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Es el que está armándole el Frente Amplio al economista Alfie. Lo acusan de sacar ventajas fiscales usando su cargo, con la complicidad de la ministra de Economía.
La cosa es así:
A cierta altura del 2019 (bajo la presidencia de Vázquez), Alfie se presentó como inversor, dentro del régimen promocional creado en 1998. Este es un mecanismo utilizado por los gobiernos para inducir a que se invierta en el país, ofreciendo beneficios tributarios.
Primer punto: no estamos ante un régimen de subsidios o ayudas a personas necesitadas. Es algo dirigido a todos quienes tengan capital para invertir. Tampoco es un mecanismo focalizado: es una invitación dirigida a potenciales inversores en general.
Nada raro ni especial, entonces, con que el Econ. Alfie resolviera ingresar al régimen, como lo han hecho miles.
Andado el tiempo y con las demoras de nuestra burocracia, para cuando el trámite se completó ya había cambiado el gobierno.
Entonces, quienes buscan ensuciar el buen nombre de Alfie esgrimen ese hecho (el cambio de gobierno), para sostener que modifica la naturaleza del asunto y debió hacer que la ministra Arbeleche resolviera el trámite negativamente.
Segundo punto: el régimen de la Ley 16.906 no es discrecional. La propia norma lo dice expresamente. Eso quiere decir que teniendo por delante un expediente que cumple con los requisitos, el jerarca no puede denegar el pedido.
Hasta aquí, clarito: no hay absolutamente nada que haya sido contrario a la ley.
Pero se dirá: en la vida no es solo la ley y el derecho, también está la ética y no es ético que el director de OPP se beneficie de un régimen de promoción tributaria.
¿Y por qué no? ¿Cuál es la norma ética que lo dice?
¿Será que fue Alfie quien creó el régimen para su beneficio? No.
¿Acaso se está aprovechando Alfie de un mecanismo diseñado para otros? No.
¿Sacó quizás una ventaja frente a otros peticionantes? Tampoco.
¿Ocupó un lugar en algún cupo, desplazando a otros? Menos.
Recordemos: lo que el legislador quería con esa norma (y tres gobiernos frentistas lo confirmaron) era que quien tuviera recursos los invirtiera. Cualquiera. Cuanto más, mejor. El razonamiento es que quien se ampara al régimen le está haciendo un bien al país. ¿De dónde, entonces, la falta ética?
¿Qué diferencia hay entre procurar inversiones ofreciendo beneficios tributarios y ofrecer beneficios financieros para que la gente pague al contado la contribución o la patente? ¿Y esto, acaso, no lo hacemos todos los que podemos, incluyendo funcionarios, legisladores y jerarcas?
Se equivocó Alfie al apurarse y decir que no haría uso del beneficio. Fue una “debilitas uruguayensis”. No hay norma, ni jurídica, ni ética, que lo exija, recomiende o sugiera.
Pero tampoco ese error ingenuo justifica la inmoralidad y pequeñez política que inspira el enchastre que el Frente le está armando.
No se nos olvide que se trata de un compatriota con una distinguidísima foja de servicio público, que incluye el haber sido uno de los artífices del salvataje del país de la crisis del 2002.
Más respeto: A Isaac Alfie, porque se lo merece y a nuestra democracia, porque lo requiere.
