En la segunda mitad de los 90 la Asociación Rural reclamó la exoneración de los padrones rurales aduciendo una crisis del sector. Esta demanda fue criticada por el propio presidente del Codicen, Prof. Germán Rama, quien comparó a los productores rurales con los pasajeros del Titanic, diciendo que si estuvieran en ese naufragio serían los primeros en subirse a los botes. En 1999 el Dr. Sanguinetti exoneró a los padrones rurales y se generó un altercado entre el presidente de la Asociación Rural de Salto y Rama.
Aquellos cruces no acallaron un debate que hacía a la justicia en los tributos, sino que lo mantuvieron encendido durante 15 años.
En la primera administración del Dr. Vázquez y el Codicen del Dr. Yarzábal, en 2005, se restituyó el destino original del impuesto: gastos no salariales e inversiones en escuelas; informes públicos del destino hacen más transparente la ejecución, se mejora la recaudación y se destina un 80% a los comedores. Y en el segundo gobierno de Vázquez se vuelven a incluir a los padrones rurales, avanzando en justicia tributaria al revertir una excepción a todas luces inadmisible, y se responsabiliza a la DGI de la recaudación, administración y fiscalización del impuesto (Ley 19.333 del 31/07/15), abatiendo costos operativos y mejorando la eficiencia de la gestión.
Un poco de presupuesto. La importancia del impuesto es indiscutible: un porcentaje creciente de las inversiones en equipamiento y reparaciones edilicias, de convenios y apoyo a las comisiones de fomento, de contrataciones de servicios y la compra de material didáctico, textos y mobiliario dependen exclusivamente de esta recaudación, que en 2006 alcanzó a $ 751.792.000, tuvo incrementos en forma constante y los últimos balances evidencian aumentos superiores al IPC y a la devaluación del mismo período: 2014, $ 1.795.943.431; 2015, $ 2.237.318.540; 2016, $ 2.473.724.620; 2017, $ 2.733.650.598; 2018, $ 2.958.493.531; 2019, $ 3.200.097.362.
De estos montos los padrones rurales son el 19% como máximo, ya que las exoneraciones alcanzan a bosques, montes citrícolas y padrones de hasta 200 hectáreas Índice Coneat 100.
Siendo la recaudación importante, mucho más lo es su destino. Según el último año con balance aprobado (2018), agrupando los rubros y desestimando los que tienen menor costo, se invierte en lo siguiente:
Alimentación escolar, equipamiento y mobiliario de comedores: $ 1.790 millones (62,65%).
Transporte discapac., colonias y campamentos, abonos doc.: $ 230 millones (8,05%).
Reparaciones, mantenimiento, seguridad, limpieza: $ 387 millones (13,55%).
Publicaciones, mat. didáctico, proyectos educativos, PEV: $ 126 millones (4,40%).
Transferencias a Com. de Fomento Escolar 98 millones (3,43%).
Estos rubros concentran más del 92% de lo ejecutado ese año y replican la distribución de otros ejercicios.
Al considerar el destino principal e imprescindible, sin dudas, la alimentación escolar y evaluar qué se proyectó para el año 2020, admitiendo que el plan anual tendrá obvias correcciones por la pandemia, el destino es para:
Alimentación tercerizada (bandejas, granel, etc.) y controles microbiológicos: $ 801 millones.
Alimentación tradicional: $ 1.288 millones.
Leche en polvo, agua embotellada: $ 156 millones.
En suma, el Plan de Compras de Primaria proyecta $ 2.245 millones de pesos para atender durante el año la prestación de 301.000 servicios diarios destinados a casi 250 comensales: el 62,36% de la recaudación estimada de $ 3.600 millones del impuesto. El porcentaje sería similar al ejecutado en 2018, con una matrícula algo mayor, y con un crecimiento cercano al 2% de alumnos en jornada completa.
Unos US$ 50 millones anuales que prorrateados en las 185 jornadas lectivas son alrededor de US$ 270.000 por día: el costo diario de cada servicio es de aproximadamente US$ 1,00. Promedio entre los 100.000 niños de escuelas de jornada extendida que requieren uno o más servicios y que son bastante más onerosos que el resto; los 36.000 alumnos de escuelas con alimentación tercerizada con un costo de US$ 2,50 cada uno; los 62.000 niños de comedores tradicionales que solo almuerzan con una partida de $ 26,70 por día, entre otras categorías.
Estos costos son apenas la mitad que el ticket alimentación de INDA y un tercio del precio de las viandas que ante la emergencia el CEIP paga a comercios locales. Aun admitiendo que algunos alumnos reciben más de un servicio o repiten el plato cuando hay excedentes, el promedio de $ 45 es económico y se basa en una tarea no retribuida a los directores y en la multiplicidad de funciones que cumplen las auxiliares de servicio, inclusive cocinar.
Los escolares que comen diariamente en la escuela pública no solo comparten el banco escolar (y la mesa del comedor) y aprenden a reconocerse como iguales usando un mismo derecho, sino que ostentan un mejor estado nutricional, y “esto evidencia que el comedor escolar puede estar operando como un protector de la salud alimentaria para muchos niños y que los desajustes alimentarios se dan en otros ámbitos…” (Evaluación del Programa de Alimentación Escolar, DIEE, Codicen, CEIP, Udelar, 2019).
El sobrepeso y la obesidad son “el principal problema de salud pública que debemos encarar como sociedad y los comedores escolares son una herramienta fundamental de política pública para promover hábitos de alimentación saludable”, indica el informe.
Así, la alimentación en la escuela es una política compensatoria que privilegia a quienes más lo necesitan. En este sentido, el costo promedio anual por alumno en una escuela común es $ 2.690 y en otra de contexto crítico es $ 7.837… El gasto en alimentación del impuesto es progresivo.
Un poco de política. El impuesto de Primaria es un tributo excepcional, con pocos o ningún parangón en la región, y llama la atención cuando se expone sobre los sistemas escolares de alimentación por su financiación, su fuerte impronta solidaria y la asignación progresiva del gasto social.
De hecho, es un gravamen que resulta doblemente redistributivo: la recaudación se hace por franjas, exonerando a quienes no disponen de propiedades, o las mismas tienen un bajo valor catastral; el destino privilegia a los alumnos más vulnerables (discapacitados, escuelas rurales dispersas y con pocos alumnos, escuelas Aprender, jardines de infantes en contextos de pobreza, internados…) y se dedica a la alimentación, el transporte para discapacitados, la seguridad en zonas críticas, las partidas para escuelas en esos entornos, etc.
Es probable que la mayoría de los beneficiarios del impuesto no sean propietarios de inmuebles gravados, así como es evidente que la mayoría de quienes aportan reciban marginalmente los servicios que ayudan a financiar.
Por lo que en tiempos de nuevas normalidades resulta importante reconocer y valorar algunas costumbres tradicionales como este impuesto, especialmente en el formato que se instaló en la última administración y que hace a una ética de responsabilidad social y a una forma de ser y hacer escuela pública.
Ser custodios en su recaudación y destinatarios es honrar a un tributo que nació con la escuela vareliana y solo se interrumpió en la dictadura. Porque el Magisterio luchó para que se reimplantara y atendiera la alimentación escolar. Porque aporta fondos de libre disponibilidad imprescindibles para mejorar las condiciones materiales y los servicios auxiliares. Porque consolidó una gestión transparente y eficiente. Porque expresa la solidaridad y la prioridad con la infancia. Porque es un impuesto necesario y justo para una sociedad más democrática.
Mtro. Héctor Florit
