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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es uno de los organismos del Estado donde hay mayor conflictividad entre trabajadores y autoridades. Ambos tienen diferencias por la reestructura que se está llevando adelante y las discrepancias arrancan con conceptos básicos. Para los trabajadores, la nueva administración está echando personas, mientras que para las autoridades se trata de la no renovación de contratos que tenían fecha de culminación.
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El sindicato del ministerio (Utmides) denunció que en el marco de esos contratos que no fueron renovados se afectó a dos mujeres embarazadas, una de ellas parte de la dirección del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Sin embargo, un informe jurídico de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) amparó la decisión de la administración al sostener que la “situación subjetiva” de estas personas no afecta la decisión de renovar o no el contrato de trabajo.
Al participar el miércoles 2 en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, una delegación de Utmides denunció los problemas que vienen enfrentando desde hace años en relación al funcionamiento del ministerio.
“El Mides tiene un problema endémico de diseño institucional”, dijo Lucía La Buonora. Es que un tercio de sus funcionarios tiene “contratos precarios”, que se pagan a través de préstamos internacionales o con fondos del Estado. En último caso, la ley sobre el Estatuto del Funcionario Público en la Administración Central habilita la celebración de un contrato de trabajo para desempeñar tareas transitorias, excepcionales, a término o tareas permanentes específicas “cuyo aumento de volumen transitorio no pueda ser afrontado por los funcionarios presupuestados”.
De las 1.800 personas que emplea el Mides, unas 700 trabajan bajo la modalidad de contratos que tienen una fecha de término.
El sindicato afirmó que hay 17 personas que se quedaron sin trabajo en el último tiempo. “Venimos a reclamar que, en su momento, el Estado, las administraciones anteriores, utilizaron estas modalidades contractuales de forma equivocada para contratar a compañeras y compañeros que realizan tareas permanentes y propias de un funcionario público”, dijo a los legisladores el dirigente Carlos Moreira.
Entre las situaciones denunciadas figura la de una trabajadora social que se desempeñaba en Inmujeres en Lavalleja y se le comunicó que su contrato no sería renovado. La mujer está embarazada, dijo Buonora, y valoró que “rompe los ojos por el simbolismo político que tiene”.
En Fray Bentos hay otro caso de una mujer embarazada a la que no se le renovó su contrato.
En Bella Unión, en tanto, no se le renovó el contrato a una de las referentes del sindicato en la ciudad. “La catalogan como la sindicalista por ser la única compañera que acompañaba las movilizaciones y hacía los paros”, señaló Moreira.
El director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, consultó a la ONSC sobre estas situaciones. En el informe, del 4 de noviembre pasado, esa oficina sostiene que “el contrato de trabajo tiene un plazo determinado por ley, que de no existir razones fundadas de servicio no corresponde su renovación, no teniendo ninguna injerencia las situaciones subjetivas de las funcionarias para una eventual renovación”.
“Las funcionarias tenían conocimiento de que su contrato tenía una fecha de finalización, y que la renovación del mismo es una potestad de la administración y no un derecho consagrado de los contratados”, agrega.
Además, el 26 de noviembre el Juzgado de Trabajo de 20º turno no hizo lugar a la acción realizada por una trabajadora de Artigas, Utmides y Cofe para que fuera reincorporada en sus funciones. La “situación jurídica” de la trabajadora “no habilita considerar la posibilidad de la reinstalación solicitada, porque su situación funcional no le otorgó la prerrogativa de permanecer en su cargo de forma indefinida, ni se encontraba, al momento de la notificación recibida, dentro del plazo contractual”, dice la sentencia de la jueza Karina Martínez.
“Nostalgia”
Los trabajadores expresaron su preocupación en el Parlamento porque a la fecha hay unos 50 trabajadores contratados que aún no cobraron su salario. Las autoridades aseguran que están en vía de solucionarlo.
“La administración se excusa en una respuesta burocrática. Nos dicen que lleva tiempo que los expedientes de renovación pasen por las distintas reparticiones del Estado; antes, llevaba dos meses, ahora, por la pandemia lleva tres y no llegan a tiempo. Yo creo que esto tiene que ver con saber gobernar. Nos parece que acá hay una omisión importante del director general de Secretaría y de la directora de Recursos Humanos, que si no saben renovar contratos y pagar sueldos no sé para qué están”, criticó Moreira.
Los dichos del dirigente motivaron una intervención del diputado blanco Pedro Jisdonian: “Puedo comprender la nostalgia que puedan tener de otras administraciones, pero hablar acá de no saber gobernar me parece totalmente fuera de lugar”.
Afirmó también que no hay “ningún despido” y que se trata de la finalización de contratos. “A todo el mundo le pasa lo mismo. Los diputados cuando accedimos a este trabajo sabíamos que se terminaba en una fecha; puede haber alguna posibilidad de renovar o no, eso dependerá de las circunstancias”, agregó.
Durante la sesión, los trabajadores advirtieron sobre lo que observan como un “desmantelamiento” de algunos programas debido a que no se renovaron contratos de trabajadores.
Martinelli dijo a Búsqueda que ese es un “argumento vacío”. “Supongo que no esperan que sigamos haciendo lo mismo que venía haciendo el Frente Amplio. Cambios vamos a hacer, entre otras cosas porque para eso la ciudadanía nos votó. El sindicato debe tener claro su rol, que no es el de cogobernar”, afirmó.
El jerarca dijo que finalizaron la primera etapa del proceso de reestructura, que consistió en un relevamiento sobre 260 funcionarios para “saber las tareas que realizan”. La siguiente etapa será la descripción de tareas, perfiles y roles que permitirá, entre otras cosas, trabajar sobre la escala salarial, según comentó.
