Un desajuste fiscal elevado buscando mayor “equidad” social es “soportable” por un tiempo

La primera actividad pública de este centro está prevista para el próximo martes 4 de diciembre en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y será un taller de análisis de las “Garantías jurisdiccionales y la administración tributaria” en la que se presentarán dos investigaciones que contrató. La ex presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de España Soledad Fernández será una de las comentaristas.

—¿Cómo evalúa el desempeño fiscal en Uruguay en los años recientes?

—Se ha observado un aumento del gasto y del déficit, pero también es válido señalar que las condiciones sociales de la población han mejorado y que la línea es avanzar en términos de equidad. Y estamos empezando. Uruguay ha mejorado mucho en sus indicadores de pobreza y de distribución del ingreso, con un índice de Gini de 0,39, que comparado con los vecinos es bueno y no tan bueno con otros países de la región.

Evidentemente que el Fonasa y algunos programas sociales tienen un costo importante, pero el crecimiento con equidad es hacia donde tenemos que ir.

—¿El resultado actual —que fue deficitario en el equivalente a 2,8% del Producto Bruto Interno en los últimos doce meses a setiembre— es satisfactorio?

—No, no puedo decir eso. Lo ideal es tener un presupuesto equilibrado y no aumentar el peso de la deuda. Pero en coyunturas especiales donde los objetivos son avanzar hacia la equidad, en períodos transitorios podría ser soportable.

—¿La política fiscal está contribuyendo lo suficiente en el combate a la inflación?

—No quisiera hacer comentarios porque hay muchas cosas que inciden sobre la inflación y la situación es compleja en ese sentido.

—¿Hay hoy una relación equilibrada en la relación entre los contribuyentes y la DGI?

—Yo no diría que es desequilibrada. Hoy la Impositiva tiene mucha más información y dispone de fuentes externas como para poder emitir una opinión más certera sobre los casos que tiene que fiscalizar y determina los montos de deuda en forma estricta. Una vez que está determinado, eso no se negocia. Esas son las nuevas reglas de juego, con auditores que son de tiempo completo.

El contribuyente a veces no comparte la metodología de trabajo y quiere aportar información adicional.

Nuestra administración tributaria pasó a ser una de las más eficaces de la región. Somos de los países con menor evasión.

—¿Es necesario revisar el marco en que se desarrollan esos conflictos?

—Una encuesta para captar opiniones respecto de cuáles eran los principales vacíos de información que llevó adelante el CEF al inicio de nuestra gestión reveló que uno de los temas más frecuentes refiere a los conflictos entre contribuyentes y la administración tributaria.

En base a eso, se realizó un llamado abierto a investigadores senior del área jurídica y se seleccionaron dos que aportan soluciones, desde su punto de vista, a lo que podría ser un cambio normativo frente a los conflictos. Por ejemplo, una instancia administrativa intermedia o un juzgado especializado en materia tributaria. En España los contribuyentes se presentan solos ante un tribunal adminisitrativo, no necesitan mayores trámites y se sienten cómodos haciendo sus reclamos. Esto no pasa acá.

La DGI tiene mucha información y mucho poder para cumplir con su cometido, eso gracias a la reforma interna y la tributaria. No ha pasado lo mismo con todo lo que hace a los temas jurisdiccionales, que han quedado tal como venían del siglo XIX.

Más allá de meras investigaciones que terminan quedando en los cajones, pretendemos que se encuentre una vía para que estas ideas de modernización se plasmen en la realidad a través de una propuesta simple pero que lleve a que los contribuyentes tengan una herramienta mejor para plantear sus discrepancias con la administración y que no implique tantos costos en tiempo y en honorarios profesionales como los que enfrentan hoy cuando tienen que discrepar.