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Es un país sin ley. Un país donde un ejército de mercenarios puede entrar a la casa del presidente de la República sin que nadie lo detenga, destrozar y saquear a su paso, llegar a la habitación del mandatario, golpearlo y ejecutarlo con 12 tiros. Haití es un país que hoy, a casi un mes del magnicidio, sigue sin dar una explicación sobre qué pudo haber pasado el 7 de julio en la residencia del presidente Jovenel Moïse.
Sus desesperadas llamadas telefónicas a la guardia y a los jerarcas policiales con el tableteo de fondo de las ráfagas de metralla no obtuvieron ningún resultado. En el trayecto desde la entrada de la residencia presidencial hasta la habitación donde él se encontraba, desesperado y escondido abajo de la cama, suplicando y gritando aferrado al teléfono, los asaltantes no encontraron ningún obstáculo. Esa noche, antes de ser ejecutado, el hombre más poderoso de Haití tuvo la confirmación definitiva de que había quedado solo.
Moïse había tenido una carrera empresarial exitosa antes de asumir el cargo de presidente, al que llegó con el compromiso de acabar con los problemas estructurales haitianos. Sin embargo, fue incapaz de sacar al país de la espiral descendente, de detener la caída libre en la miseria, la violencia y la corrupción. Con el Parlamento suspendido y gobernando por decreto, sin lograr concretar ninguna de sus promesas y con pretensiones de prorrogarse en el poder, su popularidad se desgastó y acabó quedando aislado por todos, inclusive por sus antiguos socios políticos como el expresidente y cantante Michel Martelly y la minoría adinerada que lo había llevado a la presidencia. El golpe de gracia a la popularidad del mandatario asesinado se lo dio un escándalo de corrupción: funcionarios del gobierno se habrían embolsado unos 3.500 millones de euros en ayudas de un programa de asistencia petrolera.
Desde principios del 2021 el presidente de Haití estaba solo, aislado de la clase política, cercado por las protestas populares. Al malestar económico y social se le había ido sumando el incremento exponencial de los niveles de inseguridad, de la criminalidad, de los secuestros y extorsiones para el cobro de rescates, y se dice que Moïse, como tantos de sus predecesores, pactó con las bandas criminales que dominan el país. A finales de junio, uno de los líderes más poderosos de las gangs, Jimmy Cherizier, alias Barbacoa, un expolicía que encabeza una asociación de las nueve pandillas más poderosas, dijo que iba a promover una revolución contra las élites empresariales y políticas del empobrecido país caribeño.
El propio presidente llegó a decir en una entrevista que existía un plan para dar un golpe de Estado y acabar con su vida, que provendría de “sectores económicos descontentos”. Como si en Haití hubiera algún sector que no lo estuviera.
El 27 de setiembre se iban a celebrar elecciones a las que Moïse no podía presentarse y se votaría un referéndum para cambiar la Constitución, consulta que sus rivales señalaban como parte de la trama para ampliar y concentrar su poder. Ariel Henry, que fue designado para el cargo de primer ministro apenas dos días antes del asesinato, se enfrenta hoy a una curiosa situación: hay un vacío de poder en la jefatura de Estado y ya no existe una fecha de próximas elecciones. Además, con el Parlamento cerrado desde inicios de 2020, la situación es la de un Estado fallido. Un país perdido en el caos y el desconcierto y, para colmo, sin ley.
Hasta la fecha 26 personas fueron detenidas, 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, dos policías y seis civiles hatianos, algunos de ellos con doble nacionalidad estadounidense, y al menos 10 sospechosos están prófugos. Martine Moïse, la primera dama, que fue encontrada herida y trasladada a Estados Unidos donde se encuentra en paradero desconocido, dijo al The New York Times que se pregunta qué pasó en esos momentos con el equipo de 30 a 50 agentes encargados de la seguridad del presidente. “¿Cómo nadie fue alcanzado por las balas?”. Una pregunta retórica, claro.
Es un país sin ley en el que las instituciones estatales no funcionan o no existen. Un país sumido en la anarquía: honras fúnebres entre protestas y gases lacrimógenos, amenazas de muerte a jueces que intervienen en la causa del crimen, violencia desatada en las calles, incertidumbre en torno a las elecciones, un peligroso vacío de poder. Y nadie da la respuesta a la pregunta del millón: ¿quién mandó matar al presidente? Si esto fuera una novela policial y el detective hiciera una lista de quienes ganan con su muerte, se necesitarían varios pizarrones.
