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Sindicatos de trabajadores, agrupaciones de pasivos, sectores de la izquierda y algunos jerarcas del gobierno mantienen en alto la bandera en contra de las administradoras de fondos previsionales (AFAP). Esas empresas, especializadas en invertir los ahorros jubilatorios para obtener una rentabilidad que engrose las futuras jubilaciones, encuentran una defensa en un documento técnico difundido por estos días por el Banco Central (BCU), el organismo que debe controlarlas.
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El análisis hecho por Javier Illanes —un funcionario de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU— concluye que con el sistema mixto de seguridad social vigente en Uruguay desde 1996, las personas cobran como pasividad un porcentaje más alto en relación al sueldo que tenían estando en actividad (tasa de reemplazo) que si solamente aportaran al pilar de solidaridad intergeneracional manejado por el Banco de Previsión Social (BPS).
Eso se confirma para todos los tramos de aportación.
Las explicaciones son varias. Primero, que se verifica la “regla de oro de la seguridad social” según la cual la rentabilidad real histórica medida en términos de la inflación se ha mantenido hasta ahora por encima de la tasa de crecimiento de la población más la expansión real del Producto Bruto Interno (PBI).
En segundo lugar, ya que las prestaciones para un primer tramo de aportación —y en el caso de hacer uso de la opción que da la ley de verter la mitad del monto descontado en una cuenta individual en una AFAP— se calculan en base al promedio de los últimos 10 años incrementado un 50% en los aportes. Tercero, debido a los topes que establece el BPS a las jubilaciones que paga.
El economista calculó que, por ejemplo, con 25 años de aportes sin interrupciones y una tasa de rentabilidad neta de 2% combinando al BPS y las AFAP, la pasividad sería equivalente a 64% del sueldo en actividad (últimos 10 años o 20 mejores) para el primer tramo de aportación, de 57% en el segundo nivel y 70% en el más alto.
Menos déficit y bono.
Illanes resalta otros beneficios que a su juicio dio el sistema mixto vigente, con un pilar solidario (BPS) y otro de ahorro individual (AFAP). Afirma que permitió bajar el déficit del gobierno al reducir el monto de las transferencias de fondos que éste debe realizar al BPS (de casi 5% del PBI en 1999 a 2% en 2011). Eso ocurre a medida que el régimen “madura y los trabajadores se empiezan a jubilar” tras haber aportado a una administradora de fondos previsionales.
Al mismo tiempo, asegura que las inversiones de las AFAP “han permitido al gobierno acceder al financiamiento en moneda nacional y de esta forma avanzar en el proceso de desdolarización de la economía”. Agrega que también se dinamizó el mercado de valores local y con ello se incrementó la inversión en la economía y mejoró el nivel de empleo.
En otro capítulo de su estudio Illanes plantea que se “deben crear instrumentos gubernamentales reajustables a la UR (Unidad Reajustable) a distintos plazos” —10, 20 y 30 años—, de modo que las AFAP puedan invertir en dichos bonos ya que las rentas de sus afiliados están asociadas a esa moneda. Ello, dice, también sería beneficioso para lograr una “administración eficiente de los recursos” que maneja el BPS y permite que el gobierno programe el nivel de transferencias a la seguridad social que están ligadas a la UR.
