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Hacer contrataciones directas que superan el monto mínimo que establece la normativa y no convocar a llamados abiertos para que se presenten varios oferentes son dos de las principales observaciones que el Tribunal de Cuentas realizó a decenas de actuaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el último año y medio.
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En la actual administración el Tribunal observó contratos y otras actuaciones del Mides con al menos 14 organizaciones, por montos que rondan los $ 85 millones. Fuentes del organismo encargado de controlar toda la gestión de la hacienda pública comentaron a Búsqueda que las “reiteradas” observaciones al Ministerio generaron debates en la interna del ente.
Según establece la Constitución, al Tribunal de Cuentas le compete intervenir “preventivamente en los gastos y los pagos” de la administración. Esta intervención se realiza “al solo efecto de certificar su legalidad haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes”. Si el organismo observado insiste con el gasto, el Tribunal comunica la situación a la Asamblea General para que esté informada. A nivel político se ha planteado varias veces la necesidad de dar más poder al Tribunal y que sus observaciones sean tenidas en cuenta, pero aún no se avanzó en reformas de ese tipo.
En el caso del Mides, el órgano de contralor realizó observaciones a decenas de contratos. Por ejemplo, cuestionó la contratación directa de Nueva Frontera SA para que brinde servicios de seguridad en todos los locales del Ministerio. Según documentos a los que accedió Búsqueda, se hicieron once observaciones a esa contratación.
Durante 2015, el Tribunal observó los gastos que realizó durante casi todo el año al contratar a la empresa. El Mides informó al Tribunal que había un proceso licitatorio en marcha para proveer el servicio, pero que, mientras este no terminaba, debía contratar directamente a Nueva Frontera para “continuar con el normal funcionamiento de los locales” de la secretaría de Estado.
Las contrataciones son por montos que van desde los $ 2.653.787 a los $ 3.256.619. El Tribunal afirmó en cada resolución, que “no está justificado el procedimiento de excepción de compra directa”, lo que contraviene el artículo 33 el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Según ese artículo, las contrataciones que haga el Estado se realizarán mediante licitación pública u otro “procedimiento competitivo”. Sin embargo establece excepciones: una licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda los $ 6.413.000, y de forma directa cuando el monto no supere los $ 321.000. También hay una excepción para el Mides cuando contrata una cooperativa social. En este caso, el monto no puede superar lo establecido para la licitación abreviada.
El Tribunal observó al Mides en nueve ocasiones por las contrataciones que realizó con la cooperativa de trabajo Coochofa, que se encarga del traslado de las personas que “cumplen funciones” en el Ministerio. En este caso, el Mides contravino el artículo 33 del Tocaf al exceder el monto mensual de tope para la compra directa. Los gastos van desde $1.193.580 a $ 1.584.238.
Además, el órgano afirmó en varias resoluciones, que el Ministerio no cumplió con el artículo 43 del Tocaf, que establece que “los ordenadores de gastos adoptarán las medidas necesarias para contratar los suministros o servicios por grupos de artículos o servicios, de forma de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes”.
Otros casos donde el Tribunal señaló que el Mides no justificó la realización de una contratación directa fueron con la cooperativa de trabajo Guidaí, que gestiona un centro de estadía transitoria para personas que están en situación de calle, y la cooperativa Obreros Unidos de Melo, que provee un servicio de acompañantes y limpieza de un centro de atención a personas que viven en la calle.
En otro caso se observa el gasto por la contratación directa de la cooperativa social Cosdehu para la provisión de un servicio de acompañantes que se presta en el Centro de Cuidado de Personas con Patologías Psiquiátricas Severas en Minas. En este caso el Tribunal advierte que no se cumplió con el artículo 50 del Tocaf, en cuanto a publicar el llamado en Internet para que haya un proceso competitivo.
El Tribunal intervino el gasto al adjudicar un contrato a organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo para implementar y ejecutar programas de formación, acompañamiento social y construcción de proyecto personales de quienes están en situación de vulnerabilidad. En este caso, las organizaciones y cooperativas adjudicadas fueron el Centro de Participación Popular, Acompañamiento en el Desarrollo Social de la Comunidad, Juventud para Cristo, la Cooperativa Yapeyú de Promoción para la Equidad Social y el Centro Latinoamericano de Economía Humana.
Contrataciones polémicas.
Algunas de las contrataciones que realizó el Mides generaron polémica. El mes pasado, el diputado del Partido Nacional Pablo Iturralde realizó un pedido de informes sobre el detalle de los contratos, convenios o acuerdos entre el Mides y las asociaciones civiles, fundaciones y sindicatos entre 2010 y 2015. Iturralde explicó que realizaba la consulta porque recibió “denuncias” acerca de los “excesos cometidos por el Mides en el ejercicio” de la facultad excepcional que le da el Tocaf. En especial solicitó información sobre los convenios entre el Mides y el Centro de Estudiantes de Derecho para instalar consultorios jurídicos en todo el país, que entre 2011 y 2015 significaron una transferencia de $ 13.349.076 (Búsqueda N° 1.865).
En Maldonado, a partir de una consultoría encargada por el intendente Enrique Antía, se inició una investigación administrativa por la contratación de servicios de limpieza a “cooperativas” del Mides. Si bien tenían la figura de cooperativa, funcionaban como empresas, denunció Antía. “Había tres o cuatro cooperativas que cobraban más de U$S 50.000 por mes. En un año se gastaron más de U$S 4 millones en ese sistema de cooperativas, casi todas ilegales”, añadió, y aseguró que ese vínculo respondía a una afinidad política (Búsqueda N° 1.867).
En tanto, en mayo de 2013 el diario “El País”, informó que el Centro de Participación Popular (CPP) tenía vínculos con el Frente Amplio. Rodolfo Boragno, integrante de ese centro, dijo al diario que la afiliación política de cada integrante de la organización es dejada de lado para trabajar en el CPP.
