Un promedio de 145 empresas al año consiguieron extender el “seguro de paro” al personal, varias grandes y la mayoría S.A.

Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), el año pasado les fue prorrogado el subsidio por desempleo —más allá de los seis meses previstos en el régimen general— a 5.700 trabajadores, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo o a partir de leyes votadas en el Parlamento. En promedio, desde 2015 este beneficio abarcó a casi 5.900 empleados por año.

La armadora de autos Chery, que en 2015 anunció el cierre total para luego reabrir algunas de sus líneas de producción, le sigue en el ranking. En 2015 consiguió extender el “seguro de paro” para 269 de sus más de 300 empleados, y logró otra renovación en 2016.

También algunas grandes constructoras aparecen entre las beneficiadas. Entre ellas figura Saceem, que compitió por la construcción del tren para el transporte de la mercadería de la eventual UPM 2 y fue concesionaria de varias licitaciones del Estado, como la renovación del aeropuerto de Carrasco, la ampliación del muelle de Juan Lacaze o el puente de la Laguna Garzón. Esa firma envió a unos 250 trabajadores al “seguro de paro”, beneficio que le fue extendido en 2016 y otra vez en mayo pasado para 84 empleados.

Asimismo, Ebital, que entre otras grandes obras construyó las Torres Nuevocentro, pidió prórroga de la prestación para 107 de sus empleados.

La constructora Calpusa, que con adeudos por US$ 12 millones entró en concurso de acreedores en 2015, logró ese año y el siguiente extender el subsidio de desempleo para sus empleados.

No es la única del listado que entró en concurso: otras ampliaciones de plazo fueron aprobadas para la pesquera Fripur (que cerró en 2015), la Cooperativa Bancaria, la firma de envíos Tiempost y la compañía de ómnibus Raincoop. Otras son del rubro industrial como Fama (textil), Jaspe (artículos de limpieza) y Laja (fábrica de plásticos). También figuran Fanapel (que solicitó la extensión en 2016 y 2018) y la exaerolínea Pluna (con prórrogas del subsidio en 2015 y 2016). 

Sociedades anónimas

Los datos muestran que la mayoría de las empresas que acceden a la prórroga del seguro son S.A. En 2015, el 67% correspondieron a esa figura jurídica y 20% a sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L. o Ltda.). Los números de 2016 apenas variaron: 68% y 25%.

En ambos años menos del 10% restante fueron cooperativas, como la curtiembre El Águila, la ex-Paylana, la productora de cerámicas Olmos (ex Metzen & Sena) o la cooperativa agraria Nuevo Berlín. Todas obtuvieron prórrogas en 2015 y 2016. El Águila y Paylana fueron las que más trabajadores englobaron: 170 y 147 respectivamente. 

De los listados solicitados por Lafluf surge que al menos 75 de las empresas a las que se les aprobó la extensión en 2015 volvieron a solicitarla —y obtenerla—durante 2016. Además, los datos obtenidos por Búsqueda muestran que en 2015 la prestación abarcó a un total de 127 empresas y 3.033 trabajadores. En el año siguiente ese número ascendió a 166 compañías y 8.822 personas, para luego decrecer en 2017 a 143 firmas con 5.725 empleados.

La ley fija un máximo de seis meses de vigencia para los subsidios por desempleo —que comienza con 66% del sueldo y va disminuyendo— para quienes demuestren despido o trabajo reducido, y cuatro meses para situaciones de suspensión total. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede extender el subsidio “por razones de interés general y por un plazo no mayor a un año”. Por encima de ese lapso, es el Parlamento el que debe decidir.

Según informó recientemente el diario El País, desde 2005 hasta el primer semestre de este año los legisladores votaron al menos 65 normas con ese fin. En estos casos se prorroga el cobro del equivalente al 50% del salario y se mantiene el complemento previsto para quienes tengan familiares a cargo. 

En 2015 la mayoría de las firmas que accedieron a la extensión del subsidio pertenecían al rubro industria y comercio. La ex-Urupanel y la constructora Saceem fueron las que lograron prorrogarlo para la mayor cantidad de trabajadores en cada uno de esos rubros: 276 y 168, respectivamente. La falta de información desglosada para los años posteriores impide conocer cuáles fueron las empresas que más trabajadores enviaron al seguro.

“Empleados públicos”

Algunos legisladores consideran que existe un abuso de estas extensiones por parte del Ejecutivo. Ese fue el tema de debate durante la sesión de Diputados del 18 de octubre pasado, cuando se aprobaron prórrogas para la empresa Loryser S.A. y para la Cooperativa de Trabajadores de Cerámicos Olmos. En ambos casos, la extensión al “seguro de paro” fue hasta el 31 de diciembre de 2019.

Durante la sesión, legisladores opositores se mostraron contrarios a seguir votando aplazamientos.

El colorado Walter Verri consideró que el Poder Ejecutivo “está abusando” de la herramienta, mientras que el blanco Edmundo Roselli criticó que, en algunos casos, se aprueban para empresas ya cerradas. Ese diputado dijo que la “industria más grande del Frente Amplio es la de los seguros de paro”.

Lafluf coincidió en que no se deben seguir votando extensiones sin antes discutir el alcance de la medida. En diálogo con Búsqueda, el legislador opinó que parece existir un “programa de gestión de calidad del seguro de paro” y señaló que “el país no se puede dar el lujo de pagar US$ 200 millones” al año en subsidios, haciendo alusión al costo total de las prestaciones por despidos (incluyendo las causales regulares sin extensión) correspondientes a 2015. 

“La empresa entra en problemas, vienen los trabajadores, entran en conflicto, viene la empresa y los trabajadores al Parlamento, van al Ministerio de Trabajo, el ministerio les dice ‘hagan un proyecto”, vuelven, el proyecto no sale, la empresa cierra, los trabajadores al ‘seguro de paro’ y el Inefop les da cursos. Y al tiempo tenemos a los trabajadores preparados pero sin trabajo y la empresa fundida. El ‘seguro de paro’ se ha transformado en algo que cuando entrás, ya se sabe en qué vas a terminar. No es como antes, que era transitorio”, afirmó Lafluf.

La cantidad de trabajadores cobrando el “seguro de paro” —normales y prorrogados— ronda los 30.000 por mes.

El tema también preocupa al sector empresarial y su representación en el BPS, encabezada por Elvira Domínguez. Con el régimen actual, “a la postre se transforman en empleados públicos”, dijo al intervenir en una charla sobre productividad el 22 de octubre (Búsqueda Nº 1.992).

Tal y como está, la normativa genera “problemas de equidad” porque existen empresas “con más posibilidad que otras de sortear problemas de gestión, funcionamiento o zafralidad”, afirmó la directora, consultada por Búsqueda. “Hay firmas que logran sensibilizar al Ministerio de Trabajo y también a los legisladores. Pero muchos pequeños o microempresarios no tienen la posibilidad de llegar a exponer su problemática”, agregó.

La jerarca entiende que se debería ampliar de cuatro a seis meses la causal de despido por suspensión, lo que contribuiría a reducir el número de empresas que piden prorrogar los subsidios.

Por otro lado, considera que el instituto previsional debe ser convocado cuando el Parlamento analice leyes de este tipo. “Lo que molesta es que el legislador no consulte al BPS. Son proyectos que suelen aprobarse por unanimidad y uno se pregunta si fueron efectivamente estudiados o se trató de un mero trámite administrativo. Hoy el BPS es el último en enterarse. Además, se ha concedido para casos de empresas que luego quebraron. Hay que evaluar qué pasó (con las prórrogas), si sirvieron o significaron solo estirar una agonía”, declaró.