justificaciones
Los incumplimientos señalados por el TCR son muy diversos. Por ejemplo, el organismo sostiene que la intendencia no exige a los profesionales contratados la presentación del certificado que acredite que están al día con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, así como tampoco les solicita declaraciones juradas para conocer si ya ocupan otro cargo que les impida asumir.
Botana reconoció estos puntos. De todos modos, dijo que el certificado sí se controla, pero que el problema es que se hace mediante la página web institucional, la cual estuvo varios meses fuera de funcionamiento. Eso explica otro de los incumplimientos que señaló el informe respecto a que la comuna no publicó los decretos y sus reglamentaciones en su sitio web.
“La página no funcionaba porque estábamos tratando de aggiornarla; siempre ha sido un drama para nosotros”, dijo Botana. Mencionó como ejemplo que durante la primera semana de enero debieron hacer un “apagón informático” para poder incorporar el expediente electrónico. “Es un tema bastante deficitario”, reconoció.
Por otra parte, según el TCR, la intendencia aplicó bonificaciones a la contribución inmobiliaria rural, algo que excede la potestad del gobierno departamental. Botana justificó ese accionar al explicar que, durante un plazo determinado, la intendencia otorgó premios al buen pagador, que incluían un año de tributos sin costo. “Eso se dejó de aplicar en el período pasado, si aparece algo en este informe debe ser por las propias exoneraciones que propuso el presidente Tabaré Vázquez para algunos productores agropecuarios”, afirmó.
El TCR también señaló que los municipios “no presentaron las cifras recibidas, la relación de los gastos de inversión aplicados y su cuantificación en unidades monetarias”. Además, el municipio de Isidoro Noblía no presentó la Rendición de Cuentas anual ante la Intendencia.
Para Botana “debe haber habido algún tipo de diferencia de formatos” que explique esas omisiones.
El organismo de contralor afirmó además que la información relativa al grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas de la intendencia fue presentada en forma parcial.
Tras presentar las conclusiones de la auditoría a las autoridades departamentales, estas no hicieron descargos y aceptaron las observaciones, indicó el TCR. Esto fue así, opinó Botana, porque el organismo “indica tanta pavada que al final nadie le da pelota”.
“El TCR debería controlar cosas más trascendentes y distinguir un incumplimiento formal subsanable de los grandes desvíos. ¿Qué pasó con Ancap, con la regasificadora, con el gasoducto?”, cuestionó.
La evaluación también permitió al TCR detectar ciertas debilidades internas de la administración. Entre ellas, señaló que “no existen condiciones de seguridad adecuadas en la Tesorería”, ya que no hay cámaras ni otro tipo de vigilancia, no hay una correcta separación de funciones en las distintas oficinas, ni existen manuales de procedimientos que definan tareas y responsabilidades de los funcionarios.
