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La Rambla Sur, que empezó a construirse hace un siglo, demandó una inversión que representó casi 9% del Producto Bruto Interno (PBI) de la época. El puerto de Montevideo requirió 6,8 puntos (1905), y las represas sobre el río Negro poco más de 6 (1934-1959). En los años recientes también hubo varios proyectos millonarios, pero el listado elaborado por técnicos del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, presentado el viernes 21, recibió críticas.
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El estudio titulado “Grandes inversiones en Uruguay: oportunidades y riesgos” fue hecho para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por cinco economistas, bajo la coordinación de Andrés Rius. Lo terminaron hace un año y medio, y para presentarlo incluyeron una addenda con algunos datos más actuales.
En la categoría de “gran inversión” pusieron las que “crean estructuras, adquieren equipos o realizan otro tipo de acciones de formación de capital” por montos superiores a los U$S 80 millones, en períodos de hasta tres años de construcción de la inversión y realizados por cualquier agente institucional. Concretadas total o parcialmente entre 2005 y 2012 contabilizaron 14; el proyecto de Aratirí figura como “en curso” con un monto estimado de U$S 2.800 millones, aunque el presidente Tabaré Vázquez ha dicho que está “detenido”.
De esa lista —entre los que están las fábricas de pasta de celulosa Botnia-UPM (U$S 1.200 millones) y Montes del Plata (U$S 1.900 millones), el aeropuerto de Carrasco (U$S 165 millones), el Plan Ceibal (U$S 103 millones), la instalación de fibra óptica (U$S 550 millones) y la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre (U$S 530 millones)—, la mayoría responden a capitales extranjeros.
Suecia y los morochos.
El máster en economía Marcel Vaillant, uno de los comentaristas del estudio, cuestionó la definición adoptada para las grandes inversiones y criticó que en el trabajo no se contabilizan “las transformaciones productivas, que fueron muchas e importantes en la última década”. Para él, Uruguay vivió en los años recientes un “proceso exitoso de atractividad de inversión extranjera directa”. Y agregó: “En el mundo, estas inversiones que Uruguay conquistó, se las pelean”.
A su turno, Ramón Méndez, titular del Sistema Nacional de Cambio Climático, fue más duro: “Es como si se hiciera una investigación sobre las características de los suecos y justo se visitara una manzana en la cual hay una cantidad de morochos y se concluyera que la gente en Suecia es de cabello negro. (...) Luego van a venir antropólogos a explicar que en la última glaciación los pueblos primitivos de América cruzaron por el estrecho de Bering y por eso es que Suecia está poblada por gente de pelo negro”.
Alegó que el listado “no refleja lo que efectivamente ha sucedido y está sucediendo en el país”, y por ello se trata de un “análisis parcial”. Según dijo, el conjunto de proyectos enumerados en el documento suma U$S 3.400 millones de inversión extranjera, y “faltan por lo menos 30 o 40” que fueron “dirigidas por políticas públicas”. Y agregó que “falta nada más ni nada menos que la gran inversión, U$S 2.500 millones, en energía eólica. La mayor inversión en nuestra historia”.
Méndez, ex director Nacional de Energía, también reclamó contabilizar inversiones por “más de U$S 1.000 millones de empresas públicas” al año en el último tiempo. Y los U$S 12.000 millones de infraestructura anunciados por Vázquez para todo el quinquenio.
Los comentarios de Vaillant y Méndez fueron realizados después de la presentación de Rius y de otro de los autores del estudio encargado por el PNUD. Luego se pasó al café.
“Entusiasmo”.
El coordinador del trabajo dijo que “no son incompatibles las grandes inversiones con el desarrollo humano sustentable”, pero eso “no está garantizado a priori”, por lo que se requiere “cautela” frente a estos proyectos.
“Llamar la atención sobre una actitud un poco generalizada y nacional, casi de entusiasmo con grandes proyectos”, señaló Rius, y propuso dar una “discusión más sincera sobre las oportunidades y riesgos”.
En el documento se incluyen algunas conclusiones y comentarios a modo de recomendación por parte de los autores.
Primero, ni la inversión privada externa ni la pública revelan capacidad de arrastre de la inversión privada doméstica.
Segundo, las grandes inversiones recientes contaron con “generosos beneficios tributarios” al amparo de diversos regímenes especiales. “Considerando todas las exoneraciones tributarias, así como el efecto positivo en la recaudación por un mayor nivel de actividad, las estimaciones disponibles sugieren que la renuncia de recaudación por los incentivos sería más que compensada por los aumentos de recaudación que esa inversión provoca indirectamente al aumentar el nivel de actividad”, acotan.
Tercero, en general las grandes inversiones tienen un impacto importante sobre el empleo en la etapa de construcción o instalación.
Cuarto, una porción “muy importante” de estos proyectos se orientó a la explotación de recursos naturales; la “maldición representa un riesgo no desdeñable, pero acotado y probablemente manejable”, opinan los economistas.
Considerando los pronósticos de “cierta continuidad” del crecimiento económico en Uruguay y la disponibilidad de capitales internacionales que llegan a Sudamérica, “puede esperarse que la inversión extranjera directa se mantenga o crezca, y que de manera aproximadamente similar evolucionen el número y el monto de grandes inversiones”, vaticinan. Pero marcan como “cuellos de botella” que podrían oponerse a esa tendencia la escasez de mano de obra calificada, y que las empresas que realizan grandes inversiones no encuentren abastecedores capaces de responder a su demanda en servicios de transmisión de datos o de otros servicios e insumos. Además dicen que “junto con una gestión socialmente conflictiva de algunos proyectos muy visibles y de grandes impactos (como Aratirí)”, tales “dificultades” podrían hacer que “ciertas empresas desistan de sus planes de inversión”.
