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Programa de canastas ideado por Mides para enfrentar la pandemia es un ejemplo de “ignorancia” y “mala praxis”
Según el exdirector del Ministerio Juan Pablo Labat, Bartol “falta a la verdad” y el Partido Nacional da “manija contra los pobres y contra las políticas sociales” para “justificar” el recorte de los programas
Hay un tema con el que el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, comenzó a insistir en las últimas semanas: es necesario crear un “pacto de confianza” entre la sociedad y el ministerio para asegurar que los recursos lleguen, efectivamente, a las personas más vulnerables. En el Frente Amplio, sin embargo, ven con desconfianza este planteo. Consideran que hay una “manija contra los pobres y las políticas sociales” y que incluso existe una “mala praxis” en los controles de algunos de los nuevos programas impulsados por la actual administración para enfrentar el impacto del Covid-19.
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El gobierno quiere ajustar los controles que se realizan a los hogares que reciben prestaciones estatales a fin de evitar que se adjudiquen a quienes “no las necesitan”.
Hoy se entregan mes a mes 87.000 Tarjetas Uruguay Social (TUS), una prestación mensual que va entre los $ 1.200 y $ 6.400, según la composición del hogar y si hay niños y adolescentes que estudien. Además, hay 375.000 beneficiarios de la Asignación Familiar Plan de Equidad ($ 1.757) y, en el marco de la pandemia, se dispuso una canasta de alimentos de emergencia para quienes no tienen trabajo formal o no reciben ninguna prestación del Estado, a la que se puede acceder mediante una app.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a fines de setiembre se registraron 300.000 personas que están en el “sector informal” y que necesitan contar con un apoyo alimentario. Desde marzo hasta principios de octubre se habían tramitado 1.106.000 cupones para esta canasta.
Juan Pablo Labat, exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, que hoy asesora a la bancada del Frente Amplio, dijo a Búsqueda que Bartol tiene una visión equivocada, que realiza “interpretaciones tendenciosas” y hasta “falta a la verdad”.
Según Labat, en todos los programas de transferencias del mundo hay hogares que cobran dinero que no les corresponde: “Está más que probado que en los programas que trabajan con hogares pobres o extremadamente pobres quienes dejan de ser elegibles no cambian su condición social en forma consistente y permanente por cruzar la línea que los hace elegibles y muy posiblemente vuelven a ella en cualquier momento. Probablemente, muchos de los hogares que han estado vinculados a los sistemas de transferencias y que siguen cumpliendo las condiciones para ser parte hoy en día, si los hubiéramos visitado el año pasado o el anterior, no lo cumplían, y quizás los que hoy no la cumplen la cumplan el mes que viene”, afirmó.
Para el exdirector del Mides, el Partido Nacional da “manija contra los pobres y contra las políticas sociales” para “justificar un recorte de los programas de transferencias, que es lo que está proyectado”.
Labat cuestionó la forma en que se trabajó con las canastas para el sector informal. “Es un ejemplo de ignorancia y mala praxis”, opinó. Ese programa “adolece de registros de la condición socioeconómica de las familias a las que llega la prestación y ello es indiscutible, pero además es intolerable para nuestro estado de desarrollo técnico”. Si el Frente amplio se hubiera manejado “con esta desprolijidad” se habrían producido varios “escandaletes parlamentarios”, dijo.
El experto reclamó una evaluación externa del programa para saber cómo “se dejó de lado a buena parte de la población más necesitada, tanto por su diseño como por el uso de la famosa app”, que permitió entregar un millón de canastas, pero que no se sabe “aún cuánto entregó a cada sector social y a cuántos dejó por el camino”.
Labat dijo que han sido “miles” las llamadas perdidas en el call center y que también fueron miles las personas que no pudieron descargar la aplicación o hacer operativos los códigos para acceder a las canastas.
Según el exdirector, Bartol faltó a la verdad cuando solo mencionó que tenía 16.000 visitas pendientes a hogares que reciben transferencias del ministerio. Esa cifra corresponde a la fecha en que asumió el nuevo gobierno, aseguró, y esos pendientes crecen a razón de 2.000 solicitudes por mes.
Labat también criticó el plan de la actual administración de hacer un estudio masivo sobre la población que recibe transferencias para mejorar los controles, así como la idea de instalar un nuevo sistema de registro de información basado en declaraciones juradas. Opinó que es un “sinfín de eufemismos” que no harán otra cosa que “prescindir de las visitas sistemáticas a los hogares que ya se les fueron de las manos antes de arrancar y de paso también prescindir de los trabajadores que hacen las visitas, mientras el subsecretario coloca tres cargos políticos por departamento para gestionar la atención de la población”.
Pablo Bartol. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Ministerio de Asistencialismo.
Labat integra el colectivo frenteamplista +Igualdad, que el domingo 15 realizó una charla virtual donde se analizaron las políticas sociales del gobierno. Allí, Carlos Moreira, dirigente del Sindicato del Mides, dijo que el ministerio está “cambiando”. Está “dejando de ser el Ministerio de Desarrollo Social y convirtiéndose en el Ministerio de Asistencialismo Social”, afirmó.
Moreira sostuvo que en 2020 las prioridades fueron “duplicar” las TUS, entregar canastas y “amontonar personas” para que no duerman en la calle. “No estamos construyendo políticas para darle oportunidades a la gente y una inclusión social verdadera, y las estamos asistiendo, con la excusa de que en la pandemia se hace eso, y el objetivo del gobierno es que el Mides sea solo un Ministerio del Asistencialismo”.