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No hubo concierto previo; Aduana como la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en sus competencias, trabajando como todos los días.
Solo estaban en conocimiento de una práctica gravísima y en crecimiento: el contrabando de exportación de baterías de plomo ácido usadas con destino Brasil vía la frontera Rivera–Santana do Livramento (operadores informales las compran en todo Uruguay, las cargan en un camión y cruzan la frontera, vendiéndolas con una pingüe ganancia...).
Advertida de la situación, Aduana detiene un camión uruguayo cargado de baterías usadas y metales no ferrosos de los cuales no pudo probar su origen ni tampoco autorización ambiental alguna, siquiera para el transporte del mismo.
Consultada, Dinama apoyó el proceso con toda la información disponible, advirtiendo la condición de residuo peligroso a la vez que enumerando aquellas empresas con autorización ambiental especial para la gestión del residuo tóxico.
Intervino la Fiscalía de Rivera y en poco más de 72 horas hábiles se produjo el desapoderamiento de los residuos y se los trasladó a buen resguardo a través de un gestor ambiental debidamente autorizado.
Un procedimiento ajustado a las normas y a las responsabilidades funcionales no debería ser motivo de noticia: se trató del cumplimiento de obligaciones impuestas por normas vigentes. Sin embargo, merece destaque por cuanto la actuación tuvo detrás personas, jerarcas, que en el ámbito de sus competencias coordinaron y se apoyaron con el objetivo de cuidar el medio ambiente y combatir una repetida práctica.
Tuve el honor de participar en el procedimiento, aunque del lado privado, y doy testimonio del intercambio de llamados y correos electrónicos febriles y hasta horas inusuales en el ámbito público.
Uruguay prohíbe la gestión de baterías en desuso, salvo por los operadores autorizados (proceso que requiere instalaciones y capacitación debidamente controladas; el número actual de operadores es menor a 10), pero la fiscalización es débil: la voluntad existe y se muestra, aunque deberán mejorarse la normativa y los medios materiales.
Menos puede Uruguay tolerar la práctica de contrabando de exportación porque encubre otras prácticas riesgosas, todas guiadas por un lucro indebido, nacido de la informalidad y de un Brasil que prohíbe su ingreso pero en la realidad las recibe uno y otro día también.
Las baterías de plomo ácido, finalmente, son un residuo peligroso (la contaminación con plomo tiene efectos devastadores). La responsabilidad extendida a los generadores, en este caso importadores y fabricantes, debe aplicarse con el rigor que impone el cuidado de la salud (mandato constitucional), exigiéndose la contrapartida de recuperación de la batería usada para autorizarse la importación de una nueva: la trazabilidad es posible, el cuidado del medio ambiente también, la determinación de las autoridades es imprescindible, como lo fue en este caso, ejemplarizante, justificando este reconocimiento.
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