Belhot y Chiakiyian dieron su versión por escrito (ver nota aparte).
Delator.
Lo que comenzó siendo en 2013 una investigación por una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y San Pablo, conocida como operación Lava Jato, derivó en un escándalo de corrupción de alcance mundial que involucra a varias de las principales empresas constructoras brasileñas que habrían obtenido contratos de obra pública en varios países de América Latina mediante el pago de coimas a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Desde que empezó hace tres años, el Lava Jato desembocó en 56 acusaciones criminales contra 259 personas, 24 de las cuales ya fueron sentenciadas. Hasta diciembre del 2016, según el Ministerio Público Federal de Brasil, hubo 120 condenas que sumaban un total de 1.267 años, dos meses y un día de pena. En el resto de los países de América Latina las investigaciones recién parecen estar comenzando.
El avance de las indagatorias se debió, al menos en parte, a la posibilidad que tuvieron los involucrados de negociar una reducción de su pena a cambio de brindar información a la Justicia.
En una de las denominadas “delaciones premiadas”, el contador brasileño Roberto Trombeta ubicó al estudio uruguayo BGL Asesores y a dos de sus entonces “socios-directores” como parte de un esquema usado para mover dinero a cuentas en paraísos fiscales y luego usarlas para pagar “propinas”. La declaración del profesional llegó a los parlamentos de Ecuador y Perú y fue usada por legisladores para reclamar una investigación en sus respectivos países.
Trombeta dijo en su delación, realizada en junio del 2015, que fue contactado por la constructora OAS a través de la empresa Hedge Consultoría —en la que trabajaba uno de sus socios— y presentado “a dos consultores uruguayos de nombre Fernando Belhot y Marcelo Chakiyian, ambos de la empresa BGL (Belhot González-Lerena) Asesores Legales y Fiscales, con dirección en avenida Rivera 6329”, según el documento que transcribe la declaración.
“Estos consultores juntamente con profesionales de OAS presentaron algunas estructuras de trabajo con el fin de retirar recursos de las subsidiarias de OAS en Perú y Ecuador, que para eso el declarante (Trombeta) fue contratado para asumir como controlante accionario de una sociedad panameña denominada Kingsfield Consulting Corp.”, dice la declaración.
En cuanto a OAS Perú, prosigue el relato, la compañía contrató “servicios ficticios de consultoría técnica con una empresa con sede en Chile” denominada Constructora Andreu Limitada. El valor del contrato fue de U$S 6.150.000 que fueron pagados a una cuenta de esa sociedad chilena, que luego transfirió el dinero a una sociedad española denominada DSC Workshop Obras Construcciones y Promociones, que recibía U$S 5.996.250. “El total de los recursos —según la delación— transitaba por cuentas de sociedades holandesas hasta llegar a la cuenta de Kingsfield Consulting” en Andorra.
En el caso de Ecuador, OAS contrató “servicios técnicos ficticios” con la compañía española DSC Workshop Obras Construcciones y Promociones. El valor de ese contrato, detalló Trombeta, fue de unos U$S 9.150.000, que fueron pagados a la cuenta de la sociedad española y luego llegaron a Kingsfield U$S 8.622.671.
El total de recursos recibidos “por orden de OAS una cifra aproximada de U$S 8.000.000 fue depositada en una cuenta indicada por Alberto Youssef en Suiza. El saldo restante, hoy de unos U$S 7.000.000 permanece en la cuenta del Banco de Andorra y fue objeto de honorarios del declarante (Trombeta) por los servicios prestados y por los futuros servicios que deberían ser prestados en otros para el Grupo OAS”.
“En todos los trabajos realizados en el exterior para OAS, la misma siempre estuvo representada por sus profesionales Roberto Cunha y Alexandre Portela que hicieron parte y elaboraron o revisaron los documentos ficticios generados en cada trabajo realizado en el exterior. El declarante (Trombeta) viajó acompañado de tales profesionales de OAS en el año 2012 para Montevideo, Santiago, Madrid y Miami con el fin de desarrollar los trabajos y hacer un acompañamiento de tales trabajos”, dice el documento.
La Policía brasileña tiene correos electrónicos entre Belhot, Chakiyian, Trombeta y su socio de Hedge Consultoría, Rodrigo Morales, en los que, entre otras cuestiones, se discutía sobre conseguir sociedades anónimas en España creadas en 2011 (los mails eran del 2012), se coordinaban reuniones en Madrid y se analizaba cuándo era mejor incluir ciertos trabajos en los balances de empresas, una de ellas chilena.
Según los datos migratorios a los que accedió Búsqueda, Trombeta ingresó a Uruguay en varias ocasiones, en una de las cuales coincidió con Portela, el directivo de OAS; ambos llegaron a Uruguay el 11 de junio del 2012 y se fueron al día siguiente por el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Cunha y Youssef también tienen ingresos a Uruguay.
Youssef fue uno de los primeros y principales delatores del esquema de corrupción que funcionaba mediante contratos de la petrolera estatal, lo que propició la operación Lava Jato. En el “relatorio de proyectos” de OAS encontrado en la casa de Youssef, propietario de empresas fantasmas que se usaron para lavar el dinero de sobornos y fundamental en el engranaje de la corrupción, aparecieron 474 contratos para obras que fueron realizadas por 170 empresas. Cinco estaban en Uruguay y cuatro correspondían a OAS, según informó “El País” en marzo del 2016.
La participación de OAS en el frustrado proyecto de la planta regasificadora en Uruguay es investigada por una comisión parlamentaria instalada en la Cámara de Diputados gracias a los votos de la oposición. En las delaciones de Trombeta y de Youssef no hay menciones a ese proyecto. (Sí las hubo en la investigación “Acrónimo” —otra derivación del Lava Jato—. En esa indagatoria, el empresario Benedito Rodrigues de Oliveira Neto mencionó el supuesto pago de una coima al gobernador de Minas Gerais —entonces ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Dilma Rousseff— para gestionar ante el gobierno uruguayo la adjudicación de una obra para la constructora OAS).
Sociedades anónimas.
El estudio uruguayo BGL Asesores aparece, en investigaciones judiciales y periodísticas, relacionado a otros esquemas que la Policía de Brasil sostiene que fueron utilizados por la constructora Odebrecht para pagar coimas.
Uno de los caminos del dinero sucio que movió Ordebrecht incluía a la sociedad uruguaya Sherkson International SA. Esa compañía, propiedad de la constructora, fue utilizada para realizar 16 transferencias —entre el 17 de agosto del 2012 y el 6 de junio del 2014 por un monto de U$S 86,2 millones— a las cuentas de otra offshore llamada Klienfeld, cuya única función era el pago de coimas, según la Justicia de Basil.
Las transferencias fueron hechas desde una cuenta en Suiza de Sherkson a una en Andorra de Klienfeld. Antes de que comenzaran las transacciones, en 2011, Sherkson cambió su domicilio legal en la calle 25 de mayo hacia Zonamérica, más precisamente al edificio Quantum 505 A local 001, la dirección de BGL Asesores, según los datos de la Dirección de Registros a los que accedió Búsqueda. El estudio la administró hasta que la sociedad anónima fue liquidada a comienzos del 2015, tiempo después de que fuera vinculada al esquema de lavado de dinero. El liquidador fue Daniel García Belhot.
De acuerdo con la Policía brasileña, las cuentas pertenecientes a Sherkson y otras offshore fueron usadas, entre otras cosas, para pagar U$S 16 millones a los ex directores de la petrolera estatal de Brasil (Petrobras) Renato Duque y Paulo Roberto Costa y al ex gerente Pedro Barusco.
Otros clientes.
BGL Asesores estuvo vinculado a otras dos empresas de Mossack & Fonseca presuntamente utilizadas en los movimientos de dinero de la corrupción: las sociedades Davos Holding Group y Salmet Trade Corp. Los beneficiarios de esas sociedades eran el ejecutivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior (Davos Holding) y Luiz Eduardo da Rocha Soares (Salmet Trade), ambos procesados en Brasil.
Rodrigues Júnior dirigió el sector Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocido en las investigaciones judiciales como el “departamento de sobornos”. Según la descripción del juez del Lava Jato, Sergio Moro, el presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, recurría a ese sector de la compañía “cuando necesitaba realizar algún pago subrepticio”. La Policía brasileña sospecha también que Olivio Rodrigues pudo haber manejado las offshore Klienfeld Services e Innovation Research and Engineering Ltd, utilizadas para canalizar pagos de coimas a funcionarios de Petrobras en el extranjero.
Da Rocha Soares, por su parte, se encargaba de realizar “operaciones financieras, inclusive con cuentas en el exterior”, según el juez Moro.
De acuerdo con los registros en poder de la Justicia brasileña, Da Rocha Soares viajó 10 veces a Uruguay, donde “eran mantenidas diversas cuentas offshore pertenecientes a Odebrecht utilizadas para el lavado de dinero y el pago de ventajas indebidas”, explica un documento oficial fechado en abril del 2016. En una ocasión Da Rocha Soares y Rodrigues Júnior viajaron juntos a Montevideo en la misma aeronave (PU225), el 15 de marzo del 2010.
Una investigación conjunta de los medios brasileños UOL, “O Estado de São Paulo” y la RedeTV indica que todas las empresas que adquirieron Da Rocha Soares y Rodrigues Júnior de Mossack & Fonseca fueron usadas para abrir cuentas bancarias en Suiza.
De acuerdo con el diario panameño “La Prensa”, las sociedades de Da Rocha Soares y Rodrigues Júnior, entonces clientes de BGL Asesores, “recibieron fondos negros de Odebrecht canalizados a través de las cuentas bancarias de Constructora Internacional del Sur”, una sociedad anónima que se usaba como vehículo para pagar coimas.
Los Panama Papers —una investigación internacional a partir de la filtración de millones de documentos de Mossack Fonseca en la que participaron medios de todo el mundo, entre ellos Búsqueda— muestran que el estudio uruguayo adquirió de Mossack & Fonseca las sociedades anónimas Salmet Trade y Davos Holding el mismo día del 2006. Además, tramitó para ambas la documentación necesaria para abrir cuentas en Suiza a través del mismo correo electrónico encabezado “solicitud de poderes”.
Cuando gestionó esos poderes a nombre de sus clientes (Da Rocha Soares y Rodrigues Júnior) para presentar en los bancos, personal de BGL Asesores explicó que “la actividad de las sociedades son de ahorro personal e inversión”, según otro correo electrónico de junio del 2006.
El estudio siguió administrando las sociedades al menos hasta del 2012, según surge de los documentos.
Perú.
Por otra parte, BGL Asesores consiguió del bufete panameño Mossack & Fonseca a la sociedad Balmer Holding Assets, que luego quedó bajo su administración. Esa offshore está en la mira de la Unidad de Análisis Financiero de Perú por haber recibido pagos ilegales de Odebrecht, según informó el 21 de enero “El Comercio”.
Cuando en abril del 2016 comenzó la difusión de los Panama Papers, la publicación IDL-Perú y el diario panameño “La Prensa” informaron que Balmer Holding Assets recibió cerca de U$S 7 millones en el marco de una obra pública obtenida por la constructora Odebrecht en Perú.
El intermediario entre Mossack & Fonseca y el beneficiario final de Balmer Holding era BGL Asesores, que además proveyó los directores de la sociedad anónima (uno de ellos era García Belhot). Las transacciones presuntamente irregulares comenzaron en el 2007, el mismo año que el estudio uruguayo adquirió la sociedad para sus clientes, y le tramitó la apertura de una cuenta bancaria en Panamá, según los documentos analizados por Búsqueda.
En el 2009 una empleada del estudio uruguayo se contactó con los panameños para decirles que su cliente (el dueño de Balmer Holding) “solicita que por favor destruyan la correspondencia que se recibe”. Diva de Donado, funcionaria de Mossack & Fonseca de Panamá, respondió que “de acuerdo a sus instrucciones, la correspondencia recibida será destruida”.
El último registro en los Panama Papers que vincula a BGL Asesores con la offshore sospechada data de febrero del 2015 cuando desde Uruguay consultaron a Mossack & Fonseca cuáles eran los trámites para liquidar esa sociedad anónima.
Los titulares de Mossack & Fonseca fueron detenidos a comienzos de febrero en Panamá por sus servicios a decenas de implicados en el Lava Jato.
