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El Watergate oriental: contrato ROU-UPM. Este contrato es el manual de la corrupción y contaminación. Es indefendible. Nadie en su sano juicio puede avalarlo. No hay simultaneidad, reciprocidad ni equivalencia de las prestaciones. No es una inversión, porque ROU gasta más que UPM. Las ganancias son para la multinacional. Las pérdidas: jurídicas, económicas y ambientales, para Uruguay.
No es un contrato lícito, porque es reiteradamente inconstitucional. Es un acuerdo leonino y presumiblemente coimero. Se entregan recursos naturales y se otorgan preferencias que coliden abiertamente con la Constitución. Es un megadespilfarro. La expoliación de los recursos naturales ha llegado a su máxima expresión. Este contrato es la prueba fehaciente de que la corrupción es sistémica. Todo está contaminado. Las instituciones están vacías de contenido, quedan solo etiquetas. Vienen por el agua. No para purificarla, sino para hacerla más podrida.
Conozca este peculiar contrato y comprobará que no existen garantías para la población. Solo privilegios para UPM. “Es una rendición incondicional” (Raúl Viñas). Es el “mecanismo” que permitirá al gobierno vulnerar la Constitución y las leyes y seguir atornillados en los sillones del poder.
Gobierno y oposición discuten si hay democracia en Venezuela. No analizan si hay República en Uruguay. En nuestro país la democracia es formal. Votamos cada 5 años, pero los mandatarios no responden al querer de sus mandantes. Este contrato es la prueba fehaciente de dicho apartamiento. Esta severa crítica alcanza tanto al gobierno como a la oposición, que ante este engendro jurídico ha permanecido hasta ahora encerrada en el Palacio de las Leyes. Cabe preguntarse ¿hay oposición o cogobierno?
Gobiernan para recaudar, pero no para crear ni mejorar una infraestructura social que permita el goce de esenciales derechos humanos. Expropian a los más necesitados que están al costado de la vía, afectando sus hogares e inundando predios, para favorecer exclusivamente a UPM, que será la dueña del país. La multinacional dispondrá discrecionalmente del agua del río Negro, del acuífero Guaraní y de las vías férreas que pretenden construir. ¿No es un atentado a la Constitución? Montevideo y demás ciudades por donde pasará la vía férrea quedarán amuralladas, impidiendo el libre tránsito y provocando enormes impactos ambientales: visuales, sonoros y vibratorios que afectarán a hogares donde habitan 37.500 personas.
UPM es el buque insignia del gobierno con un rumbo muy incierto. Navega en aguas contaminadas llenas de cianobacterias. Seguramente habrá naufragio. Su brújula no apunta hacia el cumplimiento de la Constitución y la protección de su gente. Su norte es la acumulación de la riqueza y del poder para favorecer a las multinacionales extranjeras, y no a la producción nacional. Conceden al inversor extranjero zonas francas y exoneraciones, y les imponen a los nacionales impuestos y tarifazos que llaman “consolidación fiscal”.
Se necesita debatir la validez o nulidad de este contrato, del que todos somos parte. El debate debe ser jurídico y académico, no político. La prensa escrita, oral y televisiva tiene la palabra para promover este esencial evento que afecta a todo el país.
