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Tribunal dispuesto por la Corte Interamericana analiza reclamos de 344 clientes del Banco Montevideo que puede costar millones
El grupo que trabaja dentro del Ministerio de Economía debe definir caso a caso, y a cada uno puede llegar a corresponderle un pago de hasta US$ 100.000 del Estado
Policías vigilan la casa central del Banco Montevideo durante la crisis de 2002. Foto: AFP
Pasaron 20 años desde la quiebra del Banco Montevideo, propiedad de los hermanos Peirano Basso. Pasó también una condena en el año 2013 para los hermanos José, Dante y Jorge por el delito de “insolvencia societaria fraudulenta” a través de una maniobra de desvío de fondos a otros bancos de su propiedad, en las Islas Caimán, en medio de la grave crisis económica que enfrentaba el país en 2002. Lo que no sucedió en todo este tiempo fue que el dinero que cientos de clientes tenían depositado en la institución les fuera devuelto a todos.
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En la última semana de diciembre comenzó a funcionar dentro del Ministerio de Economía y Finanzas un tribunal arbitral ad hoc, obedeciendo a una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicaron a Búsqueda fuentes allegadas al reclamo, el grupo de trabajo deberá analizar caso a caso la situación de 344 reclamantes que tendrán en esta instancia su última oportunidad de recuperar, parcial o totalmente su dinero.
El tribunal está integrado por tres personas: el fiscal de Gobierno de 1º turno, Gustavo Silveira Rocha, en representación del Estado, el escribano Roque Molla Camacho por los ahorristas reclamantes y el abogado Santiago Carnelli como presidente, designado por la Corte Interamericana. En un plazo máximo de dos años deberán estudiar los expedientes y tomar una resolución.
Su trabajo consistirá en determinar si las personas dieron o no su consentimiento para la transferencia de sus ahorros a bancos en el extranjero y, en el caso de ser así, si el consentimiento fue válido, o si por el contrario hubo vicio o fraude, es decir: determinar si los exahorristas fueron engañados, como aseguran que sucedió.
De comprobarse el vicio en el consentimiento, las personas podrán recuperar hasta US$ 100.000, que deberán ser pagados por el Estado. Quienes tenían menos de esa cantidad depositada en el Banco Montevideo, recibirán la totalidad del dinero.
Desde 2002 la escribana Alicia Barbani y la contadora María del Huerto Breccia –ahorristas del Banco Montevideo y representantes del grupo de reclamantes– presentaron más de 2.500 escritos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos órganos pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA). Los planteos empezaron por la comisión que en 2011 concluyó en Washington, Estados Unidos, que el Estado uruguayo era “responsable por su falta en proporcionar a las víctimas una audiencia imparcial para sus reclamos” a nivel nacional, que había violado el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, y que tampoco había proporcionado un recurso “sencillo y rápido” para analizar la disputa.
Bajo esos argumentos, la comisión obligó al Estado uruguayo a revisar los reclamos de las víctimas, quienes recibieron una indemnización de US$ 3.000. A partir de ese momento, el caso se trasladó a la Corte Interamericana.
“En las generales hubo un vicio, porque inducían a las personas para que depositaran y no sacaran el dinero”, dijo Breccia a Búsqueda.
Durante estas dos décadas, en Uruguay los reclamos fueron analizados por dos comisiones. La primera se formó en 2002 en el Banco Central y la segunda en 2013 en el Ministerio de Economía, algo que fue criticado por los ahorristas por realizarse en la interna de una “parte interesada”. Para Breccia en ambos casos hubo un “mal funcionamiento” y “no se analizó” el vicio del consentimiento “como se tenía que analizar”.
Fue por eso que persistieron en el reclamo internacional. La escribana calificó como un “paso importantísimo” la formación del tribunal ad hoc y dijo que tienen “esperanza” de recuperar por esta vía los ahorros que tenían depositados en el Banco Montevideo.
“Nosotros pagamos la crisis y no está bueno que nos hayan tratado como se nos trató. Apostamos a que este tribunal trabaje como debieron haber trabajado las comisiones”, aseguró.
Los hermanos Peirano también recurrieron al Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar la nulidad de su condena, luego de que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2018 descartara dolo o fraude en su gestión del Banco Montevideo. El informe de admisibilidad está pendiente.
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia uruguaya tiene pendiente la decisión sobre la extradición de Jorge Peirano Basso. La Justicia de Paraguay y Argentina esperan esa resolución que debe determinar qué país tendrá prioridad para poder juzgar al exbanquero. En Paraguay se lo acusa por lesión de confianza, estafa, conducta indebida en situación de crisis y declaración falsa luego de que, durante la crisis del 2002, ahorristas paraguayos perdieran unos US$ 40 millones que estaban en el Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del Grupo Velox, de los Peirano. En Argentina pesa sobre él un delito de “defraudación por administración fraudulenta”.
