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Una de las charlas del taller sobre la experiencia de Chile en planificación, diseño y evaluación de las políticas públicas que el lunes 3 escucharon funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el anexo de la Torre Ejecutiva dejó la idea de que ese país, puesto muchas veces como modelo, en algunos aspectos no es perfecto.
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Una jerarca del Departamento de Gestión Pública de su Ministerio de Hacienda reseñó con cierta decepción el “popurrí” de incentivos monetarios existentes para los funcionarios públicos chilenos y que hoy representan 7% del gasto total en remuneraciones. “De incentivo no tienen mucho” y lo que logran es, a lo sumo, “movilizar en una dirección” la gestión, a la que comparó con un “transatlántico”.
“La verdad de la milanesa es que no lo hemos hecho muy bien”, ya que, contó, bajo presión de las huelgas, se negociaba uno de esos bonos salariales con los gremios y luego otro, así hasta llegar a una “situación insufrible”. Desde la audiencia, una jerarca de la OPP comentó por lo bajo: “Acá pasamos más de 40 días de huelga”.
La jerarca chilena informó que casi un tercio de la remuneración de los servidores públicos de su país es un componente variable y que prácticamente la totalidad lo cobra, por lo que en los hechos está integrada al salario base. Agregó que lo aconsejable sería que el pago como “incentivo” no supere el 10%.
“La gobernanza está absolutamente capturada por los gremios y los políticos”, afirmó.
También reconoció deficiencias al evaluar el cumplimiento de metas por parte de los organismos y los funcionarios a través de indicadores. Otro integrante de la delegación chilena puso un ejemplo: una institución que hacía análisis clínicos reportaba haber logrado bajar a 10 días la obtención de resultados —el mínimo técnicamente posible—, pero un auditor externo involucrado en el proceso evaluador detectó que ese dato refería solo a dos de los 48 análisis diferentes realizados por el laboratorio. Acotó que algunos organismos públicos “no saben o no tienen una metodología” para “poder ponerle cifra” a cuánto cuestan ciertas políticas, como, por ejemplo, instalar un puesto de vigilancia policial. Otro de los chilenos acotó que ello “refleja la debilidad de cómo se elabora el presupuesto. El presupuesto se elabora en base al costo de los insumos. (…) Tal vez esta sea la razón de fondo” del problema.
Luego, la jerarca del Departamento de Gestión Pública del Ministerio de Hacienda dijo que cuando en los años noventa Chile empezó a aplicar prácticas de evaluación y desempeño de las políticas, se encontraba muy atrasado en ese aspecto. “(Ahora) Estamos en una etapa 2.0. Pero hay que avanzar a otro estamento”, reflexionó.
Un funcionario de la OPP le preguntó por el costo de administración del esquema de bonos que cobran los empleados públicos. Bajó de 38% a comienzos de los 2000 a cerca de 14% ahora, le contestó la jerarca chilena. “Me parece una política carísima”, acotó él; “sí, es cara”, admitió ella.
El subdirector de la OPP, Santiago Soto, que asistió a parte del taller, dijo en declaraciones publicadas por Presidencia de la República que Uruguay “ha potenciado” los compromisos de gestión dentro del Estado que apuntan a “generar incentivos” para mejorar la eficiencia del gasto. Resaltó que actualmente hay “decenas de esfuerzos” en materia de evaluación y monitoreo.
