La eterna dualidad de criterios. El ministro de Defensa, Fernández Huidobro, con su característico aire de suficiencia, anunció que se formarán tribunales de honor para juzgar a aquellos militares que han sido condenados con sentencia definitiva por violaciones a los derechos humanos durante el período de facto.
Desde un punto de vista técnico, el juzgamiento por un Tribunal de Honor a un oficial condenado por la Justicia es una consecuencia prevista en los reglamentos de los tribunales de honor de las FFAA y así se ha aplicado desde siempre, no una “orden”, como dijo el ministro.
No obstante, es este un caso que sale de lo común, debido al contexto en que se han producido esas condenas y a que las mismas son producto de un largo proceso que arranca en el mismo momento que la sedición (tanto tupamara como comunista) infiltró a las FFAA, logrando que varios miembros de las mismas participaran en hechos de subversión absolutamente probados y confesados por ellos en su momento.
Desde el año 1968 ese trabajo de infiltración se fue desarrollando pacientemente en el seno de las FFAA y quienes lo llevaban a cabo invocaban al Gral. Seregni como el líder del movimiento, al que bautizaron como 1815.
Lejos estábamos de un golpe de Estado, más allá que pudieran existir minúsculos grupos que soñaban con algo parecido. Paralelamente hubo oficiales de alto rango que fueron organizando, instruyendo y entrenando un aparato armado del Partido Comunista Uruguayo, que llegó a contar con más de mil hombres y que recibió armamento sofisticado desde Rusia, que luego fuera capturado por las autoridades de la época.
En 1972, la 1815 salió a la luz, especialmente en la Fuerza Aérea, donde más de una veintena de oficiales fueron juzgados por los tribunales de honor, recibiendo diferentes sanciones, de acuerdo al involucramiento y al tipo de actos que habían llevado a cabo, siendo muy pocos los que recibieron el “Límite D”, que es el pase a reforma y pérdida del estado militar. Entre ellos un mayor y un capitán que admitieron ante el Tribunal haberse entrevistado con la Dirección del MLN, para coordinar la entrega de la Brigada Aérea I de Carrasco, aunque alegaron que no se habían puesto de acuerdo. Todo eso pasó en el marco del Plan Copamiento, pergeñado por el PCU, para intentar la toma del poder en las elecciones de 1971, pensando que obtendrían un resultado electoral ajustado, que les permitiera decir que había habido fraude. Recordemos aquellas urnas que motivaron que el Partido Nacional reclamara por ese supuesto fraude. Todos sabemos que es imposible en una elección reñida modificar una diferencia de 10.000 votos tocando unas pocas urnas, pero la engañifa funcionó de una forma tal que aún hoy se discute el tema, aunque de un modo inesperado para los conspiradores, ya que como la diferencia con el Frente fue tan grande, el plan debió ser abortado y el supuesto perjudicado pasó a ser el Partido Nacional.
Comentamos estos hechos porque es necesario entender que aquellos oficiales no fueron juzgados por sus ideas sino por hechos que en otros lados —especialmente en los regímenes totalitarios como la URSS, Cuba, Corea del Norte, etc.— luego de un juicio sumario hubieran sido ejecutados por alta traición. Tal fue el caso del Gral. Arnaldo Ochoa, ejecutado por la dictadura cubana, así como el del mariscal Rommel, a quien el régimen nazi le dio la opción de suicidarse. En su lugar, acá la mayoría fue absuelta o recibieron sanciones que, a quienes quisieron continuar en sus fuerzas, les permitieron seguir con sus carreras, llegando a las más altas jerarquías. Aquellos que prefirieron pasar a retiro mantuvieron sus grados y cobraron el haber de retiro correspondiente y ellos y sus familias siguieron atendiéndose en el Hospital Militar.
El otro aspecto importante es que esos hechos ocurrieron en plena democracia, que quienes los juzgaron fueron tribunales cuyos miembros —tal como establecen los reglamentos correspondientes— fueron democráticamente electos a padrón abierto y voto secreto por los subalternos que eventualmente pudieran llegar a ser juzgados. Es obvio que cuando un oficial emite su voto trata de elegir a las personas de mayor aprecio por sus cualidades éticas y morales y eso, pese a que los fallos de estos tribunales son por convicción, en aquella ocasión, se pudo ver en la moderación de las sentencias.
Pero al retorno a la institucionalidad democrática, la izquierda, entre tantos reclamos, incluyó el de la reparación de esos militares, alegando “persecución ideológica”.
Esa lucha tuvo sus frutos en el segundo gobierno del Dr. Sanguinetti, en el que, con la falsa excusa de que aquellos tribunales habían fallado por motivos políticos y que no habían sido imparciales, se les restituyó los grados, ya que la parte económica nunca fue afectada. Este hecho sin precedente supuso la revocación de todas las homologaciones de la mayoría de las sentencias, dictadas durante el período democrático previo al golpe del 73, siendo, por lo tanto, dentro del más absoluto respeto al ordenamiento jurídico vigente, lo que significa que esas revocaciones carecían de la más mínima justificación jurídica.
Se dijo ingenuamente entonces que era como otra concesión para terminar de pacificar el país, pese a que se estaba premiando no a defensores de la democracia —como se quiere hacer creer, ya que, al igual que los tupamaros, nunca hicieron el más mínimo intento durante el gobierno de facto, sino que siguieron cobrando sus haberes y yendo al Hospital Militar— sino a militares que estuvieron en connivencia con quienes la atacaban, cuando no integrando sus cuadros orgánicos, como hubo varios.
El acto final fue cuando al asumir en 2005 el Dr. Tabaré Vázquez, se les reconstruyó la carrera a más de 100 militares entre oficiales y personal subalterno, otorgándoles la máxima categoría a todos ellos. Es decir que a los oficiales, por decreto, se les otorgó la jerarquía de oficiales generales. Hubo en esto cosas aberrantes, como la de darle esa condición a quienes integraron los cuadros del MLN. En particular hubo un caso como el del ex mayor Rodolfo Rolando, que pasó a retiro voluntario en 1967 —o sea que nadie lo persiguió y, por ser retirado, no podía haber ascendido de ninguna manera— que incorporado al MLN, participó en el copamiento de la Comisaría 27ª, donde asesinaron a un policía, recibiendo por ello una condena que purgó en el Penal de Libertad y que, como al resto, aunque post mortem, se le otorgó la jerarquía de brigadier general.
Por eso, más allá de que, como dijimos al comienzo, técnicamente es reglamentario que quienes han sido condenados por la Justicia deban enfrentar a un Tribunal de Honor, en este caso no es más que otro acto de venganza en el que no se aplican los mismos criterios con que se pretendía “pacificar el país”, ya que acá también estamos ante una presión del poder político, que, como dijo el ministro Fernández, será quien designe a los miembros del Tribunal.
Esta es la gente que, como escuchábamos a la senadora Topolansky, quiere modificar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia “no les pare el carro”, como dijo el presidente —aunque él citó erróneamente a la Corte Electoral—. No importa, para él es lo mismo, así que le entendimos, pero esa aspiración tan calurosamente defendida en su oportunidad por la senadora Constanza Moreira, de concretarse, haría que fuera posible para el progresismo aplicar esta dualidad de criterios con mayor impunidad, sin una Justicia independiente que “le pare el carro”.
Agustín Tajes
