Un país imposible

La última vez que escribí sobre el país antillano fue cuando mataron al presidente Jovenel Moïse, en 2021, una acción impensable en un mundo tecnológico al servicio de la seguridad. Un grupo de hombres munidos de armas de guerra irrumpió en la casa presidencial, disparó contra todo lo que se movía, se subió a los vehículos y escapó. Un plan temerario incluso en Haití, y nunca se confirmaron los nombres de los ideólogos. Pero estamos hablando de un Estado en descomposicion, de un Estado fallido. O mejor, de un Estado inexistente.

Es muy fácil responder la pregunta de cómo llegan las bandas criminales a alcanzar ese nivel de impunidad: están mejor equipadas que la policía y gozan de su protección. Hay vasos comunicantes entre unos y otros, los que hoy están en un bando mañana están en el otro.

Y en el medio, 11 millones de haitianos sin un plan a la vista, sin la ayuda prometida en el horizonte; la inmensa mayoría están desempleados, las escuelas cerradas, con niveles de inseguridad alimentaria jamás registrados, y la violencia desatada en las calles ante el abandono absoluto del Estado. Unas 360.000 personas han sido desplazadas por las pandillas que tomaron sus casas y se apoderaron de sus pertenencias. Hoy no hay posibilidades de salir del país; la frontera con República Dominicana está cerrada a cal y canto; no hay barcos ni vuelos porque no hay puerto ni aeropuerto. Tampoco es posible salir de la capital, Puerto Príncipe, cercada por el control de las bandas. Las únicas posibilidades son subirse a un helicóptero o lanzarse al mar en una peligrosa travesía por el Caribe, con la ilusión de alcanzar las costas de Estados Unidos.

Ni siquiera en Haití se había llegado a la pérdida total del orden público, a la disolución del Estado: sin gobierno, sin Parlamento, con el 80% de la capital y la mitad del territorio del país en manos de los pandilleros. Así, sin garantías de seguridad y sumida en el caos, se encamina a la catástrofe.

¿Y la ayuda internacional siempre prometida? Llama la atención la falta de acción efectiva cada vez que se habla de dar asistencia a Haití. El año pasado y frente a la catástrofe, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que autoriza una misión multinacional de apoyo a la seguridad. Dicho en buen romance, un despliegue de tropas que nunca llegaron. Hace unos días la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), con la mira puesta en no violar el principio de no intervención y el de respeto a la autodeterminación de los pueblos, llamó a “una solución liderada por Haití que abarque un diálogo amplio entre la sociedad civil y los actores políticos”. Se habló también de establecer “un fondo común para facilitar la cooperación, asistencia humanitaria, atención médica, apoyo para abordar la violencia, garantizar el acceso a la alimentación y elementos básicos sanitarios”. Se propuso también la conformación de un consejo presidencial de transición, propuesta que hoy parece sumida en el fárrago de las luchas políticas por los cargos.

A menos de un mes de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, el país “es casi como una escena sacada de Mad Max”, dice la directora de Unicef, Catherine Russell. Hoy, a menos de un mes de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, los cadáveres yacen en las calles de una ciudad arrasada, la inmensa mayoría de la población tiene hambre y tiene miedo, los más ricos resisten en sus casas rodeadas de trincheras, protegidos por autodefensas que disparan a lo que se acerca. Y todos, sin excepción, hundiéndose en el frenesí del terror, en la anarquía impuesta por los señores de la guerra, y a la espera de una prometida ayuda internacional que no llega. Última, débil esperanza en un país imposible.